El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya fue expulsado del país para evitar muertes, justificó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, uno de los protagonistas de la crisis política hondureña, en una entrevista con la AFP.
''El análisis que hizo la seguridad del Estado es que era riesgoso que al Presidente se le llevara a una cárcel'', afirmó Vásquez, quien fue destituido por Zelaya unos días antes del golpe.
Vásquez se había negado a que el ejército repartiera el material electoral de la consulta popular organizada por el presidente depuesto para el día 28 de junio, el mismo día del golpe de Estado, pese a que había sido declarada ilegal por la justicia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia obligó al presidente a restituir a Vásquez en su cargo.
La detención y encarcelación de Zelaya por violar la ley ''iba a ser causal de muertos y heridos y eso era peligroso'' porque sus partidarios tratarían de rescatarlo ''y eso iba a traer graves consecuencias para el país'', afirmó Vásquez, a quien Zelaya le renovó para un segundo período al frente del Estado Mayor Conjunto pese a que por ley sólo le correspondía un período de tres años.
Actualmente Vásquez podría ser acusado de violar la ley por expulsar al mandatario a Costa Rica, después de detenerlo en su casa con un contingente de unos 200 militares, pues este punto no estaba contemplado en las órdenes judiciales que cumplían, admitió el general.
''Tenía que cumplir una misión constitucional y no la podíamos eludir, dada esa responsabilidad histórica. Nuestro juez es la historia'', argumentó.
''Nuestra misión era cumplir una tarea y lo hicimos con responsabilidad. Ya no tenemos otra participación, sino seguir cumpliendo nuestra misión'', sentenció Vásquez, quien recuperó su cargo después de su destitución por Zelaya por orden de la Corte Suprema de Justicia.
''Había un irrespeto a la Constitución de la República, quisimos ayudar al presidente Zelaya, pero no encontramos ningún asidero legal que nos permitiera apoyar la decisión que él quería, las otras autoridades nos exigían que respetáramos'', subrayó.
Para salvar a los militares de la responsablidad y justificar que no había habido golpe de Estado, el Poder Judicial de Honduras emitió una orden de captura del mandatario, al que le imputa 18 delitos, incluido el de traición a la patria.
Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular cuyo fin último era establecer una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución para permitir su reelección.
La Constitución de Honduras, vigente desde 1982, tipifica como traición a la patria la sola insinuación de la reelección. Ello para frenar los golpes de Estado de los militares que se prolongaban desde 1963.
Los planes reeleccionistas de Zelaya eran vistos con recelo a raíz de la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y sus amistades con sus miembros, en particular, con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Zelaya, que cuenta con el respaldo unánime de la comunidad internacional para su restitución en el cargo, sólo recaba sus apoyos internos entre los movimientos y sindicatos de izquierda, que son los que mantienen la resistencia exigiendo su regreso.
Sobre el término ''golpista'' que le imputan los partidarios de Zelaya, respondió: ''Contundentemente descartado. Recibimos una orden del Poder Judicial, nosotros seguimos en la misma posición''. ''Nuestra misión de siempre es mantener la paz en el país, velar por que no se viole la soberanía e integridad territorial, velar por mantener el imperio de la ley, que es la principal razón para que un país tenga Fuerzas Armadas'', subrayó.
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