| (La Tercera) "Si toman esa medida, me parece fantástico. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no es solamente para los familiares, sino para los muchachos, porque son ellos los que están sufriendo". Así se expresó Alberto Segovia, hermano de Darío Segovia, uno de los 33 mineros atrapados en la mina San José, al enterarse de que el Primer Juzgado de Letras de Copiapó decretó la retención de 900 millones de pesos a la Minera San Esteban.
La resolución fue dictada por la magistrada Mirta Lagos Pino, accediendo a la medida precautoria solicitada por el abogado Edgardo Reinoso Lundstedt, en representación de 26 de las 33 familias. La petición se realizó en el marco de una querella presentada el 23 de agosto, en Caldera. El profesional también solicitará que se designe un interventor en la empresa.
La medida precautoria se adopta luego de que los dueños de la mina manifestaran la posibilidad de declararse en quiebra y rige por 30 días. Y da plazo para que los solicitantes presenten las respectivas demandas judiciales. Estas serían una querella por cuasidelito de homicidio frustrado y una demanda por $ 100 millones en favor de cada una de las 20 cónyuges representadas.
El dinero involucrado corresponde a pagos que debía efectuar la Empresa Nacional de Minería (Enami) a la compañía por concepto de producción de mineral.
Alberto Segovia agregó que "me parece pésimo lo que está haciendo la empresa, ellos van a buscar todos los medios para no responder a sus trabajadores (…). Eso me parece una cobardía de parte de ellos y vamos a luchar hasta que se nos haga justicia".
Por su parte, Wilson Avalos, tío de los operarios Florencio y Renán Avalos, se sumó a las críticas a los dueños de la empresa. "Esto hay que verlo con calma, pero se deben tomar cartas en el asunto. Esto no es chiste. Fue un accidente y deben responder ante la justicia. Uno se conforma con que salgan con vida, pero es un accidente grave y que se vengan a lavar las manos, no es la idea".
Lilianette Gómez, hija de Mario Gómez, el de más edad entre los atrapados, entregó la opinión de su familia: "Nos parece súper bien la retención de los 900 millones de pesos, porque lo que teníamos entendido era que se iban a tirar a quiebra, así que esto en parte nos favorece para asegurar que nos indemnicen y nos respondan. Igual sabíamos que esto iba a ocurrir, que ellos iban a salir con esto, pero nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".
Ayer, además, declararon ante el Ministerio Público los dueños de la Minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
Ambos se presentaron, cerca de las 9 de la mañana y acompañados de sus abogados, ante el fiscal regional Héctor Mella. Se trató de una declaración indagatoria para decidir si los empresarios serán formalizados por cuasidelito de lesiones graves y gravísimas. La víctima es Gino Cortés, un trabajador del yacimiento que debido a un accidente, el 3 de julio, perdió una de sus extremidades.
Según el abogado Gonzalo Insunza, uno de los representantes de los empresarios, sólo Alejandro Bohn alcanzó a declarar. Sus dichos llenaron 16 carillas y terminaron pasadas las 19 horas. Marcelo Kemeny declarará hoy.
Asimismo, ayer se presentó una segunda querella contra la Minera San Esteban, patrocinada por el abogado Remberto Valdés, en representación de la familia del minero Raúl Bustos, que busca abrir una causa por prevaricación, "y evitar la transferencia ilícita de bienes por parte de los copropietarios".
Fuente / La Tercera. |
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