Convención contra desapariciones, a punto de regir en Colombia
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas quedó a punto de entrar en vigencia el martes, cuando el Congreso de Colombia aprobó su ratificación.
Una vez la norma aprobatoria de esa convención sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos, tenga el visto bueno de la Corte Constitucional de Colombia y se produzca el depósito de los instrumentos en Naciones Unidas, la convención podrá ser aplicada.
En Colombia los analistas dan por descontado que la firma del mandatario y la revisión de la Corte Constitucional se darán relativamente pronto.
La Convención, cuyo texto fue adoptado en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, exige que 20 Estados la ratifiquen para que comience a regir.
Hasta el momento, 19 países han ratificado el documento: Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazakstán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay.
Nuevos derechos humanos
La gran novedad de la nueva convención es que consagra tres nuevos derechos humanos que estaban contenidos en la jurisprudencia sobre la materia, pero no habían sido incluidos en tratados internacionales.
"Se trata de los derechos a no ser desaparecido, a la verdad y a la reparación de las víctimas", le explica a BBC Mundo el abogado franco-colombiano Federico Andreu Guzmán, quien redactó el primer borrador del documento.
El congresista Iván Cepeda, quien fue el abanderado de la convención en la Cámara de Representantes de Colombia, le dijo a BBC Mundo que la aprobación del tratado "es una victoria del movimiento de derechos humanos y de las víctimas de desaparición forzada, que por más de tres décadas han insistido en que exista un instrumento internacional que reprima ese crimen".
La desaparición forzada ocurre actualmente en 70 países del mundo, entre ellos Colombia, donde se estima que hay al menos 30.000 personas en esa situación a manos de agentes estatales, grupos paramilitares de derecha y organizaciones guerrilleras de izquierda.
Contenido de la convención
Andreu explicó que esta convención va más allá de otra contra la desaparición forzada aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La nueva convención establece cuándo es un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada, establece qué es un delito que no prescribe y prohíbe las amnistías y los indultos a sus perpetradores", dijo el experto.
Además, introduce la competencia de los tribunales internacionales para juzgar la desaparición forzada y protege de manera especial a los hijos de las personas desaparecidas que les han sido quitados a sus padres.
Andreu destacó que la convención tiene una cláusula de cooperación que obliga a las partes a combatir la desaparición forzada transfronteriza, para evitar que sucedan casos como el llamado Plan Cóndor, la operación coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur para secuestrar y asesinar a opositores políticos en las décadas de los años 70 y 80.
En materia de prevención, el nuevo tratado obliga a los Estados a tener un registro único de arrestados, prohíbe expresamente las detenciones secretas y establece que el "hábeas corpus" tiene un carácter inderogable.
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Rodrigo González Fernández
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