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"Ahora bien, los ataques de naturaleza política – y no sólo en el caso de este libro – suelen caracterizarse por una ceguera total y absoluta a las cualidades literarias y humanas de su blanco y, curiosamente, los iniciadores de las vendettas políticas son casi siempre personas de escaso talento que no se limitan a poner sus dotes a prueba en un panfleto, sino que tienen pretensiones de dominar otros géneros."
Adam Zagajeweski, prólogo a Mi siglo de Aleksander Wat.
"EMERSON TIENE RAZÓN: "Dante era un invitado desagradable, y por eso nadie lo invitaba a cenar".
Recuerdo estas palabras cuando leo la reseña idiota de una biografía de Solyenitzin. El crítico del que se trata parece chocado cuando descubre que Solyenitzin tenía pocas pulgas. Un poco lo sospechábamos: si hubiese sido modesto, conciliador, complaciente, diplomático y fácil de tratar, habría sido un agradable vecino de campo – pero ¿cómo diablos se habría convertido en Solyenitzin?"
Nunca la veo citada, a esta frase, otra vez, por favor, un esfuerzo de sinceridad, aunque a la sinceridad no se la pueda decir toda, porque parece que siempre falta en algún lugar. Pero bueno, y la última vez: Simon Leys: "Hay obras que ganan cuando no son entendidas". Osvaldo Lamborghini fracasó en el talento, eso le hizo creer a sus rabiosos contradictores que apenas eran esos tres libros y un poco más. Nunca contaron con el aspecto Ingres.
Pablo Brameri
Publicado el 13 de noviembre del 2009
Continuando con el análisis y discusión del mensaje del Ejecutivo (boletín 6120) que introduce modificaciones a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y a la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, los miembros de la Comisión de Constitución -que preside la diputada PPD Laura Soto- en su última sesión acordaron posponer el debate de este proyecto hasta el próximo 15 de diciembre, fecha en que la Cámara retoma sus labores.
Asimismo, hasta entonces se extenderá el plazo para presentar las indicaciones a este texto legal, como lo indica la diputada Laura Soto (PPD).
"Abrimos un nuevo plazo para que se presenten nuevamente las indicaciones", precisó. Agregó que "por parte del Ejecutivo se expresó que no están por presentar indicación alguna porque están muy de acuerdo con el proyecto presentado".
Indicó la parlamentaria que durante el análisis de esta iniciativa, que consagra explícitamente el derecho de las personas a controlar sus datos -especialmente los sensibles- perfeccionando así la normativa vigente, se ha puesto en discusión la pertinencia o no de que un mismo organismo, como es el Consejo para la Transparencia (CPLT), agrupe las dos facultades, vale decir, de protección de datos personales y la de transparentar la información de los organismos públicos.
"Seguimos en el estudio del proyecto y hay algunas dudas, una de ellas más fuerte quizás, si se pudiera clasificar así, es cómo se va a conciliar la protección de los datos personales con el afán de transparentar todo en una misma institucionalidad", explicó la diputada Soto.
Agregó que "otro tema es si el Ministerio de Hacienda va a estar dispuesto a entregar los fondos suficientes como para que eso se lleve a cabo".
Hasta el momento, la Comisión ha conocido los planteamientos del Ejecutivo, a través de la participación del Ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, quienes en esta materia se mostraron conformes en que sea el CPLT quien agrupe estas dos atribuciones.
Por su parte, la directora del Centro de Derecho y Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Lorena Donoso, si bien se mostró a favor de la iniciativa porque mejora el sistema actual, indicó sus reparos respecto de la dualidad de funciones del CPLT.
En este sentido, recomendó perfeccionar la estructura orgánica del Consejo para la Transparencia, en orden a que debe ser un organismo bicéfalo, de manera que tenga un peso y contrapeso respecto del acceso a la información pública y no sea un sólo órgano el que tenga ambas estructuras, la de protección y la de transparencia.
Viernes 13 de noviembre de 2009
Publicado el 12 de noviembre del 2009
El mensaje ingresado a la Cámara por la Presidenta de la República tiene por objetivo crear este Consejo de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto será representar los intereses y necesidades de los pueblos originarios ante los organismos del Estado.
Ello implica que el Consejo será un órgano representativo de los pueblos indígenas no sólo ante los estatutos de la administración del Estado, sino que también, frente al Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos.
Esta instancia de carácter nacional, en todo caso, no limita en modo alguno las instancias de participación y consulta que puedan operar en el ordenamiento jurídico chileno, ni la capacidad de los pueblos indígenas para dotarse de las formas de organización que estimen más pertinentes con la finalidad de impulsar los fines que les son propios.
Consejo de Pueblos Indígenas
El Consejo tendrá por finalidad representar los intereses y las necesidades de los pueblos indígenas entre las que destacan: participar tanto en el diseño de la propuesta de la política nacional indígena como en su evaluación; elaborar anualmente un informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y representarlos en los procesos de consulta de carácter nacional iniciados por los organismos del Estado.
Asimismo, tendrá como misión proponer la elaboración de planes y programas destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y aprobar las traducciones a lengua indígena que los organismos del Estado realicen a diversos documentos, entre otras.
El Consejo estará integrado por 43 consejeros, elegidos por los distintos pueblos indígenas, en proporción a sus integrantes. Tratándose del pueblo mapuche, se establece además un componente regional en su elección.
Registro Especial Indígena
Con el objeto de formar el Padrón Electoral Indígena, que ha de servir para la elección de los consejeros, se consagra legalmente la existencia de un Registro Especial Indígena, que contendrá la nómina de todas las personas que hayan obtenido el certificado al que se refiere el artículo 3° de la ley N° 19.253.
Los consejeros serán elegidos por votación directa de las personas indígenas mayores de dieciocho años del respectivo pueblo, que se encuentren inscritas en el Registro Especial Indígena.
La emisión del sufragio se hará mediante cédulas que serán confeccionadas por la Agencia de Desarrollo Indígena para cada uno de los pueblos y regiones que corresponda, y que contendrán la nómina completa de los candidatos en orden alfabético.
Organización interna del Consejo
Se establece que el Consejo tendrá su sede en la ciudad de Santiago y sesionará ordinariamente en tres períodos en el año calendario, en los meses de abril, agosto y diciembre, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que pueda celebrar en conformidad a la ley.
El texto legal también se hace cargo de los indígenas residentes en el extranjero, estableciendo un mecanismo en los respectivos consulados para la acreditación de la calidad de indígena y se autoriza a los indígenas chilenos con residencia en el extranjero para votar por correo en las elecciones del Consejo.
El proyecto de ley (boletín 6743) será analizado por la Comisión de Gobierno Interior.
Jueves 12 de noviembre de 2009
