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y saber de la muerte de 81 personas, a pesar que sea en una cárcel, porque antes que delincuentes también son personas, aunque a muchos no les importe. Sin embargo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la realidad carcelaria de Chile, el país donde nací y donde en mis años como periodista me tocó conocer la realidad penitenciaria.
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La cárcel de San Miguel, comuna populosa del Gran Santiago, es una de las más conocidas y con mayor hacinamiento en Chile. Sin embargo, el 90 por ciento de los penales en el vecino país están en las mismas condiciones.
Pero si las autoridades chilenas dicen que les sorprende que esto haya sucedido, simplemente mienten. Todos saben que cualquier emergencia incendiaria, o motín, dejaría víctimas fatales en números considerables, porque en penales muy antiguos y sobre poblados, no existe medida de evacuación o plan de contingencia que funcione. Si mañana pasa lo mismo en otros lugares de Chile, la cantidad de víctimas será similar o más.
Recintos penitenciarios
En mi experiencia profesional me tocó conocer la realidad de la cárcel de Antofagasta en el extremo norte de Chile, una de las más antiguas y hacinadas. Al interior los estrechos pasillos y numerosas rejas que impiden un movimiento mayor a 10 metros, hacen imposible cualquier escapatoria. Sin ser experto, un incendio mata por lo menos una decena de personas antes que Gendarmería (la policía carcelaria en Chile) tuviese alguna opción de reaccionar.
Las cifras lo dicen todo, la cárcel de Antofagasta fue construida para 400 presos y hoy tiene más de 1.200. La ex penitenciaría de Santiago con una capacidad de 3.170 presos hoy suma más de 6.600. La realidad chilena no es diferente al resto de Latinoamérica y cada día es peor.
Tal era la conciencia en el gobierno que, durante el gobierno de Eduardo Frei y con Ricardo Lagos -quien luego sería presidente- como Ministro de Obras Públicas, se diseño el plan para concesionar las cárceles y entregarlas a privados para su construcción y operación. El proyecto se puso en marcha bajo el gobierno del mismo Lagos, en el año 2000, pero aunque usted no lo crea, aún existen cárceles que fueron parte de la primera etapa del proyecto y no se han terminado.
La promesa eran mejores condiciones, celdas individuales y un control de alta seguridad que permitiera la rehabilitación y reinserción de los delincuentes, cortando el círculo vicioso de la delincuencia.
La idea era tener un sistema líder en el cono sur y con los mejores estándares mundiales. Pero en ningún momento contaron con la acción de los funcionarios más corruptos de los últimos años en el vecino país. Es que el Ministerio de Obras Públicas, especialmente durante el gobierno de Lagos, fue la piedra en el zapato de la Concertación durante sus 20 años en el poder.
Los casos
Las cárceles de Antofagasta y de Concepción, dos de los "nuevos modelitos" que presentaría Chile, iniciaron su construcción en 2003, después de un largo proceso de concesión. Sin embargo, al día de hoy aún no están terminadas. ¿Por qué? Muy simple, por malos manejos y dudosos contratos entregados a familiares y amigos.
El recinto penitenciario del norte chileno fue mal calculado y la empresa concesionaria reclamó más recursos para poder terminar, lo que generó un debate y numerosos juicios entre autoridades y constructora. En resumen, se paralizó la obra por más tres años hasta que el gobierno pagó millonarias cifras para recuperar la obra y volver a concesionarla hasta hoy, que aún no está terminada.
Un detalle importante, Chile pagó dos veces el precio del proyecto original. O sea, pagó dos cárceles y aún no tiene ninguna en Antofagasta. Lo mismo pasó en Concepción, sur de Chile, donde la constructora era la misma empresa, por mencionar dos ejemplos concretos.
El caso dejó a decenas de pequeñas empresas quebradas y miles de trabajadores impagos. Todos apuntaron a Obras Públicas, donde paralelamente se conoció un caso de corrupción por sobresueldos y asesorías extrañas denominado "MOP-GATE".
Aunque nadie lo mencionó abiertamente, el caso de las cárceles también fue un foco de corrupción en el gobierno chileno, porque a todos lo mencionado, se sumo que muchas obras de otros recintos penitenciarios terminados y entregados, estaba mal hechas y con menor calidad a la pedida. Pese a ello fueron recepcionadas y pagadas por el Estado.
Las cárceles chilenas fueron un fiasco del gobierno de Ricardo Lagos y de toda la Concertación, pero nunca hubo culpables, algo que en Chile se hace costumbre. El sistema sigue en malas condiciones, se han gastado millones de dólares y el sistema que sería el mejor de Latinoamérica, hoy cobró 81 víctimas.
Ni Lagos, ni su ministro de Justicia José Antonio Gómez (quien paradójicamente hoy es Senador por Antofagasta, la misma zona que sufre por el hacinamiento en su cárcel), ni los titulares de Obras Públicas tuvieron que responder por perder fondos y por entregar contratos a familiares.
Si eso no es corrupción, que alguien me explique qué es. El gobierno de Bachelet se lavó las manos y no hizo pagar a nadie por lo sucedido. ¿Se investigó por qué las cárceles concesionadas terminadas y las no terminadas que presentaron tantos problemas y costaron tanto dinero al estado? ¿Hubo culpables por el caso? ¿Se pagó a las pequeñas empresas que llevan años luchando por el dinero que las tiene en la quiebras? Para todas las preguntas, la respuesta es no.
Otro detallito no menor. La cárcel mencionada, la nueva de Antofagasta, está diseñada para 1.160 presos, en una población penal que hoy tiene más de 1200 y que cada año suma más de 100. ¿Servirá cuando la terminen?
Mientras el nuevo y moderno sistema carcelario aún no es real, los funcionarios de Gendarmería de Chile viven con problemas. Ganan sueldos miserables y están tan presos como los mismos delincuentes por los turnos excesivos que les toca cubrir.
Ahora los culpan a ellos, pero porque no se va al fondo del asunto. No trabajan en las condiciones adecuadas, no tienen implementos y además tienen bajos sueldos, así quién funciona de buena manera, no lo sé. Quizás fue un error puntual no dejar entrar a bomberos, pero el fondo del asunto es la autoridad y sus constantes negligencias.
De no existir los funcionarios corruptos, ni el beneficio a los amigos o familiares, quizás el sistema que se ideó habría funcionado. Pero los que dicen que estas muertes son casualidad o negligencia, simplemente mienten, porque la corrupción que se esconde en muchos aparatos estatales de Chile, los mató.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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