Investigan posible cohecho de privados a funcionarios públicos
Director de Aguas del MOP y abogado top en la mira de la Fiscalía
El caso comenzó como un delito menor, tras la presentación de documentos falsos en un juicio que afectó a la Dirección General de Aguas y favoreció al empresario Francisco Javier Errázuriz por derechos de agua. Sin embargo, cuando la perseguidora penal Ximena Chong hurgó más allá, encontró una serie de curiosas relaciones. Una de ellas es que el jurista Raúl Tavolari, alegó un amparo a favor de Rodrigo Weisner, jefe de esa unidad de Obras Públicas, sin que éste se lo pidiera. El trasfondo del asunto es la competencia por el agua para la industria de extracción de Yodo, en la que se mueven más de US$ 300 millones al año.
Por Jorge Molina Sanhueza
La fiscal Centro Norte Ximena Chong tiene en sus manos una investigación por cohecho que complica al actual jefe de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, Rodrigo Weisner -miembro de Océanos Azules, grupo programático de Eduardo Frei- y a Raúl Tavolari, un destacado procesalista del foro con amplios contactos políticos y uno de los redactores del nuevo Código Procesal Penal, apodado "Il maestro" por sus ex alumnos. Ambos han declarado como imputados ante la perseguidora penal.
Si bien esta indagatoria comenzó porque un funcionario del MOP presentó documentos falsos en un juicio de aguas que afectó a la DGA, la causa abrió una "caja de Pandora" por un recurso de amparo que presentó Tavolari a favor de Weisner, sin que éste lo pidiera. El cliente que se lo encargó al jurista es un privado, cuyo nombre permanece escondido en el secreto profesional y que Tavolari prefiere llevarse a la tumba.
De recurso en recurso
Si bien los testimonios son recientes, los hechos que dieron origen a los mismos comenzaron en 2001, cuando la minera de Negreiros, de propiedad de Francisco Javier Errázuriz, solicitó los derechos de agua. En mayo del mismo año la DGA rechazó la petición y la compañía del ex dueño de Unimarc solicitó la reconsideración del dictamen denegatorio.
De nada sirvió, porque el organismo del MOP confirmó lo obrado. Pero la empresa insistió entonces a través de la figura del recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue presentado el 17 de enero de 2004. Pero la acción fue abandonada el 1 de agosto de 2006 y el tribunal de alzada dispuso el archivo de la causa.
Sin embargo, Errázuriz, quien es conocido por no soltar las causas que emprende, pidió el desarchivo del recurso en abril de 2007 para que se notificara al jefe de la DGA. En esa oportunidad, presentó la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, único documento faltante en el primer rechazo para conseguir los derechos del vital elemento clave en las actividades mineras del yodo. En la oportunidad el empresario arguyó que la DGA le impedía arbitrariamente realizar una actividad comercial lícita.
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó nuevamente el recurso con los nuevos antecedentes el 5 de septiembre de 2007 y revocó lo resuelto por la DGA, otorgándole los derechos de agua a "Fra Fra".
La unidad del MOP recurrió entonces de casación ante la Suprema. El abogado tramitador era Héctor Villarroel. Y para sorpresa de la entidad en sólo dos mesesse percató que este mismo abogado presentó un documento en que se desistía de la acción, previo acuerdo con Negreiros. Ello significó que Errázuriz tendría el agua para seguir con su empresa. Es decir, la DGA debía cumplir lo resuelto. Lo curioso es que la DGA se enteró sólo cinco meses más tarde de los hechos, cuando fue notificada.
Carrete con mis amigos
Pero esto último ocurrió por una mera casualidad, en el marco de una comida que sostuvieron el 31 de julio de 2008 el jefe del Departamento Jurídico de la DGA, Fernando Valdés, con Alfredo Cádiz y Fernando Covarrubias. Ambos son los abogados que llevan todos los juicios de Soquimich sobre materias de agua, cuya cara visible es Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet.
El empresario, entre 2008 y 2010 invertirá, en el proyecto Pampa Hermosa, en la zona de Pozo Almonte, US$ 1.033 millones para elevar la producción, de acuerdo a una nota publicada por el Diario Financiero en julio de 2008. Esta firma minera es la principal competencia de Errázuriz en la minería del Yodo. Este sector en 2008 exportó 15.816 toneladas, lo que implica un monto de US$ 371,2 millones, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central.
Cádiz y Covarrubias le indicaron a Valdés, a modo de favor, que en el recurso que obligaba a la DGA a entregar los derechos al Fra Fra, había un escrito presentado por el archivero de la unidad del MOP, según consta en la declaración prestada por Valdés el 5 de marzo pasado ante la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil. El asunto es que Soquimich no era parte en el recurso, pero lo "vigilaban", ya que podía vulnerar sus intereses.
Llama la atención que Valdés se reúna con funcionarios de una de las empresas respecto de las cuales, en algún momento, DGA debe resolver solicitudes sobre la materia.
De esta manera, la DGA descubrió en agosto de 2008 que Villarroel como funcionario de la entidad, había presentado documentos falsos que favorecieron a Errázuriz en el otorgamiento de los derechos de agua.
Valdés, quien asegura que los antecedentes sobre estos hechos "le llegaron" a su oficina, informó de inmediato a Weisner. Se presentó así una denuncia ante el Ministerio Público Centro Norte el mismo mes. La perseguidora penal Ximena Chong, entonces, formalizó a Villarroel -quien ya estaba desvinculado de la DGA- bajo los cargos de prevaricación y uso de documentos falsos y quien está ad portas de enfrentar un juicio. Hasta allí, todo era un delito del que fue víctima una institución del Estado.
Todos juntos
En los alegatos ante el Tribunal de Garantía, también se hizo parte la empresa Soquimich, a través del abogado Nurieldín Hermosilla, atendido que el otorgamiento de los derechos de agua a Errázuriz, los afectaban en la producción y exportación de yodo, ya que son competencia directa del ex candidato presidencial. También se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como patrocinante de la DGA.
Sin embargo, durante la indagatoria, Chong halló situaciones sospechosas en torno a la ocurrencia de hechos que podrían revestir actos de corrupción por parte de privados hacía funcionarios públicos de la DGA.
Por la gracia de Tavolari
Independiente de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, el otorgamiento de los derechos de agua, debía ser cumplido. Errázuriz no quería perder tiempo y como la DGA decidió no acatar la orden judicial debido a una indagatoria por hechos delictuales que podrían modificar la situación, solicitó el arresto de Weisner por quebrantar la sentencia judicial.
Es en este contexto es que "Il maestro" Tavolari, cuyos honorarios son uno de los más elevados del foro, aparece en escena el 4 de marzo de 2009, presentando un recurso de amparo preventivo a favor de Weisner sin que éste último se lo pidiera. Por segunda vez, curiosamente, la DGA no se enteró de la acción constitucional.
Tavolari, quien no tenía mandante alguno en la causa y por lo tanto no era parte de la misma, usó la figura legal de la "acción popular". En palabras simples, actuó por sí y ante sí, sintiéndose compelido por una entidad superior, para evitar tamaña injusticia.
Lo singular es que el amparo que ingresó es una verdadera pieza jurídica, algo así como un escrito de culto para los abogados que lo han leído. El problema, es que Tavolari no tenía cómo acceder a los antecedentes, ya que fueron incautados por la fiscal Chong para la investigación que lleva.Cabe consignar que Tavolari es un procesalista eximio, pero no de la legislación de aguas.
En la Corte de Apelaciones el jurista perdió, pero la acción legal llegó hasta la Segunda Sala Penal del máximo tribunal por la vía de la apelación, donde Tavolari tiene mucho ascendiente, debido a que los textos que ha publicado son materia de consulta académica entre los magistrados.
En dicha instancia Tavolari ganó con la unanimidad de los cinco votos el pasado 8 de abril, con las preferencias de los ministros Hugo Dolmestch, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates.
Una gestión de este tipo cuesta entre $8 y $14 millones de pesos, según reconoció el propio Tavolari ante la fiscal Chong cuando declaró como imputado, lo que confirmó cuando fue consultado por este diario.
El hado no benévolo
Los hechos continuaron un derrotero aún más singular. Porque el propio Weisner al llegar a su oficina el lunes 12 de abril, se encontró con un sobre, en cuyo interior estaba la resolución del máximo tribunal con la tarjeta de Tavolari, casi a modo de regalo.
Según declaró Weisner en el Ministerio Público, él llamó al jefe de la división legal, Fernando Valdés y le indicó que requiriera los antecedentes al jurista. Este último llamó a Tavolari, quien le indicó que no estaba obligado a dar explicaciones.
Sin embargo, pese a que usó la acción popular para alegar el amparo a favor de Weisner, es decir, sin cliente alguno, tuvo que reconocer ante la fiscal Chong que no conocía al jefe de la DGA. Acerca del sobre con el fallo que envió al MOP, su respuesta fue aún más particular. "Lo hice por mi propia iniciativa, e incluso casi con un carácter lúdico, pensé que me llamarían para decirme muchas gracias".
Weisner presentó de inmediato dos escritos. Uno en la Fiscalía Centro Norte y otro en la Corte de Apelaciones para dejar claro que nada tenía que ver con el recurso de amparo preventivo.
Lo curioso es que la DGA, pese a contar con una división jurídica que tramita las causas que se ventilan en los tribunales, nunca se enteró de la inusual gestión de Tavolari a favor del jefe de la entidad.
Boletas vacías
El alegato de Tavolari -que Weisner asegura nunca pidió ni contrató- es para la fiscal Chong, dicen fuentes allegadas al caso, un indicio de que algo no cuadra. Puede ir desde un intento de chantaje a un funcionario público hasta corrupción a gran escala. Y esto porque si alguien debió defender a Weisner de la solicitud de Errázuriz para que fuera arrestado, ése era el Consejo de Defensa del Estado, organismo que por ley defiende a las instituciones, y no Tavolari.
Con esa duda de por medio, la fiscal Chong decidió entonces citar al destacado jurista. El 1 de junio pasado, Tavolari admitió que tras la "acción popular" para presentar el amparo efectivamente había un cliente, cuestión que había negado desde un principio. Además admitió que esta persona fue quien le entregó los documentos, los mismos que incautó la perseguidora penal.
Chong le consultó al profesional quién lo había contratado. Este último le pidió unos días para consultarle al cliente si le permitía levantar el secreto profesional. Dos semanas después, el 1 de junio, le indicó que no fue autorizado.
¿Pero quién lo contrató y cuánto cobró? Para establecer si el abogado decía la verdad, la fiscal Chong le pidió a Tavolari las boletas de honorarios. Pero nada encontró. El abogado aseguró que la presentación judicial la hizo contra resultado. Y este punto es vital para comprender que la intención del Amparo iba más allá de evitar el arresto de Weisner, sino también que la Suprema anulara de oficio el otorgamiento de los derechos de agua a Errázuriz.
En el marco de las declaraciones de Tavolari y Weisner a la Fiscalía, Francisco Javier Errázuriz convirtió el problema en una oportunidad y se querelló en contra del jefe de la DGA por el delito de cohecho asegurando que fue Soquimich quien pagó los servicios del jurista.
El accidente humano
Tavolari fue consultado por El Mostrador en torno a la presentación y este reconoció que su cliente era un privado del entorno territorial donde la minera de Errázuriz extrae Yodo, lo que indica que usan la misma agua.
-Abogado, ¿y por qué entonces presentó un amparo a favor de Weisner?
-La presentación iba dirigida a tratar de anular el otorgamiento de los derechos de agua, y el director de aguas, como funcionario público, fue un mero accidente en el tema".
Este medio intentó por varias semanas obtener una respuesta de Weisner. Y recién la semana pasada, a través del departamento de Comunicaciones, este entregó una escueta versión: "Voy a esperar el resultado de la audiencia ante el Tribunal, que se pronunciará respecto de la querella, antes de comentar su presentación y su resultado".
El caso recién está comenzando y no es descartable que en él aparezcan más sorpresas, debido a los cientos de millones de dólares que mueve la industria del Yodo.
La propuesta del empresario ya fue rechazada por el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien lo conminó a deshacerse primero del canal de televisión del cual es dueño, Chilevisión, debido a que afecta a dos bienes jurídicos fundamentales, como son el acceso a la información y la libertad de expresión. Se espera que durante la próxima semana, el tema sea respondido tanto por La Moneda como por los demás aspirantes al Palacio de Gobierno y por dirigentes políticos concertacionistas.
El sistema está hecho a la pinta de las Asociaciones Gremiales de Proveedores, que no desean enfrentarse con organizaciones grandes de consumidores con presencia a nivel nacional. Pero la omisión tal vez más grave es la referente a la sanción de la colusión para controlar y subir los precios.
