Manuel Llamas
La bolsa de Nueva York cerró el jueves con pérdidas por segundo día consecutivo y el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,9%, en una sesión desfavorable para los sectores tecnológico y de energía, entre otros.
Ese indicador bursátil, que incluye a 30 de las mayores empresas de Estados Unidos, retrocedió 93,87 puntos y finalizó en 10.332,44 unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 bajó el 1,34% (-14,90 puntos) y finalizó en 1.094,90 enteros.
La caída no responde, sin embargo, a los malos datos macroeconómicos derivados del aumento semanal de subsidios por desempleo. Según fuentes del mercado bursátil consultadas por Libertad Digital, la bolsa bajó casi un 1,5% poco después de que compareciera una de las principales supervisoras del rescate bancario de EEUU (TARP), Elizabeth Warren.
Warren señaló que el rescate bancario -dotado con 700.000 millones de dólares para la compra de activos tóxicos-, no ha logrado frenar la "cultura de asunción de riesgos excesivos" que provocó la crisis financiera. Además, el TARP también ha provocado "un nivel sin precedentes de distorsión de precios y de riesgo moral en el mercado".
En la reunión del Grupo de Supervisión del TARP celebrada en el Congreso de EEUU el jueves, Warren advirtió de que "persiste la incertidumbre sobre la estabilidad de nuestras instituciones financieras y si pueden sobrevivir sin la ayuda del Gobierno". En la actualidad, la banca confía en el respaldo gubernamental y en el repunte del consumo en EEUU para hacer dinero. Sin embargo, según la supervisora, "ése no es un modelo de negocio sostenible".
Según Charles Calomiris, profesor de instituciones financieras en la Columbia Business School, la reacción de los reguladores a la crisis está contribuyendo a agravar los problemas de los bancos. Para ello, citó como ejemplo las nuevas leyes sobre las tarjetas de crédito y préstamos al consumo, que establece duras restricciones a la política de tipos y gestión de riesgos de las entidades.
EEUU estudia ampliar el TARP
Esta advertencia llega en un momento clave sobre el futuro del TARP, aprobado por la anterior Administración de George W. Bush. Según Financial Times, el Tesoro de EEUU estudia en estos momentos extender el plan de rescate bancario en 2010, ya que la compra de activos tóxicos expira a finales de año. Y ello, debido al temor de que se produzca una nueva gran quiebra bancaria en EEUU.
No obstante, la deuda subprime se ha extendido a todo tipo de activos crediticios, tales como las hipotecas de alta calidad y el crédito concedido al sector inmobiliario de oficinas e inmuebles comerciales.
El problema, sin embargo, es que el famoso rescate bancario está arrojando importantes pérdidas para los contribuyentes de EEUU. Así, el inspector general del TARP, Neil Barofsky, reconoció recientemente que el plan arrojará "casi seguro" pérdidas a las arcas públicas.
"Es probable que se hayan perdido decenas de miles de millones de dólares en el rescate de la automoción", indicó. Barofsky se refiere a la ayuda gubernamental concedida por Obama a General Motors, su brazo financiero (GMAC), y Chrysler, ya que también participaron de este dinero destinado en principio a la banca.
Además, "algunos bancos que recibieron dinero del TARP están quebrando", por lo que el Gobierno perderá la ayuda financiera inyectada a estas entidades. Por si fuera poco, un número creciente de entidades beneficiadas por el TARP no están pagando sus dividendos al Tesoro (en concreto, 33 desde agosto), señal inequívoca de los problemas financieros que aún persisten en EEUU.
Ayudas ocultas
Y ello, pese a que el Gobierno de EEUU ha asegurado en todo momento que el rescate bancario no perjudicaría a los contribuyentes. "El dinero se recuperaría". La realidad, por desgracia, es bien distinta. De hecho, el volumen de dinero público desembolsado por el Tesoro para evitar el "colapso" del sistema a finales de 2008 supera en mucho la cantidad oficial de 700.000 millones de dólares.
En realidad, según un reciente informe del Grupo de Supervisión del TARP en el Congreso revela que durante el momento de máximo pánico, tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, el Gobierno destinó hasta 4,3 billones de dólares (casi seis veces más que lo anunciado) para garantizar activos tóxicos (ilíquidos o incobrables) .
Además, el informe señala que el Tesoro sigue proporcionando avales públicos de forma encubierta, incluso a los bancos que en teoría están bien capitalizados. Y ello, pese a que muchos de estos programas extraordinarios de apoyo gubernamental ya han expirado.
¿Se acaba el "demasido grande para quebrar"?
Por su parte, el Secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, aseguró el jueves que uno de los principios de la nueva regulación financiera que está preparando EEUU para remodelar el sistema y evitar futuras y posibles crisis es que de ahora en adelante ninguna institución financiera podría ser considerada "demasiado grande para caer".
Geithner insistió en que durante la reciente crisis, y con el objeto de preservar la estabilidad del sistema financiero, proteger los ahorros de los norteamericanos y prevenir un colapso económico más dañino, el Gobierno estuvo forzado a proporcionar 'in extremis' sustento financiero individual a ciertas entidades. "Estas intervenciones no son ni deben ser tomadas como un precedente", aseveró.
El máximo responsable económico de la Administración Obama explicó que, a partir de ahora, tanto las instituciones como los inversores deberán ser "responsables" de sus decisiones. "Ningún sistema financiero puede operar de manera eficiente si las instituciones y los inversores asumen que el Gobierno les protegerá de las consecuencias de una quiebra", agregó.
Es por eso que la nueva regulación propondrá que la nueva autoridad podría no autorizar al Gobierno a proporcionar asistencia abierta a cualquier firma en riesgo de quiebra, en otras palabras, podría facilitar una "desaparición ordenada" de una firma en quiebra, no asegurando su supervivencia.
En este sentido, la presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC), Sheila Bair, señaló la pasada semana que las inyecciones de capital público en los bancos más importantes del país "probablemente no fueron algo positivo". Las ingentes inyecciones de capital público tuvieron el pasado año un "efecto terrible" sobre la percepción de la opinión pública sobre el sector financiero y los reguladores del Gobierno.
Bair admite que de haber previsto esa reacción "habría tratado de disuadir al Tesoro de realizar esas inyecciones de capital". Y ahora se pregunta: "¿Qué pasa si se meten en problemas otra vez?".
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