Con ello, la iniciativa que posibilita que Chile ratifique a futuro el Tratado de Roma que crea dicho Tribunal, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Después de siete años en búsqueda de un consenso que permitiera alcanzar el alto quórum que se requiere para aprobar una reforma constitucional, la Sala del Senado materializó el acuerdo logrado entre el Oficialismo y la Alianza y entregó un contundente respaldo a la enmienda constitucional que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa, que quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados, fue aprobada con 34 votos a favor, 1 en contra del senador Jorge Arancibia y una abstención del senador Juan Antonio Coloma.
En el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Sergio Romero, Carlos Cantero, Jorge Arancibia, Carlos Ominami, Hernán Larraín, Jaime Gazmuri, Andrés Chadwick, Jaime Naranjo, Juan Antonio Coloma, Alejandro Navarro, Guillermo Vásquez, Hosaín Sabag, Juan Pablo Letelier y Ricardo Núñez.
Esta enmienda constitucional es el paso previo que había exigido el Tribunal Constitucional, para que Chile pudiera ratificar el Tratado de Roma que crea dicho Tribunal Internacional.
En lo fundamental, señala que "El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte".
Agrega que al efectuar ese reconocimiento "Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación a la jurisdicción de la Corte. Ésta última será subsidiaria a la primera en los términos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
Asimismo, sostiene que "la cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que pudieren dar lugar, se sujetará a lo que disponga la ley chilena".
Finalmente agrega que "la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo podrá ejercerse respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor para Chile del Estatuto de Roma".
LARGO CAMINO
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Espina quien precisó que esta reforma, que es necesaria para que Chile pueda avanzar en la ratificación del Estatuto de Roma, es un gran avance en la defensa de los Derechos Humanos y valoró el amplio consenso que existe en nuestro país y en el mundo respecto de que delitos tan graves como el genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no queden impunes y puedan ser juzgados. Aclaró que la Corte Penal Internacional sólo opera subsidiariamente en el caso que los tribunales chilenos no actúen.
En tanto, el senador Romero recordó que esta reforma ha debido seguir un largo, pero necesario camino para ver la luz. Junto con señalar que siempre ha apoyado la ratificación por parte de Chile, del Estatuto de Roma, precisó que era fundamental hacerlo bien y aprobar primero la enmienda a la Carta Fundamental. En tal sentido destacó el rol que cumplió la Comisión de Relaciones Exteriores en el trámite, señalando que en esa instancia se adoptó el acuerdo para avanzar en este tema.
A su turno el senador Cantero manifestó que la aprobación de este proyecto es positiva en la lucha por el cumplimiento de los derechos más primordiales e importantes de las personas como son su integridad física, moral y psicológica, donde favorablemente se ha encontrado el respaldo de todos los sectores, estableciendo lo que será un preámbulo y base para ratificar el Tratado de Roma.
En tanto, el senador Arancibia valoró la no retroactividad de esta enmienda constitucional, pero manifestó sus aprensiones argumentando que con este acuerdo Chile está cediendo parte de la soberanía de nuestros tribunales a una instancia internacional. Asimismo, criticó la falta de igualdad de los estados frente a este tribunal, pues las 5 potencias que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueden suspender una investigación de ese tribunal.
El senador Ominami coincidió en criticar que las grandes potencias se hayan sustraído al Tratado, poniéndose en una condición distinta del resto de los países, pero destacó que es importante que Chile avance en esta línea, pues en un mundo en que todo se globaliza es lógico que exista una legislación internacional para perseguir los delitos de derechos humanos. No obstante, el legislador advirtió sus aprensiones respecto de que haya sido el Tribunal Constitucional el que haya establecido al Congreso que se debía aprobar una reforma antes de ratificar el Tratado de Roma, pues ello iría en desmedro de la soberanía del Parlamento.
ASIMETRÍA
En tanto el senador Larraín, si bien coincidió con las opiniones transversales respecto de que se produce cierta asimetría entre las grandes potencias y los países más pequeños, pues los primeros se pueden oponer a que los investiguen, enfatizó que es fundamental avanzar en esta línea. Asimismo, precisó que bajo ninguna circunstancia Chile está haciendo una cesión indebida de su soberanía, pues el Tribunal opera subsidiariamente sólo cuando los tribunales chilenos no lo han hecho.
El senador Gazmuri manifestó que con la aprobación de la reforma Chile está saldando una antigua deuda, pues fue uno de los primero países en suscribir el Tratado de Roma, pero uno de los últimos en poder ratificarlo. Asimismo, señaló que este acuerdo demuestra que estamos construyendo una cultura de Derechos Humanos que debiera ser una de las bases más consensuadas posibles de nuestra vida nacional.
Por su parte el senador Chadwick manifestó que la reforma se basa en el principio de respeto de la dignidad de los derechos humanos y el tener una instancia de jurisdicción internacional que tienda a buscar aquello corresponde a una visión de la sociedad que el comparte plenamente. No obstante, también lamentó que las naciones más poderosas tengan el privilegio de suspender la aplicación del Tratado sin siquiera suscribirlo.
En tanto el senador Naranjo destacó el paso que dio el Senado con esta reforma, argumentando que somos unos de los pocos de Sudamérica que aún no ratificamos el Estatuto de Roma, lo que se contradice con los avances que ha tenido Chile en materia de perseguir a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos.
El senador Coloma dijo que esto constituye un avance en el derecho internacional, pero señaló que tal como está construido el Estatuto de Roma, le resulta contradictorio con la igualdad de los derechos humanos. Esto, pues no existe igualdad soberana de los Estados, ya que el Tratado consagra un sistema que discrimina a favor de las grandes potencias y en contra de los más pequeños.
En tanto, el senador Navarro valoró la aprobación de esta reforma, pues permitirá que se persiguen responsabilidades por graves crímenes en casos en que no funcione la institucionalidad chilena. Sin embargo señaló que en Chile aún existe un vacío que solucionar relacionado con la existencia de los tribunales militares.
Los senadores Vásquez y Sabag también destacaron la importancia de esta reforma para el fortalecimiento del sistema democrático del país, al mismo tiempo que valoraron la trascendencia y el acuerdo prácticamente unánime en torno a la materia.
Finalmente los senadores Letelier y Núñez respaldaron la enmienda constitucional, aunque el primero señaló que sólo habría bastado un solo párrafo para reconocer la jurisdicción de la CPI. Mientras el senador Núñez destacó que dicho tribunal va a ser un eslabón fundamental en el objetivo de perseguir cualquier crimen a los derechos fundamentales.
Debido a la crisis económica internacional parece que nos hemos ido olvidando de las medidas a largo plazo que necesita el país para finalmente dar el famoso salto al desarrollo que tanto escuchamos desde los 90.
hecho que el mundo, lógicamente, coherentemente con esta nueva realidad, vaya adecuando sus institucionalidades, o sus respuestas jurisdiccionales a la sociedad moderna.