NUEVO:La Iniciativa Mérida y la soberanía mexicana: ¿Es el narcotráfico un problema transnacional?
18 de Octubre del 2010 | 0Número 22/octubre-diciembre 2010
Dr. Norberto Emmerich
Se estima que ingresan a Estados Unidos un promedio de 275 toneladas de cocaína al año y que solo 36 toneladas son capturadas en México [GAO, 2007].
En México el presidente Calderón desplegó cuarenta mil soldados militares y cinco mil policías federales en once estados a partir de 2006 cuando declaró la guerra contra el crimen organizado, convirtiendo a muchas partes del país "en una verdadera zona de guerra" [Bricker, 2008: 3].
El presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa dice que el aumento de la violencia y muertos vale la pena, que demuestra que la estrategia militar está funcionando bien. Sin embargo los índices de interdicción de las drogas que entran a EEUU por México han sido constantes en un 10%.
Benítez Manaut sostiene que la amenaza que el narcotráfico representa es de carácter trasnacional e implica una afrenta a la soberanía. Por lo tanto no puede combatirse adecuadamente recurriendo a un "concepto añejo de soberanía" [citado en Insyde 2008].
Corroborando lo anterior Macouzet dice que "las diferentes escuelas están de acuerdo en que las cuestiones de seguridad son especialmente difíciles para la cooperación, pues atañen directamente y de manera evidente al ámbito de la soberanía" [citado en Insyde 2008]. Según esto "no podemos obviar que el fenómeno es trasnacional; es decir que está fuera de la capacidad del Estado mexicano resolverlo por medio de sus propias acciones" [Insyde 2008].
Jóvenes mexicanos construyen una escultura para el desarme.Ciudad de México. UN Photo/Evan Schneider
Carlos Rico lo dice con mayor claridad: "todas ellas comparten, sin embargo, una característica central: la naturaleza trasnacional de los desafíos que plantean y el hecho de que su verdadera 'solución' se encuentra en consecuencia más allá el alcance de nuestras propias acciones, sin importar qué tan decididas y firmes sean éstas" [Rico, 2008: 5]. Por lo tanto, "el espacio de la cooperación internacional contra el crimen organizado no sólo es amplio sino también necesario y prácticamente inevitable. Así lo determina el carácter trasnacional del desafío" [Rico, 2008: 7].
Son apreciaciones frecuentes y comunes en los especialistas sobre crimen organizado, seguridad y narcotráfico. Y todas ellas avalan algún tipo de intervención militar y/o extranjera. Y todas ellas fracasan, primero en la teoría, luego en la práctica.
En un comienzo… la globalización
Las construcciones de la historia también se constituyen discursivamente y las interpretaciones de la globalización son otras posibles lecturas alternativas de la historia. Diferentes versiones sobre la globalización tienen diferentes implicanciones para la constitución de las subjetividades. Muchos entienden que la globalización es un proceso que supera al Estado como marco de referencia política. En palabras de Kenichi Ohmae, vivimos en un mundo sin fronteras, en el que el Estado nación se ha convertido en una "ficción" [Ohmae, 1997: 16] y los políticos han perdido todo poder efectivo.
La creciente internacionalización de las relaciones económicas desliga al capital de las ataduras de los poderes políticos nacionales. El poder económico se considera autosuficiente, extendiendo la deslegitimación de lo público. La globalización sostiene que las formaciones y relaciones de clase ocurren ahora dentro de un espacio trasnacional que está separado del sitio nacional.
El argumento de esta "ortodoxia de la globalización" es que el espacio de la autonomía del Estado está reducido por la globalización económica, que ha perdido la capacidad de iniciar acciones y sólo se limita a re-accionar frente fuerzas económicas mundiales. Robert Cox concuerda en que existe "un nuevo orden mundial que determina y transforma las estructuras del Estado… y que lo obliga a ajustar sus políticas económicas a la dinámica de la economía mundial" [citado por Flores Olea, 2000: 151].
El mismo argumento (invertido) utilizan quienes demandan el retorno a la vieja centralidad estatal exigiendo que el Estado recupere su capacidad de dictar reglas al capital y recupere el control sobre el sitio nacional, ya que las exigencias de reducción de los estados y de abandono de los sectores públicos de la economía, de eliminación de cualquier obstáculo a las inversiones y a los flujos de capital, "son prescripciones de los Estados centrales a los Estados periféricos como mecanismos idóneos para favorecer sus propias inversiones" [Flores Olea, 2000: 148].
En realidad el Estado de los países centrales está lejos de reducirse, más bien se ha incrementado, y tal cosa ocurre en los propios Estados Unidos y en los países de la OCDE [Flores Olea, 2000: 149]. Las tremendas presiones de las tendencias globalizadoras de nuestros días se han impuesto sobre las "viejas" instituciones políticas y jurídicas. Estas tendencias vulneran la integridad de los Estados nacionales, las categorías de soberanía y representación, así como los sistemas jurídicos nacionales [Flores Olea, 2000: 150]. La función del Estado sigue siendo básica en las decisiones políticas fundamentales. La cuestión de la limitación de la soberanía es relativa y está circunscrita a ciertas esferas que no suprimen las "marcas" fundamentales de la propia soberanía [Flores Olea, 2000: 151].
McGrew plantea el desafío de la siguiente manera: "si el Estado soberano ya no se concibe como algo indivisible sino como algo compartido con agencias internacionales; si los Estados ya no tienen control sobre sus propios territorios; y si las fronteras territoriales y políticas son cada vez más difusas y permeables, los principios fundamentales de la democracia liberal, es decir, el autogobierno, el demos, el consenso, la representación y la soberanía popular se vuelven problemáticos" [McGrew, 1997: 12].
En realidad la globalización no es un proceso (salvador o amenazante) externo al Estado, sino que es el resultado histórico de un particular orden social. En un contexto donde el sitio nacional asiste a un constante choque de fuerzas, el equilibrio dinámico que consagra a una coalición dominante por un lapso de tiempo implica el predominio de un determinado orden social, con un programa político y un paradigma ideológico que definirá el contenido y guiará las formas de ese Estado durante una etapa histórica. Los actores denominados trasnacionales son parte del escenario político y económico nacional, no están situados "fuera" del sitio nacional.
La globalización conlleva la amenaza de romper con los lazos de identidad territorial, traspasándolos a un mundo corporativo. En realidad lo que la globalización genera es una dialéctica de la identidad: cuanto mayor es el peligro de una alienación total, mayor es la tendencia de las personas a reforzar la dimensión (territorial) local.
La ortodoxia de la globalización ha declarado con apresuramiento la "muerte del territorio" provocada por la globalización cuando en realidad se observa una revalorización tanto del territorio como de la geografía [Boisier, 2003: 5].
El carácter trasnacional del crimen organizado y del narcotráfico
Se dice que los gobiernos latinoamericanos no tienen instrumentos eficaces para enfrentar el crimen organizado, que aprovecha las diferencias entre los distintos sistemas judiciales y los vacíos e inconsistencias legales que eso produce.
Y se repiten las afirmaciones de que "en algunos países el nivel de penetración de las estructuras del gobierno por el crimen llega a niveles que se acercan a la definición de Estado fallido" [Benitez Manaut, 2007: 2-3]. El comportamiento altamente performativo del concepto de Estado fallido facilita la penetración de un discurso favorable a la intervención extranjera o la militarización de las relaciones políticas interiores.
Como el crimen organizado viola la soberanía, debilita el Estado y descompone la cohesión social, en México para combatir esta amenaza a la población y al Estado, el gobierno tiene como principal herramienta a los militares para reponer la debilitada autoridad del Estado e imponer la ley [Benitez Manaut, 2007: 3-4]. La Iniciativa Mérida sería entonces un buen instrumento para asistir a las agencias mexicanas de seguridad e inteligencia y también a las Fuerzas Armadas mexicanas. Lógicamente "debería mejorar las capacidades de intercepción de drogas" [Benitez Manaut, 2007: 4].
El fortalecimiento del presupuesto y las atribuciones de las Fuerzas Armadas en un Estado débil amenazado por el crimen organizado es una consecuencia lógica de la Iniciativa Mérida, que busca intervenir en las instituciones que resultan débiles y de riesgo para la seguridad hemisférica. Es decir, en toda el área de seguridad y defensa, entendidas en un sentido amplio, lo que incluye por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El lenguaje como movilizador de recursos políticos
Una vez que se afirma el carácter trasnacional del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular ese carácter "que va más allá del Estado", lo obliga a incorporarse a instancias supranacionales o exteriores para "combatir" al crimen organizado, declarando así su impotencia para lidiar con un fenómeno que "amenaza" la soberanía nacional.
En el uso de la seguridad se puede distinguir una referencia al instrumento del poder político, provisto con la capacidad de convocar a grandes masas poblacionales para hacer efectiva una determinada voluntad de los estamentos que toman las decisiones en el gobierno. Los analistas afirman que la seguridad es una calificación o etiqueta que los gobiernos asignan a determinadas cuestiones y que permiten una acción prioritaria [Orozco, 2006: 32] para la que se movilizan recursos importantes y se reducen los niveles de control e información. El concepto de seguridad nacional es central en este ámbito de significación y comprende la protección del Estado frente a la agresión exterior y frente a movimientos internos que lo puedan poner en peligro.
En este uso performativo del concepto se puede identificar una lógica de presión política, que lo convierte en una fuente de manipulación o de coacción para movilizar voluntades en torno a una determinada filiación política.
Dada la capacidad del lenguaje político de convocar voluntades para movilizar recursos, es factible "securitizar" sectores del espectro internacional y con ello perseguir objetivos como resultado de la manipulación de las elites sobre la población. La securitización consiste en otorgar estatus de asunto de seguridad (o de amenaza a la soberanía) a un problema que se presenta como atentatorio contra la supervivencia de un ente [Orozco, 2006: 33].
Con el proceso de securitización se consigue movilizar a los ciudadanos en torno a la voluntad de los grupos más poderosos. Su efectividad se demuestra por su habilidad en lograr que la audiencia acepte la ruptura de las reglas del juego político. Entonces el tema quedará securitizado y la violación a las normas será legítima a favor de despejar la amenaza [Orozco, 2006: 34].
Las imágenes del enemigo permiten prescindir de la democracia con el consentimiento de la misma democracia, puesto que la modernidad se ha asentado en determinadas formas militares de autolegitimación política: "en consecuencia, milicia, caso de guerra, etc., no son sólo términos geoestratégicos y de política exterior, buscan también una forma de organización de la sociedad en el interior, no militar pero conforme a lo militar. Todas las democracias son democracias mediadas militarmente. El consenso militarista limita el consenso democrático, y a la inversa: la democracia establecida asume la disponibilidad para caso de guerra" [Beck, 2000: 159].
Es que el lenguaje vuelve aceptables las prácticas políticas. Jean Pierre Faye se aleja de una concepción de la historia en que las ideas son tributarias de una triple dicotomía entre los hechos, los acontecimientos y las representaciones que de ellos se hacen los actores o los espectadores. En su análisis se redescubre la energía del lenguaje, aunque el simplismo de los lenguajes de securitización desaliente el estudio del investigador [Faye, 1972].
El aporte de Faye es inquietante: las prácticas totalitarias son posibles por haberlas vuelto aceptables mediante lenguajes aceptables.
¿Cuáles son las elites y cuáles son los intereses? Abelardo Rodríguez dice que desde la perspectiva mexicana el TLC es de carácter eminentemente económico-comercial, pero desde la óptica de Estados Unidos, responde a consideraciones geopolíticas que van más allá (Insyde 2008). Ya desde 1995 se incrementó el acercamiento entre el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno mexicano con miras a abordar la relación binacional desde un concepto más amplio de seguridad [Insyde 2008].
Thomas Shannon, al hacer el pedido de dinero y explicar la Iniciativa Mérida ante la Cámara de Representantes el 14 de noviembre de 2007 expresó: "durante la última década organizaciones de tráfico de drogas y otros grupos delictivos han tratado de socavar e intimidar a las instituciones del gobierno en México y América Central…. debilitando de manera considerable la capacidad de dichos gobiernos para mantener el orden público y ampliar el estado de control" [Bruzzone, 3].
Pero el subsecretario de Estado John Negroponte fue más claro el 22 de abril de 2008: "…. juntos Canadá y México son la fuente más grande de importación de petróleo para Estados Unidos… la relación conlleva enormes beneficios, tales como empleos, seguridad energética y precios más bajos para los ciudadanos… Hoy día la relación de América del norte es indiscutiblemente una plataforma dinámica para nuestro éxito en el mundo a largo plazo, así como una plataforma crítica para confrontar -más rápidamente, de mejor forma y con mayor cooperación- los desafíos del crimen trasnacional y la preparación regional para emergencias que amenazan este éxito". [Bruzzone, 2].
Elsa Bruzzone dice que "era evidente la satisfacción (de Thomas Shannon) por la decisión del gobierno mexicano de emplear a sus fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado" [Bruzzone, 4].
¿Qué significa soberanía hoy?
Nunca la soberanía significó la última autoridad. En los siglos XVI y XVII el poder estatal tenía dificultades en consagrar la soberanía como voluntad del príncipe, que era más compartida y/o contestada que sumisamente aceptada [Krasner, 2001]. Durante un prolongado período histórico el nuevo Estado y la nueva soberanía "eran más pretensiones doctrinales que realidades políticas" [Ramos, 1995: 41]. Y las dificultades eran de dos órdenes: era necesario el "cierre de espacios como principio de estructuración" [Maravall, 1972: 94] y la "separación de lo exterior y lo interior" a través de una frontera [Ramos, 1995: 42]. El cierre de espacios que asegura la soberanía del Estado es liberación frente al poder de otros y unificación interna del propio poder [Bobbio, 1992:71]. Cuando los filósofos Bodin y Hobbes elaboraron por primera vez la noción de soberanía en los siglos XVI y XVII, entendían que ésta estaba relacionada con al establecimiento de la legitimidad en la jerarquía aislada de la autoridad doméstica. Tanto Bodin como Hobbes aceptaron la existencia de la ley divina y natural, ambos (especialmente Hobbes) creían que la palabra del soberano era ley. Los sujetos no tenían derecho a la revuelta. Bodin y Hobbes percibían que imbuir a la soberanía con exagerado poder invitaba a la tiranía, pero estaban de acuerdo con el mantenimiento del orden doméstico, sin el cual pensaban que no podía haber justicia. Ambos escribían en un mundo dividido por luchas sectarias. Bodin fue casi asesinado en las revueltas religiosas de Francia en 1572; Hobbes publicó su trabajo Leviatán, pocos años después de que el Parlamento (compuesto por la emergente y rica clase media británica) ejecutara a Carlos I en una guerra civil que arrancó el control del Estado a la monarquía.
Esta idea de poder supremo fue irrelevante en la práctica. Hacia fines del siglo XVII, la autoridad política en Gran Bretaña se dividió entre el rey y el parlamento. En Estados Unidos, los Padres Fundadores establecieron una estructura constitucional de controles y balances y soberanías múltiples distribuidas entre intereses locales y nacionales que eran inconsistentes con la jerarquía y la supremacía. Los principios de justicia, y especialmente el orden, tan valiosos para Bodin y Hobbes, fueron mejor provistos por los Estados democráticos modernos cuyos principios de organización eran la idea antitética a la idea de soberanía concebida como poder doméstico sin control.
Si la soberanía no significa un orden doméstico con una simple jerarquía de autoridad, ¿qué significa? En el mundo contemporáneo, la soberanía fue ligada primariamente con la idea de que los Estados son autónomos e independientes de cualquier otro. Dentro de sus propios límites, los miembros de una unidad política son libres de elegir su propia forma de gobierno. Un corolario necesario a este reclamo es el principio de no intervención. Un Estado no tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro.
Más recientemente, la soberanía ha llegado a ser asociada con la idea de control sobre los movimientos transfronterizos. Cuando los observadores contemporáneos aseguran que la soberanía del Estado está cerca de morir, no significa que las estructuras constitucionales están por desaparecer. Significa que el poder del Estado ha cambiado su locus, que el cambio tecnológico dificulta el control de los movimientos de cosas materiales (desde café a cocaína) o de cosas no tan materiales (flujos de capital) a través de sus fronteras. Es un cambio en la soberanía, no una disminución de la soberanía.
Dr. Norberto Emmerich
Licenciado en Relaciones Internacionales
Doctor en Ciencia Política
Centro Argentino de Estudios Internacionales - CAEI
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Bibliografía
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Rodrigo González Fernández
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