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sábado, mayo 30, 2009

Vencerámica, firma ligada al grupo Briones, desde 2008 ha enfrentado constantes hostigamientos de la autoridad:

VENEZUELA: CHAVEZ HOSTIGA A EMPRESAS CHILENAS
 
 
Vencerámica, firma ligada al grupo Briones, desde 2008 ha enfrentado constantes hostigamientos de la autoridad:
Más de veinte días paralizada se encuentra la principal planta del grupo Cisa en Venezuela

Tras ser electo el hermano de Chávez como gobernador de Barinas, se empezó a fiscalizar las faenas mineras de la firma en la zona y luego las fábricas del grupo.


D. BUSTAMANTE Y J.J. DÍAZ

Por un problema mayor pasa Vencerámica, una de las firmas del holding chileno Cisa (ligado al grupo Briones), que opera en Venezuela. El 7 de mayo, las autoridades venezolanas ordenaron la paralización de las actividades productivas de la principal planta de la compañía, en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua.

Aunque las razones del cierre de la planta se encuentran en una ordenanza del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel, organismo manejado por la estructura chavista), debido a situaciones como la necesidad de cambiar la techumbre de la planta de Vencerámica, tras la decisión se oculta una serie de acciones contra la compañía, las que son consideradas un "hostigamiento" por parte de sus directivos.

Estas acciones comenzaron el año pasado en el estado de Barinas (de donde es originario el Presidente Chávez), lugar en que Vencerámica posee faenas mineras. En dicha zona, Adán Chávez, hermano del Presidente, tras una onerosa campaña salió escogido gobernador del estado a fines de 2008 reemplazando a su padre, que de acuerdo con publicaciones internacionales como El Nuevo Herald, tuvo diversas acusaciones por nepotismo y corrupción.

Tras su elección, la minera -de la que la firma obtiene los insumos para producir cerámicas- comenzó a ser blanco de fiscalizaciones de la autoridad laboral, la medioambiental y de impuestos internos, entre otras, sin que a la fecha se le hayan comprobado irregularidades.

Tras eso, el blanco fue la planta en La Victoria, que el Inpsasel decidió paralizar argumentando la necesidad de reemplazar la techumbre, inversión que ya estaba presupuestada por la compañía. "La palabra fiscalización suena a situaciones irregulares. Esto es hostigamiento, es algo más que fiscalización", dijo una fuente de Cisa, sin querer detallar ese "algo más".

Esta situación es reafirmada por lo sucedido hace un par de días, cuando el diputado por la zona de Aragua, Ramón García, formó una comisión multidisciplinaria para mediar ante el problema, grupo que incluyó a autoridades ambientales, de obras públicas, vialidad y salud. Ellos visitaron las instalaciones y coincidieron en que Vencerámica, tal como lo habían propuesto sus directivos, podía ejecutar en forma gradual el reemplazo de la techumbre sin afectar las actividades productivas. Sólo el Inpsasel se opuso.

Los mismos trabajadores de la fábrica han recurrido hasta el Inpsasel para pedir que se revierta la paralización. La situación preocupa a los ejecutivos, a tal punto que el tema ya se maneja en Cancillería.

Fuentes de la Direcon dijeron que hace unas semanas un grupo de la institución viajó a conversar con el gobierno de Caracas por los problemas que viven las empresas chilenas en la zona, recibiendo buena acogida de parte de las autoridades.

Otro de los que se han interiorizado en el tema es Joaquín Lavín, quien por estos días está en el país del norte.

"Vencerámica es una empresa de capitales chilenos que está pasando por una situación difícil, en la que ha habido hostigamientos, amenazas de nacionalización, y que está paralizada hace días. Como chileno este tema me preocupa", dijo desde la capital venezolana.

Efecto económico

El problema se acrecienta con el pasar de las semanas. Para el holding Cisa, la inversión en Venezuela representa un patrimonio de entre US$ 70 millones y US$ 100 millones, siendo la empresa chilena más grande en dicho país. Cada día de paralización tiene un costo cercano a US$ 100 mil, y a la vez, dada la regulación venezolana, no pueden desvincular a ni a uno de sus trabajadores.

Peor aún, en la firma no tienen claro que las autoridades tengan la voluntad de poner término al conflicto, y han mantenido su postura de que Vencerámica reemplace en su totalidad el techo de las instalaciones, situación que tardaría nueve meses. Pese a ello, en el holding dicen que su deseo es seguir operando en Venezuela. "Nosotros tenemos una inversión en este país amparada por el tratado de protección de las inversiones entre Chile y Venezuela, y esperamos que por una u otra vía éstas se respeten", dijo una fuente de Cisa.


IMPACTO

El holding Cisa (Fanaloza, Briggs, Edesa e ICB) en 1994 tomó el control de Vencerámicas. Con ésta manejan el 60% del mercado venezolano de cerámicas, empleando en forma directa a 1.100 personas, más 2.700 puestos indirectos.


El millonario problema que viven las firmas chilenas

Los hostigamientos de denunciados en el caso Vencerámica, no es la única dificultad por la que atraviesan las inversiones chilenas en Venezuela. El control de los dólares que realiza desde 2003 el gobierno de Chávez a través de la Comisión de Administración de divisas (Cadivi, que regula la asignación de dólares para las operaciones de importación y exportación), ha llevado a que Venezuela adeude unos US$ 80 millones a 52 empresas nacionales. Vencerámica es una de ellas y a la fecha tiene retenciones cercanas a US$ 7 millones. Otras firmas perjudicadas son LAN, Carozzi y San Pedro.



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Ex director del Registro Civil:

Ex director del Registro Civil:
Diputados irán a la cárcel a entrevistar a Guillermo Arenas

Felipe Ward (UDI), presidente de la comisión investigadora, liderará la inédita diligencia.
Una delegación representante de la Comisión de la Cámara que investiga al Registro Civil visitará el próximo lunes al ex director de la entidad Guillermo Arenas, quien está recluido en el Anexo Capitán Yaber, ubicado a un costado del Centro de Justicia.

A la cita asistirán el presidente de la comisión, el diputado UDI Felipe Ward, además de los parlamentarios Gabriel Ascencio (DC), Andrés Egaña (UDI) y el PS Marcelo Díaz.

Arenas se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de enero pasado, día en que fue formalizado por delitos reiterados de fraude al fisco por $636 millones.

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"Finanzas Corporativas ? Teoría y Práctica"

"Finanzas Corporativas ? Teoría y Práctica"

Nuevo libro promete ser lectura obligatoria en Escuelas de Negocio
Universidad Santo Tomás

Es el primer libro del decano de la Facultad de Administración de Universidad Santo Tomás, Carlos Maquieira.

Carlos Maquieira
Carlos Maquieira

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El 4 de junio, en el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás Santiago, se realizará el lanzamiento del primer libro del decano de Administración de esta Casa de Estudios, Carlos Maquieira. El texto "Finanzas Corporativas – Teoría y Práctica", editado por Editorial Andrés Bello, apunta a ser bibliografía obligatoria en las escuelas de negocios del país.

El libro, que será presentado por el empresario Laurence Golborne, ex ejecutivo de Gener y de Cencosud y actual presidente del Círculo de Finanzas de Icare, trata aspectos relevantes de las finanzas de empresas como: costo de capital, estructura de capital, política de dividendos, valorización de empresas, fusiones y adquisiciones, entre otros temas.

Lo más innovador de este libro, destaca su autor, Carlos Maquieira, es que "no existen textos de esta área en Sudamérica, con aplicaciones tanto a Chile como al subcontinente. Por ejemplo, este es el único libro que trata en extenso el tema de costo de capital con estimaciones de premio por riesgo de mercado para varios países de América Latina. Además para Chile se entregan casos prácticos que sirven tanto al profesor como al alumno para poder aplicar los conceptos entregados".

El libro también incluye un minidisco que contiene soluciones a los problemas de cada capítulo, en la mayoría de los casos, con fórmulas propias del autor, entregando no sólo el resultado, sino que también el desarrollo completo de los problemas.

"Finanzas Corporativas – Teoría y Práctica" contiene 336 páginas y en septiembre se hará una edición en portugués para lanzarlo en países de esa lengua.

Carlos Maquieira: Uno de los académicos más relevantes en Finanzas Corporativas

El decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás es Master of Arts y Ph. D. in Business Administration, por The University of Georgia. Actualmente es miembro invitado del panel de acreditación para América Latina de la Association of MBA (AMBA, United Kingdom), y de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Dentro de los cargos que ha desempeñado en su vida académica y profesional, se encuentra el haber sido director de la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios de la Universidad de Chile; vicedecano (s) y director del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios, además de docente. Adicionalmente, fue director del Executive MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Ha sido profesor visitante en Estados Unidos (The University of Georgia, 1994) y en Portugal (Escola Superior de Ciencias Empresariais, Insituto Politécnico de Viana do Castelo, 2006 y 2007). Adicionalmente, ha sido investigador visitante en Estados Unidos (The University of Georgia, 1993 y Tulane University, 1995, 1996 y 1997) y Japón (Waseda University, 1995). Se suma a todo lo anterior, una larga trayectoria profesional como consultor de empresas, siendo actualmente el socio principal de MQA. A la fecha ha asesorado en el área de Finanzas Corporativas a cerca de 30 empresas y organismos tanto nacionales como internacionales.

Edición: Universia / RR

Fuente: Universidad Santo Tomás


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SIETE INTERROGANTES SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

SIETE INTERROGANTES SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Mayor Oreja y López Aguilar
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El candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, y el socialista, Juan Fernando López Aguilar.- EFE / PEDRO PERIS

 

La política doméstica está monopolizando la campaña, pero lo que se juegan los ciudadanos en estas elecciones es el camino que seguirá Europa en los próximos años. EL PAÍS envió por correo electrónico a los seis principales cabezas de lista un cuestionario sobre algunos de los asuntos que están sobre la mesa en España y en la Unión, dos ámbitos que a menudo se entremezclan. Sus respuestas marcan diferencias pero también alumbran coincidencias.

EL PAÍS - Madrid - 30/05/2009

 
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Preguntas para los candidatos - ¿Hay que construir más centrales nucleares o cerrar las que finalicen su periodo de vida útil? - ¿Europa debe prohibir por ley la regularización masiva de inmigrantes? ¿Hay que ampliar o reducir el plazo de retención de inmigrantes antes de la expulsión, que se ha fijado ahora en 18 meses? - ¿En cuántas horas pondría el máximo de la jornada laboral? - ¿El cambio climático es un problema en España y en Europa? ¿Cómo combatirlo? - ¿Es partidario de la jurisdicción universal sin límites? Y, si hay que poner límites, ¿cuáles serían? - ¿Aceptaría a presos de Guantánamo en España? ¿Qué le parece esa prisión? - En la lucha contra el terrorismo, ¿hay que descartar por ley cualquier negociación para alcanzar la paz?

Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Jaime Mayor Oreja (PP), Willy Meyer (IU-ICV), Ramón Tremosa (Coalición por Europa, donde están CiU, PNV y Coalición Canaria), Oriol Junqueras (Europa de los Pueblos, que agrupa a ERC, BNG, Aralar y EA) y Francisco Sosa Wagner (UPyD). Ellos son los seis candidatos cuyas respuestas a un cuestionario común ha confrontado EL PAÍS. Y éstos son sus compromisos.

      La noticia en otros webs

      ENERGÍA NUCLEAR Un debate por abrir

      López Aguilar (PSOE). España debe apostar muy fuerte por las energías renovables, para conseguir que en 2050 constituyan prácticamente la totalidad de la oferta energética. La inversión en energía nuclear no sólo supone un obstáculo al desarrollo de las energías renovables; construir más centrales nucleares es además un esfuerzo de largo plazo y extraordinariamente caro, tiene problemas de seguridad y produce residuos radioactivos que no se sabe dónde almacenar. Si cambia la tecnología y se consigue que la construcción de las centrales no sea tan cara, que se garantice la seguridad y que los residuos se reutilicen o puedan ser almacenados sin peligro, abordaremos el debate, pero no es ésa la situación actual.

      Mayor Oreja (PP). Hay que abrir un debate en España, serio y sin prejuicios. Hay que poner en una balanza todos los elementos: el objetivo de reducir las emisiones de CO2

      y promover las energías renovables, la necesidad de mantener los empleos que dependen de las centrales nucleares, el problema del almacenamiento de los residuos, la necesidad de garantizar el suministro energético a precios asequibles...

      Meyer (IU-ICV). Nos oponemos a la energía nuclear, tanto por sus riesgos y residuos como por su coste. La UE debe establecer una moratoria y el cierre de las centrales. La solución pasa por un nuevo modelo productivo, energético y de consumo, eficiente, con empleo de calidad y ecológicamente sostenible. Una política energética común bajo control público de una Agencia Europea de la Energía, que no considere la energía como mercancía sino como un bien público.

      Tremosa (CPE). Toda Europa está concluyendo el debate sobre su suficiencia energética menos España, el país más dependiente energéticamente (80%). Hay que impulsar las energías renovables pero son insuficientes y muy caras. Ante la escasez futura del petróleo, Europa está construyendo una nueva generación de centrales nucleares más seguras y con posibilidad de reciclar los residuos. Hay que abrirse al diálogo y eliminar barreras ideológicas.

      Junqueras (EDP). Estamos a favor de la comunidad de las energías renovables que alguna vez se ha propuesto desde la UE. Defendemos la creación de una agencia europea que invierta en desarrollo de las energías renovables para evitar la dependencia energética. No se tienen que construir más centrales nucleares: se deben ir cerrando las que existen; pero no nos opondremos a la investigación en cualquier caso.

      Sosa Wagner (UPyD). Hablar del futuro energético es algo más que hablar de las centrales nucleares. Si el debate en el comienzo de la construcción de Europa fue el agrícola, hoy es claramente el energético. Todas las fuentes de energía deben ser valoradas sabiendo que la dependencia de los combustibles fósiles es muy peligrosa y contaminante. Respecto a la energía nuclear, nuestra opinión es que hay que abrir el debate. No descartamos su uso para fines pacíficos.

      INMIGRACIÓN Orden y derechos

      López Aguilar (PSOE). Quien piense que el fenómeno de la inmigración se va a detener por el ensalmo de una prohibición en una ley tiene desenfocada la cuestión. La inmigración irregular se combate ordenando los flujos, luchando contra las mafias, mejorando los mecanismos de repatriación, pero sobre todo contribuyendo al desarrollo de los países de origen. En cuanto al plazo de retención, si se amplía deberá ser siempre respetando escrupulosamente los límites establecidos por la Constitución.

      Mayor Oreja (PP). Las directivas europeas ya se pronuncian en contra de las regularizaciones masivas porque afectan a todos los países de la UE (somos un espacio sin fronteras). La legislación española debe adaptar la Directiva de Retorno de inmigrantes ilegales que ha aprobado la UE. Lo mejor es unificar los criterios de la Unión.

      Meyer (IU-ICV). La Directiva de Retorno (directiva de la vergüenza) votada por PP y PSOE supone un retroceso en materia de derechos humanos al establecer la deportación incluso de menores, y la detención casi automática, de duración excesiva (18 meses), bajo justificación administrativa, lo que la convierte en una detención arbitraria. Con esta directiva se pone fin a la Europa garantista. IU se opone al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería del Gobierno, que es la plasmación de la directiva de la vergüenza porque aumenta la retención hasta 60 días en unos centros de internamiento con condiciones deplorables y endurece las condiciones para la reagrupación familiar.

      Tremosa (CPE). Me sorprende la frivolidad extrema de la izquierda catalana y española cuando en toda Europa son los partidos de izquierdas los más estrictos en el control de los flujos de inmigración. Una entrada masiva de inmigrantes perjudica especialmente a las clases más populares de los países de acogida, por eso desde toda Europa se pide que la T-4 del aeropuerto de Barajas deje de ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal.

      Junqueras (EDP). La inmigración no se debe afrontar sólo desde el punto de vista legal, centrado en las expulsiones, el retorno voluntario y la inmigración circular. Debe ser un proceso de creación de ciudadanía. ERC cree que se tienen que promover políticas para garantizar una UE basada en la igualdad de oportunidades. Es preciso un plan de acogida de la población inmigrada.

      Sosa Wagner (UPyD). Estamos por la regulación de la política de inmigración en el nivel europeo, adjudicando a una agencia u otro órgano de la Unión la responsabilidad de este asunto, siempre en el marco del respeto a los derechos de los inmigrantes y con la mira puesta en su integración real y cultural en la sociedad que les acoge.

      JORNADA LABORAL La directiva sin 'padres'

      López Aguilar (PSOE). El que tenemos en nuestro Estatuto de los Trabajadores: 40 horas. La intentona de la derecha europea de extender la jornada laboral a 65 horas es un retroceso descomunal en derechos de los trabajadores que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

      Mayor Oreja (PP). La que marca el derecho laboral español, ni una hora más ni una menos. Por eso votamos en contra de la directiva sobre tiempo de trabajo, en la que el laborista británico Gordon Brown consiguió convencer a los Gobiernos de la Unión Europea para que se ampliara la jornada laboral semanal hasta 65 horas.

      Meyer (IU). Estamos por la jornada de 35 horas semanales en todo el ámbito europeo. Aceptamos hasta cinco horas extraordinarias: por tanto, una jornada máxima de 40 horas semanales. Todas las normas europeas y estatales sobre la jornada laboral deben adecuarse a este principio. Defendemos, además, las regulaciones estatales que mejoran esa jornada laboral.

      Tremosa (CPE). Hay que dejar libertad a los agentes económicos y sociales, dentro de un marco regulado por el sector público, para que según sean los trabajos y los sectores se pueda llegar a soluciones flexibles. Hay que reformar el mercado laboral para evitar la doble velocidad entre trabajadores jóvenes con contratos temporales (que ahora son despedidos masivamente aunque trabajen bien) y trabajadores mayores con contrato indefinido.

      Junqueras (EDP). Estamos en contra de la liberalización de la jornada laboral de la manera planteada por la directiva de las 65 horas. Los derechos laborales han sido objeto de negociación colectiva y es fundamental que así sea. Y en ningún caso debe superar las 37,5 horas. Sí estamos a favor que se limite los mecanismos que permiten el dumping social, homologando las condiciones en términos de derechos de trabajadores.

      Sosa Wagner (UPyD). El marco actual es válido, pero también es preciso atender al tipo de trabajo que se trate. Un asunto, por ejemplo, del que nadie parece ocuparse es la situación en que se encuentran los médicos españoles que enlazan guardias con jornadas de trabajo. Con este abuso, como con otros que se dan, hay que acabar.

      CAMBIO CLIMÁTICO Buenas intenciones

      López Aguilar (PSOE). Desde luego, la respuesta no es negarlo, como ha hecho algún dirigente de la derecha. Estamos ante un desafío en el que nos jugamos nada menos que el futuro. Europa y España deben apostar por las energías renovables y el transporte limpio. El futuro de Europa está en la economía verde.

      Mayor Oreja (PP). Hay que plantear políticas que reduzcan las emisiones de CO2 sin dogmatismos, que no supongan el hundimiento o la deslocalización de la industria europea y que garanticen la seguridad del abastecimiento energético. Los acuerdos alcanzados en diciembre en la UE van en la buena dirección. Ahora falta que el resto de socios internacionales, especialmente los países más contaminantes como EE UU, China, India o Rusia se sumen a ese acuerdo.

      Meyer (IU-ICV). Estamos a favor del desarrollo inmediato y consistente de un nuevo Tratado internacional, un Kyoto 2. Exigimos el total cumplimiento de todos los compromisos firmados y aceptados por la UE: la reducción de las emisiones globales un 30% para 2020 y al menos un 80% para 2050, el aumento del uso de energías renovables al menos un 25% para 2020, y la reducción del consumo de energía primaria un 25% para 2020 y aumentar la eficiencia energética en un 2% por año, incluyendo una limitación del consumo per cápita.

      Tremosa (CPE). El ciclo climático ha existido siempre en la tierra pero hay que evitar que la acción del hombre acelere los ciclos cálidos naturales de clima. El problema es global y las soluciones tienen que ser locales pero también globales.

      Junqueras (EDP). El cambio climático es un reto global. Es preciso que la UE recupere el liderazgo mundial en las cuestiones ambientales, en todo aquello referente al cambio climático. Apoyamos los objetivos de cara a 2020 de ahorro energético, reducción de emisiones contaminantes y uso de energías renovables.

      Sosa Wagner (UPyD). Se trata de un problema serio, sobre todo en España, cuyo Gobierno no se ocupa de cumplir los acuerdos de Kyoto. Todas las Administraciones, incluida la local, deben implicarse evitando derroches. Hay que ser conscientes de que esto significa cambiar hábitos de los ciudadanos, ahuyentar rutinas en la planificación urbanística, olvidarse de despilfarros y, sobre todo, apostar por el transporte público. Un no rotundo a la invasión del coche en las ciudades.

      JUSTICIA INTERNACIONAL Los límites de la ley

      López Aguilar (PSOE). La jurisdicción universal de la justicia española ha tenido efectos positivos sobre la imagen de España, defensora de los derechos humanos a nivel internacional. No creo que haya que revisar su existencia en delitos de extrema gravedad, pero sí creo, como promueve el Gobierno, que hay que acotar dicha jurisdicción a los supuestos donde existe un nexo de conexión con España o con ciudadanos españoles, y apostar por la Corte Penal Internacional para el resto de los supuestos.

      Mayor Oreja (PP). Como principio, no soy partidario de que tribunales nacionales inicien procesos basados en el principio de la jurisdicción universal. Lo que se debe es potenciar los órganos judiciales supranacionales, como el Tribunal Penal Internacional. El PP ha votado a favor de una resolución en este sentido en el Congreso: acotar esa jurisdicción únicamente a los casos en los que haya conexión con los tribunales españoles.

      Meyer (IU-ICV). No es posible limitar la jurisdicción universal sin incumplir los tratados internacionales para la persecución de crímenes contra la humanidad firmados por España, que obligan a nuestras instituciones a perseguir esos crímenes. La Corte Penal Internacional apenas ha abierto causas, pues se encuentra secuestrada por el bloqueo de las grandes potencias a la hora de perseguir a ciudadanos de Estados poderosos. La limitación de la jurisdicción universal responde a las presiones de EE UU e Israel.

      Tremosa (CPE). Sí, soy partidario. Es impresentable que un juez español pueda encausar a un dictador chileno y que los jueces extranjeros no puedan encausar dictadores o altos cargos de la dictadura franquista en España.

      Junqueras (EDP). Estamos a favor de perseguir más allá de las fronteras estatales delitos contra la humanidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos... entre otros. Es por ello que estamos en favor de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.

      Sosa Wagner (UPyD). Somos partidarios de la jurisdicción universal, siempre que no se atribuya a los jueces de la Audiencia Nacional. Para eso están los tribunales internacionales previstos o que se puedan prever en el Derecho internacional.

      PRESOS DE GUANTÁNAMO Un problema de EE UU

      López Aguilar (PSOE). La prisión de Guantánamo se ha constituido en el símbolo de una política que ha hecho añicos la identificación de EE UU con el respeto a los derechos humanos, algo de lo que es consciente la Administración de Barack Obama y que está tratando de reparar. Si España recibe alguna petición de EE UU para hacer frente al problema que se crea con su desmantelamiento, mostrará disposición a colaborar, siempre salvaguardando nuestro ordenamiento jurídico, el interés de nuestro país y nuestra seguridad.

      Mayor Oreja (PP). En el Parlamento Europeo hemos aprobado resoluciones a favor del cierre de Guantánamo. Pero su existencia es un problema de Estados Unidos que debe resolver Estados Unidos. No estoy en contra de ayudar a ese país a resolver el problema pero tiene que ser en condiciones muy claras. No creo que algún país europeo deba aceptar a los presos de Guantánamo sin tener claro cuál es el estatuto jurídico de cada uno.

      Meyer (IU-ICV). Aceptar presos de Guantánamo en España sería como legitimar la operación de los vuelos de la CIA, es decir, la vieja política de Bush -de la cual fueron cómplices muchos Gobiernos europeos- de responder al crimen con más crimen, a la tortura con tortura. Respecto a los presos que allí se encuentran, debe probarse su culpabilidad, pero si no existen pruebas deben ser puestos en libertad. IU siempre ha pedido el cierre de la prisión ilegal de Guantánamo por considerarla una de las mayores vergüenzas internacionales y un limbo jurídico.

      Tremosa (CPE). La presunción de inocencia debe respetarse tanto como sea posible. Nunca me gustó Guantánamo y no me gustaría que el Estado español acogiera una prisión similar.

      Junqueras (EDP). Sólo se pueden aceptar cárceles que respeten los derechos humanos. Las cárceles también tienen que respetar los principios penitenciarios y judiciales básicos.

      Sosa Wagner (UPyD). Sí, si se produjera en el marco de acuerdos que implicaran a la UE y a todos los Estados europeos. La prisión de Guantánamo nos parece abominable, exactamente igual que todas aquellas en las que no se respetan las exigencias del Estado de derecho y que existen en países como Rusia, China o la prisión americana de Bagram en Afganistán de la que, por cierto, nadie habla.

      POLÍTICA ANTITERRORISTA No más negociaciones

      López Aguilar (PSOE). ETA ha tenido varias oportunidades para dejar de existir a través del diálogo y las ha desperdiciado todas. Por tanto, el mensaje ahora es claro: no habrá negociación con ETA. Que eso se plasme en una ley o no es secundario.

      Mayor Oreja (PP). En la lucha contra el terrorismo sólo debe contar un principio: combatir a los asesinos con las normas de que dispone el Estado de derecho. Siempre he sido contrario a la negociación con los terroristas. Ese principio debe ser indubitado, más allá de debatir si se plasma en un texto legal o no.

      Meyer (IU-ICV). Nos posicionamos claramente contra el terrorismo y a favor del uso de los instrumentos del Estado de derecho para combatirlo. Sin embargo, la llamada "lucha contra el terrorismo internacional" utiliza el término terrorismo para ocultar las causas sociales y políticas de los conflictos internacionales, lo que nos ha llevado a un mayor grado de inseguridad global y ha sido utilizado para limitar los derechos y las libertades de la ciudadanía. La seguridad internacional no es un problema militar, sino un problema de desarrollo, por lo que debe basarse en principios de paz, de cooperación, en la búsqueda de la solución política y civil de los conflictos a través de los organismos y de la legislación internacional.

      Tremosa (CPE). No, pero cada caso es cada caso. No hay que tener apriorismos prefijados para intentar acabar con la violencia siempre que se pueda a partir del diálogo.

      Junqueras (EDP). Si existe terrorismo es por algún conflicto político, social, económico... Se tiene que intentar resolver los conflictos mediante salidas dialogadas y pacíficas. Hay que hablar, hay que dialogar, siempre. Nunca el diálogo ni la negociación deben ser prohibidos por ley.

      Sosa Wagner (UPyD). A los terroristas hay que vencerles.


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      HOAC: "Por la Europa social, la justicia y la dignidad de las personas"

      HOAC: "Por la Europa social, la justicia y la dignidad de las personas"

      30.05.09 | 09:06. Archivado en HOAC
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      Entre el 4 y el 7 de Junio (fecha de las elecciones en nuestro país) los aproximadamente 375 millones de ciudadanos europeos con derecho a voto, de los 27 países miembros de la Unión Europea, estamos llamados a las Elecciones al Parlamento Europeo para el que elegiremos a 736 diputados (según el vigente Tratado de Niza), de los cuales los españoles elegimos a 50. Este número de diputados se puede ver ampliado hasta 751 en 2010, si se ratifica el Tratado de Lisboa, con lo que España elegiría 4 más.

      El Parlamento actual cuenta con una mayoría conservadora constituida alrededor del Partido Popular Europeo (grupo en el que se integran tanto el PP como CiU) y que cuenta con 278 diputados y otros grupos entre los que destaca la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, que cuenta con otros 104; frente a la minoría progresista liderada por el Grupo Socialista Europeo, con 216 y otros grupos como Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde (donde se integra IU) con 41. En España en las últimas Elecciones al Parlamento Europeo del 2004 el PSOE obtuvo 25 diputados, el PP 24, IU 2 y el bloque nacionalista otros 2.

      Estas Elecciones se celebran en plena crisis económica mundial, que lejos de ser una más de las crisis a las que nos tiene acostumbrados el sistema, es mucho más profunda, y pone en cuestión toda una forma de concebir el crecimiento económico, de organizar la vida social y de la orientación ética de nuestra sociedad. Por eso se trata de unas elecciones en las que deberíamos prestar gran atención a todo lo que puede significar un avance o un retroceso en la ineludible necesidad de profundizar en la defensa de los derechos de las personas, de la justicia social, de los valores que nos humanizan y de un modelo social que facilite una vida digna y la lucha contra el empobrecimiento de que son víctimas tantos miles de millones de hermanos y hermanas nuestros.

      Presentamos esta reflexión sobre las Elecciones Europeas guiados por el afán de justicia y solidaridad a favor de las personas, colectivos y pueblos empobrecidos. Con ello, queremos, con Cristo y como Él, anunciar la Buena Noticia a los pobres (Lc 4, 18)

      El problema de la participación

      Como movimiento de militantes obreros cristianos consideramos que un proceso como el de la construcción europea tiene un importante valor desde la perspectiva de la configuración de un amplio espacio de colaboración, cooperación y solidaridad entre los países, que puede orientarse hacia la construcción de una mayor conciencia y vivencia de la vocación de las personas y los pueblos a la fraternidad y la búsqueda conjunta del bien común, elemento esencial y central de toda comunidad política que pretenda estar al servicio de las personas. Sin embargo, tenemos un problema importante de participación, implicación y conciencia de la importancia que puede tener un proceso como el de la construcción europea, que se refleja también en las elecciones al Parlamento Europeo.

      A pesar de que, según indican todos los sondeos, los ciudadanos somos cada día más conscientes de nuestra pertenencia a Europa y de que muchas decisiones importantes para nuestro modelo social, nuestros servicios y sobre todo nuestra economía, se toman en el ámbito de la Unión Europea las previsiones de participación en estos comicios lejos de ir al alza van a la baja.

      Ya en las Elecciones de 2004 y en otros comicios anteriores hay un dato que destaca de manera sobresaliente sobre los demás: el alto grado de abstención, que en el 2004 fue en nuestro país del 54,86% frente al sólo 45% que ejerció su derecho al voto.

      En el último barómetro del parlamento europeo, de este mismo año 2009, solo un 34% de los ciudadanos europeos manifiesta su intención de ir a votar —los españoles estamos por debajo de esta media y nos quedamos en un 27%—. Lo que parece indicar una tendencia al aumento de la abstención en las elecciones de Junio.

      Este mismo sondeo indica una bajada en la confianza que los ciudadanos tenemos en relación con las instituciones europeas y que va bajando lenta pero progresivamente, situándose sólo en el 45% el número de ciudadanos que dice confiar en una institución como el Parlamento Europeo.

      Tal y como hemos venido reflejando en anteriores reflexiones sobre otros procesos electorales, hay elementos comunes que pueden explicar en parte esta tendencia al aumento de la apatía, el desinterés y lo que es peor, la desconfianza, de los ciudadanos hacia lo político; como son la bipolarización partidista, la tendencia en el debate político más a la descalificación del contrario que a la defensa o exposición de la propia propuesta, el uso y abuso de técnicas de marketing y publicidad que dificultan la percepción de las propuestas reales, la opacidad del funcionamiento interno de los partidos y/o la «profesionalización» de la «carrera política», el retroceso de instrumentos de participación e información ciudadana. En definitiva, el predominio de un modelo político que convierte a los ciudadanos más en objetos que en sujetos de la vida política y que aleja la acción política de la vida cotidiana de las personas.

      A estas razones habría que añadir, en el caso singular de este proceso electoral, que los ciudadanos seguimos percibiendo con demasiada lejanía las instituciones europeas; no acabamos de percibir su importancia, nos sentimos muy poco miembros de una comunidad más amplia que es la UE. Asimismo es claro que en esta Europa de los 27 pesan mucho más los Estados que las instituciones europeas, y así las deliberaciones y equilibrios que se producen en el Consejo (donde están los gobiernos nacionales) determinan en gran parte el trabajo de la Comisión y/o del Parlamento. Esta situación de relativa primacía de los Estados miembro sobre las instituciones europeas hace que el proceso de configuración de esta nueva realidad supranacional que debe ser la UE, para conseguir políticas comunes y compartidas en sus aspectos fundamentales —economía, derechos sociales, empleo, seguridad y defensa, relaciones exteriores— esté siendo un proceso lento y lleno de incertidumbres, que favorece poco una percepción clara de su necesidad y operatividad por parte del ciudadano.

      En cualquier caso son muy preocupantes estos niveles populares de desconfianza y de desinterés por el proceso de construcción de la Unión Europea y por lo tanto constituye un reto de primera importancia analizar sus causas y aumentar el nivel de información, cercanía y compromiso de las instituciones nacionales y comunitarias hacía los ciudadanos.

      En el caso particular de España, mucho nos tememos que como en anteriores comicios electorales, Municipales y Autonómicas de 2007 y Generales de 2008, la bipolarización entre PP y PSOE lo invada todo y diluya cualquier otra perspectiva más plural y que, también de nuevo, la simplificación del debate político al «conmigo o contra mí» vuelva a impedir a los ciudadanos poder percibir nítidamente las diferentes propuestas que se le plantean, incluso las que pretenden defender estos dos grandes partidos.

      Asimismo que, como pasó en las Municipales de hace dos años, este proceso se convierta en una especie de anticipo o primarias de las próximas elecciones generales (a pesar de que sólo hace un año que se celebraron las anteriores), para revalidar la confianza o no respecto a las políticas nacionales de estos dos grandes partidos. O dicho de otra manera, que todo el debate se haga en clave nacional y alrededor de quién es o no el «culpable» de la actual situación de crisis económica.

      Creemos que, con sus luces y sus sombras, el proceso de construcción europea ha tenido y está teniendo elementos positivos, como los fondos de cohesión europeos, la mejora de infraestructuras, el progreso económico, la consolidación y el reconocimiento de derechos sociales, la estabilidad política…, aunque también importantes déficits en la construcción política y en avances sociales, por ejemplo, que avanza mucho más lentamente que la configuración del mercado común o la política monetaria. Lo que realmente debería debatirse es esta situación de la Unión Europea.

      Por lo que otro reto que nos plantean estas elecciones es el de ayudar, en la medida de lo posible, a que los ciudadanos puedan tener una percepción clara de cuáles son las propuestas programáticas que los diversos grupos políticos van a defender en el nuevo Parlamento Europeo. Esta reflexión intenta contribuir, desde nuestra modesta aportación, a esta clarificación.

      ¿Qué nos jugamos en estas Elecciones? Los trabajadores en la UE

      Por lo que se refiere a los contenidos de las propuestas políticas, consideramos que debemos prestar especial atención a valorarlas desde la perspectiva de, en primer lugar, lo que suponen para el respeto y el reconocimiento efectivo de la dignidad de las personas, lo que se traduce y concreta en la promoción de los derechos y las responsabilidades sociales de las personas. En segundo lugar, lo que suponen para la promoción del bien común, es decir, para la creación de las mejores condiciones sociales posibles en este momento para que las personas, familias y grupos sociales puedan desarrollar una vida digna, subordinando para ello los intereses particulares al interés general y, sobre todo, dando prioridad a las necesidades y derechos de los empobrecidos. Y, en tercer lugar, como reconocimiento real de la dignidad de las personas y de la voluntad de buscar el bien común, lo que suponen para la solidaridad con los empobrecidos, la lucha contra el empobrecimiento como objetivo fundamental y central, y el avance de la justicia en la vida social.

      Estas Elecciones, como ya hemos dicho, tienen lugar en plena crisis económica mundial, que ha puesto en evidencia al propio modelo económico y social, así como la necesidad de controles sociales y políticos sobre el mercado y de manera especial de nuevas regulaciones del sistema financiero también de carácter global, más allá de los controles nacionales. Pero, más aún, la necesidad de subordinar el modelo económico al desarrollo social.

      Es evidente también que en estos momentos hay voces que, aun compartiendo que el origen de esta crisis está en la desmesura de la ambición y el descontrol del sistema financiero, quieren aprovechar la ocasión para provocar un recorte de los derechos sociales poniendo sobre la mesa la supuesta necesidad de reformar, introduciendo aún mayor flexibilidad y precariedad, las actuales condiciones laborales, las prestaciones sociales. Y frente a ellas, otras voces que entienden que hay una necesidad de aumentar las coberturas sociales para paliar los efectos de esta crisis sobre los sectores más empobrecidos que no son responsables de la crisis, consolidar los derechos laborales, aumentar la intervención pública en los procesos económicos sobre todo aumentando el control sobre el sistema financiero a todos los niveles y apostando por modelos económicos que pongan el acento en la formación, en i+d+i (investigación, desarrollo e innovación) en alternativas energéticas más compatibles con el medio ambiente.

      Con esta situación de fondo y desde la perspectiva que hemos planteado, en nuestra opinión los asuntos de mayor calado a los que deberían responder las propuestas de los partidos en estas Elecciones al Parlamento Europeo son las siguientes:

      1.º Economía–Modelo Social Europeo–Estado del Bienestar y defensa del Medio Ambiente–La lucha contra la pobreza

      En la determinación de políticas comunes, en éste, como en otros aspectos que señalaremos a continuación, van a ser muy importantes los avances que se puedan ir dando en la configuración de una auténtica y completa unión política europea, que aumente la capacidad de intervención tanto del Parlamento como de la Comisión, frente a las cumbres de Jefes de Estado y del Consejo Europeo. A mayor unión política, mayor peso a la hora de determinar salidas globales a la crisis o influencia en las decisiones de cumbres como las del G-20 en la dirección de nuestro modelo social europeo.

      Nadie parece discutir que la salida de esta crisis, en Europa, pasa por apostar por un modelo económico más competitivo y sostenible social y ecológicamente, pero basando el aumento de competitividad en la Formación (itinerarios profesionales a nivel europeo), la Educación (lucha contra el fracaso escolar), en la apuesta por la i+d+i aumentando de manera considerable la inversión tanto pública como privada, en un cambio de modelo en los sistemas de transporte, en un nuevo modelo energético con inversión en nuevos sistemas de energía menos contaminantes y respetuosos con el medio ambiente; asimismo con una política medio ambiental que combata de manera decidida el cambio climático. Y por supuesto con una apuesta decidida por reformas profundas y control público del sistema financiero. Y también por la subordinación del modelo económico a fines sociales. El debate está en si los Estados Europeos serán capaces de ponerse de acuerdo en un Plan de Choque contra la crisis compartido por todos.

      Para los sindicatos y para el conjunto de los trabajadores europeos, parece claro que esta salida que se plantea a la crisis debe hacerse, en cualquier caso, desde el respeto a los derechos sociales, laborales y políticas de igualdad, en el aumento de las coberturas de desempleo, en unos servicios públicos de calidad y accesibles a los ciudadanos, todo ello en el marco de un nuevo Pacto Social a nivel europeo con participación de los sindicatos. Es más, esos derechos sociales y laborales deben ser un pilar fundamental del propio modelo económico europeo. En ese sentido, es fundamental dar mayor prioridad y centralidad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los países de la Unión Europea, aspecto en el que es decisiva la apuesta por un trabajo digno y la lucha contra la precariedad laboral y el desempleo.

      2.º Políticas de cohesión–Presupuesto comunitario y armonización fiscal

      En casi todos los territorios de España sabemos de la experiencia positiva que han supuesto las políticas de cohesión, fondos de inversión europeos en infraestructuras de todo tipo, para el crecimiento de nuestros pueblos y ciudades. Hemos venido siendo receptores netos de estas ayudas que nos han permitido estar cerca y en algún caso por encima de las medias europeas. La ampliación a 25 y después a 27 con la incorporación sucesiva, primero de países del Este y en la última ampliación de Bulgaria y Rumanía, países con menos renta que la nuestra, hace más necesario que nunca el aumento de los fondos de cohesión lo que pasaría por una apuesta decidida por la ampliación del Presupuesto comunitario (en estos momentos alrededor del 1% del PIB europeo) y el mantenimiento con las reformas necesarias de instrumentos como la PAC (política agraria común) y otros.

      Asimismo para aumentar esta cohesión interna e ir igualando por tanto la prestación de servicios y la calidad de los mismos en todo el ámbito de la UE se hace cada vez más necesario un proceso de armonización fiscal, igualando la capacidad impositiva de todos los Estados al menos a lo que sería la media actual entre todos los países. Porque sin recursos públicos es imposible profundizar en políticas de redistribución, en la lucha contra la pobreza y en mayor justicia social, tanto en ayudas directas como con la mejora de servicios públicos de carácter básico como la Educación o la Sanidad.

      3.º Apostar por una cultura europea basada en valores compartidos, políticas de igualdad y libertades.

      Política común de inmigración

      Estamos convencidos que debe ser objetivo común compartido por todos conseguir que la UE sea un espacio de vida en común donde los valores de referencia sean la justicia, la libertad, la igualdad de oportunidades, la preservación del medioambiente, los derechos sociales y laborales y el pleno respeto por las opciones ideológicas y religiosas de cada cual. Pues bien desde esta perspectiva cultural y política creemos que hay que valorar las diferentes propuestas que se nos planteen en materia de políticas de igualdad hombre-mujer, de discapacidad y/o de origen racial o étnico. Y, en general, sobre el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos como fundamento de la convivencia social.

      Desde esta perspectiva es fundamental una política común en materia de inmigración, mucho más justa y humana que la actual, que esté basada en políticas de acogimiento y respeto de todos los derechos de ciudadanía de los nuevos vecinos, que persiga no a las víctimas sino a las mafias que se enriquecen alrededor de estos flujos de necesidad y que busque políticas de solidaridad y de encuentro con las economías de origen para ayudar en su desarrollo, para conseguir que los flujos de emigrantes tengan su origen en una opción personal y no en la imperiosa necesidad de supervivencia. En este sentido son también decisivas las políticas laborales basadas en el igual reconocimiento de derechos de los trabajadores inmigrantes y las políticas de servicios públicos en igualdad de condiciones para todos.

      4.º Política exterior común y apuesta por un desarrollo integral y por la solidaridad internacional

      Como hemos planteado en otros aspectos, nadie cuestiona la necesidad de que la Unión Europea cuente con una política exterior común, que le permita tener una sola voz frente a otras potencias regionales como EEUU, Rusia, China, etc. Pero es evidente también que sigue siendo un objetivo y un deseo más que una realidad, a pesar de los avances que se hayan podido dar en este campo.

      Con el cambio de presidencia en los EEUU y la llegada de Obama a la Casa Blanca se abre un nuevo ciclo en las relaciones internaciones, ya que parece que esta nueva administración americana apuesta por el multilateralismo con todas las posibilidades de dialogo que esta nueva postura comporta. En este contexto, la Unión Europea debe apostar decididamente por la promoción del diálogo internacional, el reforzamiento de los espacios de cooperación, la solución pacífica a los conflictos y la desmilitarización y desarme de nuestro mundo, el respeto de la diversidad cultural, y el impulso práctico del desarrollo integral de los pueblos.

      Parece claro, por tanto, que hay que apostar de manera decidida por avanzar en una política exterior común de la Unión Europea, para que nuestro modelo europeo pueda tener interlocución y poder suficiente para garantizar una voz propia en relación con la salida de la crisis, las política de defensa más allá de la OTAN, las relaciones con América Latina y África, así como con China y Asia y de una manera relevante con el mundo islámico a través de iniciativas como la del «diálogo de civilizaciones» o la resolución positiva de la ampliación de la Unión Europea a un estado de mayoría islamista como es Turquía.

      Asimismo, ahora más que nunca, y precisamente por el impacto que la crisis está teniendo en los países más pobres, hay que garantizar y promover una mayor aportación a fondos de solidaridad y ayuda al desarrollo y una mayor determinación en la UE por potenciar estas políticas de solidaridad. Y, sobre todo, apostar por las necesarias reformas en el comercio internacional concretamente una política agrícola europea que no perjudique la producción y comercio agrícola del Tercer Mundo , en las políticas de cooperación, en la gestión de la deuda externa, para caminar hacia un modelo de relaciones internacionales que ayude a caminar hacia la superación de la actual situación de dependencia y de enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de otros.

      Por último es muy importante también valorar en qué orden de prioridad se establecen estas políticas, a veces falsamente compartidas por parte de cada partido, ya que no es lo mismo poner el acento, por ejemplo, en políticas de control de fronteras respecto a la inmigración o en políticas comunes de acogimiento y dialogo con los países de origen de estos inmigrantes. O considerar que «también» hay que luchar contra la exclusión social, por los derechos laborales…, que hacer de estos elementos un eje central de la política económica.

      Un llamamiento a la participación y al compromiso

      Como trabajadores cristianos comprometidos en la vida pública queremos recordar que tanto nuestros sindicatos, a través del manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) «Que se oiga la voz de la Europa Social», como nuestros Obispos, a través de la Declaración de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) «Construir una mejor casa Europea», nos instan a que participemos en este proceso y a que lo hagamos nuestro.

      En un mundo globalizado, en el marco de una crisis como la actual que está provocando tanto dolor y sufrimiento injustos, consideramos que es necesario fortalecer y profundizar un modelo social mucho más justo y solidario como al que aspiramos en la Unión Europea, frente a otros modelos más agresivos y menos respetuosos con los derechos de las personas y con el medio ambiente. Por eso es importante apostar en estas elecciones europeas por la participación y el compromiso y que los cristianos estemos dispuestos y deseosos de contribuir a la satisfacción de estas aspiraciones.


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      Rodrigo González Fernández
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      INFORDER; ARGENTINA:Fue presentado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública


      30 de mayo de 2009 - Rosario - Argentina
      Fue presentado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública

      El senador provincial Juan Carlos Zabalza presentó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que reconoce en el ámbito de la provincia de Santa Fe el derecho al libre acceso a la misma.

      Esta iniciativa tiene como objeto fundamental promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del estado, principio que ya se encuentra presente en el artículo primero de la Constitución Provincial, donde se reconoce la presunción de publicidad de la actividad estatal como un aspecto fundamental del sistema republicano de gobierno.

      El senador Zabalza remarcó que: "una ley de Acceso a la Información Pública representa un avance substancial en el fortalecimiento de la democracia, facilitando a todos los ciudadanos la participación y el control de los actos de gobierno".

      El proyecto establece que la información pública que se brinde al solicitante debe ser completa, adecuada, oportuna y veraz. Al mismo tiempo, el ejercicio del derecho no se encuentra limitado por la exigencia de un "interés legítimo" ni se exige al solicitante que explique los motivos al momento de requerir determinada información. El proyecto de ley establece que el acceso a la información es también gratuito.


      El legislador a su vez recordó que a lo largo de los años fueron numerosas las iniciativas elaboradas por diversos legisladores e incluso por el Poder Ejecutivo Provincial, pero si bien algunas obtuvieron la media sanción de la Cámara Baja, ninguna consiguió la sanción definitiva en el Senado.



      Esta carencia normativa motivó el reciente dictado del decreto Nro. 692/2009, del pasado 29 de abril, por el cual el gobierno del Frente Progresista regula el mecanismo de acceso a la información pública en el marco de competencia del Poder Ejecutivo. "Por ello – explicó el senador Zabalza – en el proyecto se incluye a los tres poderes del estado, a quienes presten servicios públicos o reciban fondos públicos, y se deja abierta la invitación para que municipios y comunas puedan adherir a la ley".



      Por otra parte, Zabalza hizo expresa mención del importante papel desempeñado a lo largo de todos estos años por numerosas organizaciones sociales, gremiales y políticas, de derechos humanos, profesionales y académicas; y en especial por el Sindicato de Prensa Rosario, que organizó y encabezó numerosas iniciativas solicitando la aprobación de una ley que consagre el derecho al acceso a la información pública.



      Entre los fundamentos jurídicos de este derecho, es necesario recordar que diversos Tratados Internacionales que afirman y contemplan el derecho de libre acceso a la información, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art 19); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art 1, inc. 1 y Art. 13, inc. 1, 2 y 3); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19 inc. 2); tienen jerarquía constitucional de acuerdo a lo expresado en el Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.


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      VENEZUELA: "Tenemos derecho a la información"

      "Tenemos derecho a la información" Imprimir E-Mail
      Escrito por Luisana Y. Bermúdez García - Foto:Archivo   
      viernes, 29 de mayo de 2009
      Image Rasimni Moyetón, consejero académico nacional universitario de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y coordinador regional de Justicia Universitaria Bolívar explicó con respecto a la conmemoración del segundo año desde que Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de ser un canal de señal libre "observamos las innumerables amenazas que hace el Gobierno Nacional a los medios de comunicación y nos preguntamos si ese es el camino para reconciliar a los venezolanos, que tenemos derecho a la información (...) y a escoger qué medio de comunicación deseamos observar, leer o escuchar".

      De igual forma, Moyetón tildó de "antidemocrática" la sanción aplicada por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al citado medio de comunicación, por considerar que "fue una decisión que cercenó el derecho a transmitir al canal más antiguo del país, impidiéndole a la audiencia la posibilidad de elegir y ver programas de variedades, noticias, concursos, deportes y humor".

      En tal sentido, argumentó "hoy no podemos aplaudir este nuevo atropello con que nos amenaza el Gobierno Nacional, por eso elevamos nuestras voces con un claro rechazo a tales anuncios de cerrar otros medios de comunicación".

      También agregó que "Venezuela es un país que necesita más trabajo y menos habladera, unión para levantarnos como un país próspero donde se respeten las leyes, siendo éstas para todos por igual; Venezuela siempre ha sido y será tierra de hombres y mujeres libres".

      Por su parte, el coordinador regional de Justicia Juvenil Bolívar y dirigente estudiantil de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Daniel Merino, aseveró que "Chávez continúa amenazando la libertad de expresión".

      En este mismo orden de ideas Merino agregó "Estamos en un país donde ya se cerró un medio de comunicación y se pretende cerrar otro. Vamos por el camino de la desigualdad, desinformación, un camino donde se nos va a decir qué ver y cómo verlo, donde se nos obligará a pensar de una manera particular y no libre como expresa nuestra Constitución Nacional".

      Finalmente, Merino concluyó haciendo un llamado a la población en general a "reflexionar" acerca de la situación actual existente en el país, más aún "si esta es la Venezuela que queremos dejarle a nuestros hijos".


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      Bachelet es nombrada ciudadana de honor de la región de Borgoña009 07:33 PARIS.-

      Su antepasado Louis Joseph Bachelet abandonó su tierra de origen en la Borgoña para emigrar en 1859 a Chile.

      Bachelet es nombrada ciudadana de honor de la región de Borgoña

      EFE
      Sábado 30 de Mayo de 2009 07:33
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      PARIS.- La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, fue nombrada este sábado "ciudadana de honor" de la región francesa de la Borgoña, en un acto celebrado en su Consejo Regional, en la ciudad de Dijon.

      En su tercera jornada de visita oficial a Francia, Bachelet se trasladó a esta zona del este del país, de la que es originaria su familia.

      La presidenta chilena agradeció el nombramiento ante los representantes del Consejo Regional y de su presidente, François Patriat, y luego abandonó la ciudad con dirección a Chassagne Montrachet.

      En esta pequeña localidad la presidenta Bachelet tiene previsto visitar la casa que perteneció a su familia e inaugurar un parque que llevará su nombre.

      Su antepasado Louis Joseph Bachelet abandonó su tierra de origen en la Borgoña para emigrar en 1859 a Chile, a donde llevó sus conocimientos del cultivo de la vid.

      Chassagne Montrachet, una localidad de unos 400 habitantes, situada al sur de Dijon, es conocida precisamente por sus vinos de calidad.


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      ARGENTINA: Estrellándose contra la realidad

      Sin escrúpulos y en las peores condiciones, los Kirchner parecen dispuestos a jugarse la última carta esa que implicaría la disolución total de país. Una Argentina en vías de extinción que se desintegra, día a día por los enfrentamientos programados por Néstor primero, tratando de ocultar la decadencia a partir de un elaborado plan de intimidaciones, injurias y aprietes, a cargo de la patota oficial.

      Mientras el inescrupuloso caminante sin camino, pasea su osamenta por las callecitas de la provincia de Buenos Aires, con un itinerario preparado por el intendente del lugar. Se muestran las caras de la necesidad ávidas de soluciones rodeando un candidato disfrazado de cordero, que promete y no cumplirá, después de haber conseguido el voto cautivo, si es que todavía logra acumular, los sufragios clientelistas aportados por un caudillaje bonaerense, al que nada le importa de los que somete con su juego sucio.

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      Autor: Susana Sechi
      Directora de La Historia Paralela


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      viernes, mayo 29, 2009

      ¿Gobierno digital?

      Gobierno digital?

      Con motivo de los cuestionamientos a ciertas candidaturas, la justicia da muestras de seguir anclada en el mundo de los átomos. Para acreditar su residencia en el distrito por el cual se postula, una de las personas cuestionadas tuvo que presentar las guías telefónicas en papel, al tiempo que no fueron consideradas facturas de servicios porque no estaban selladas, siendo que las mismas estaban adheridas al sistema de débito automático. ¡Un upgrade a la derecha! (o izquierda, no hay problemas ideológicos).


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      Saludos
      Rodrigo González Fernández
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      Experiencias personales enriquecen carrera de designada al Tribunal Supremo

      Experiencias personales enriquecen carrera de designada al Tribunal Supremo

      (Sonia Sotomayor es la designada para reemplazar al juez David Souter) (564)
       
       


      Por Merle David Kellerhals Jr.
      Redactor

      Washington - Un juez del Tribunal Supremo debe tener no solo "maestría en la ley" sino que también "experiencia en ser sometida a la prueba de obstáculos y barreras", dijo el presidente Obama, el 26 de mayo.

      Sonia Sotomayor, jueza del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, tiene esa experiencia, agregó Obama al designarla como candidata para jueza de la corte judicial más importante de Estados Unidos. De ser confirmada por el Senado de Estados Unidos, Sotomayor sería la primera mujer hispana, y la tercera mujer, que sirve en el Tribunal Supremo.

      "Creo firmemente en el imperio de la ley, como el fundamento de todos nuestros derechos básicos. Hasta donde recuerdo mi inspiración han sido los logros de nuestros próceres. Ellos establecieron los principios que han perdurado por más de dos siglos", declaró Sotomayor en la Casa Blanca.

      "Sería par mí un profundo privilegio desempeñar un papel en aplicar esos principios a las cuestiones y controversia que actualmente enfrontamos", añadió.

      Sotomayor ha servido 11 años como jueza del Tribunal de Apelaciones en el  Segundo Circuito de Nueva York, puesto al que fue designada por el presidente demócrata Bill Clinton. Antes, el presidente republicano George H. W. Bush la había designado jueza  del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, también en Nueva York. Sotomayor ha ejercido también como abogada, para una empresa privada y como ayudante de fiscal de distrito en la Ciudad de Nueva York.

      "Durante una distinguida carrera que se extiende por tres décadas la jueza Sotomayor ha trabajado en casi todo nivel de nuestro sistema judicial, acumulando una profunda experiencia y una amplia perspectiva, que le serán invalorables la jueza del Tribunal Supremo", dijo Obama.

      "Pero tan impresionante y significativa como las credenciales de la jueza Sotomayor en la ley, también lo es su extraordinaria jornada", afirmó el presidente.

      Los padres de Sotomayor llegaron a Nueva York procedentes de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió cuando ella tenía 9 años. Sotomayor fue criada por su madre, en un edificio de vivienda pública en el Bronx, un distrito de la ciudad de Nueva York. Ganó becas que le ayudaron a asistir a la Universidad de Princeton y luego asistió a la Facultad de Derecho de Yale.

      "Me apoyaron un sin número de personas", dijo Sotomayor, al recordar que su madre con frecuencia tuvo que trabajar en dos empleos a la vez para mantener a su familia.

      "Aunque crecí en circunstancias muy modestas y difíciles, yo considero que mi vida es de riqueza inconmensurable. Crecí un proyecto de vivienda pública en el Bronx, pero estudié en dos de las mejores universidades del país", afirmó.

      Dijo Sotomayor que la variedad  de su experiencia personal y profesional ha ayudado a Sotomayor  a"apreciar la variedad de perspectivas" que ocurren en cada caso legal. "Me ha ayudado a comprender, respetar y responder a las preocupaciones y los argumentos de los litigantes que se me presentan".

      "Hago todo esfuerzo para no olvidar nunca las consecuencias en el mundo real de mis decisiones con respecto a las personas, las empresas y el gobierno", dijo Sotomayor.

      La historia de Sotomayor demuestra que "en Estados Unidos ningún sueño está fuera del alcance de uno", dijo el presidente Obama.

      Para más información véase también: Obama designa a Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de Estados Unidos ( http://www.america.gov/st/usg-spanish/2009/May/20090527093818emanym0.1392938.html ).

      (El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp )
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