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viernes, abril 24, 2009

PROTOCOLO El lapsus del Rey con Sinde en la entrega del Cervantes a Marsé

SE VE QUE YA..."

El lapsus del Rey con Sinde en la entrega del Cervantes a Marsé

Elsemanaldigital.com

Don Juan Carlos puso la nota de humor con un pequeño despiste cuando, en vez de presentar a la ministra de Cultura, Ángeles Gónzalez-Sinde, procedió a iniciar su discurso oficial.



23 de abril de 2009

Don Juan Carlos se saltó el turno de intervención en la entrega del Cervantes.

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No es la primera vez que la Familia Real protagoniza alguna anécdota durante la entrega, en en el Paraninfo de Alcalá de Henares, del Premio Cervantes. La ceremonia de entrega del premio, que este año ha recaído en el escritor Juan Marsé comenzó puntual.Tras las palabras del escritor galardonado, el protocolo marca el discurso de la ministra de Cultura.

Para ello, el monarca, que preside el solemne acto, debe dar paso a la titular con una pequeña intervención. Sin embargo, Don Juan Carlos, en vez de presentar a la ministra Gónzalez-Sinde se levantó de su asiento y comenzó la lectura de su discurso oficial. En ese momento se le comunicó el protocolo por lo que el Rey se volvió a sentar y dio la palabra a la ministra con un gesto de apuro y diciendo: "Se ve que ya...".

Pero al margen de la anécdota, lo más destacado fue el discurso del galardonado, Juan Marsé, hombre poco dado a los discursos en público, quien reivindicó el ser "un catalán que escribe en castellano". Se mostró además orgulloso de suceder a sus poetas favoritos, Antonio Gamoneda y Juan Gelmán y tuvo palabras preciosas para su agente literaria Carmen Balcells con quien bromeó diciendo que le dejaría un 10% de sus cenizas cuando le incineren. Marsé también hizo hincapié en que no se considera un intelectual, sino sólo un narrador al que le "cuesta trabajo hacer creíbles y veraces a sus personajes".

Al acto asistió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su esposa, Sonsoles Espinosa y figuras de la política y el mundo de la cultura, como el director general del Libro, Rogelio Blanco; el director de la RAE, Víctor García de la Concha; la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre; el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González; el rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero; el escritor Antonio Gamoneda y el cantante Joaquín Sabina.

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Rodrigo González Fernández
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Presidente del Senado: "hay que analizar con calma si vamos a penalizar las conductas atentatorias de la libre competencia"

Senador Jovino Novoa se reunió con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), encabezado por su presidente Rafael Guilisasti para analizar la crisis económica.

Como un tema que deberá ser analizado "con calma" calificó el Presidente del Senado, Jovino Novoa, la nueva legislación para volver a penalizar las conductas atentatorias de la libre competencia. Así lo afirmó tras reunirse con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio.

El parlamentario explicó que "la Ley que hemos despachado recientemente del Parlamento sobre la libre competencia era un proyecto que veníamos analizando desde hace bastante tiempo al margen de la contingencia del caso farmacias que deberá ser investigado en su mérito".

Recordó que fue el ex Presidente Ricardo Lagos quién envió un proyecto que despenalizó estas conductas porque "lo que se quería era que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hiciera las investigaciones y ahora, si volvemos a penalizarlas pasamos la investigación al Ministerio Público van a ser tramitadas".

No obstante, aseguró que "de todas formas era necesario modificar el actual marco jurídico sobre defensa de la libre competencia y se ha dado un gran paso, los fiscales y el tribunal tienen nuevas atribuciones y si se quiere volver a un sistema penal habrá que estudiarlo con calma y será un tema que demorará un poco más".

Respecto a los temas abordados con los dirigentes empresariales, el senador Novoa indicó que "las principales preocupaciones son tratar aminorar los efectos de la crisis económica; mantener el empleo y tratar de paliar efectos negativos que se producen".

Asimismo recordó "la ley que otorgó un subsidio para la contratación de mano de obra juvenil es muy conveniente porque tradicionalmente es el sector donde los índices de cesantía han sido muy superiores al promedio".

También "hemos analizado la importancia del subsidio especial para la construcción de viviendas y las proyecciones son que se otorgarán unos 25 mil de estos beneficios y eso contribuirá a que exista mayor actividad".

Agregó que "nuestro planteamiento es que vamos a estar dispuestos a apoyar todos los proyectos que sean necesarios para superar o paliar efectos de esta crisis y también vamos a apoyar los proyectos que sirvan para transparentar el mercado y la actividad económica porque la libre competencia no sólo afecta a los consumidores sino también a los empresarios que se ven afectados por malas prácticas".

IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES

Por otro lado, el senador Novoa, realizó un llamado al Gobierno para que "postergue la aplicación del impuesto específico de los combustibles porque estamos en una situación de crisis económica y hoy día el uso de automóviles no es un lujo sino una fuente de trabajo".

Se refirió así al aumento que experimentarán las gasolinas y el diesel en los próximos meses producto de la aplicación del mayor impuesto específico a los combustibles que han bajado de precio a nivel internacional.

Cabe señalar que a mediados de 2008 las bencinas llegaron a casi $800 por litro y hoy están a menos de $500 debido a la caída internacional de los precios del petróleo y A la rebaja al impuesto específico, que pasó de un nivel de 6 UTM por m3 (en enero de 2008) a las 3,5 UTM actuales.

Sin embargo, la rebaja del impuesto específico terminaría en un par de semanas, debido a la fórmula que aplicó el Ministerio de Hacienda cuando comenzó a regir el recorte, y que consideraba que si el precio del crudo WTI (de referencia para Chile) anotaba un promedio para los últimos 12 meses por debajo de US$ 85 el barril, el tributo comenzaría a reponerse gradualmente. Hoy el precio del barril de crudo se ubica en menos de US$ 50.

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Senador Romero: Previenen sobre efecto que tendría en la economía un alza en los combustibles

Previenen sobre efecto que tendría en la economía un alza en los combustibles

El senador Sergio Romero afirmó que debido al mecanismo de impuesto específico, el litro de bencina podría subir unos $100 en promedio, complicando el actual escenario económico.

Convencido de que los combustibles son los principales insumos de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se mostró el senador Sergio Romero, quien emplazó a las autoridades a eliminar los impuestos específicos a los carburantes.

El legislador advirtió sobre "la compleja situación" que se generará cuando se reponga el impuesto específico y suban los precios de los combustibles, en un escenario donde la crisis económica ya evidencia numerosos despidos y un franco descenso de la actividad económica.

De este modo se mostró preocupado porque muchos pequeños empresarios y personas naturales están "con la soga al cuello" y con una alza de los combustibles el futuro para ellos es incierto porque los vehículos son herramientas de trabajo hoy en día. Ello, sin contar el efecto multiplicador que significa un aumento en el precio de las gasolinas.

Recordó que a fines del año pasado, se determinó la reducción temporal de estos gravámenes desde 6 UTM a 3,5 UTM por m3 y ahora "estamos próximos a que el tiempo dispuesto para ello se cumpla. En efecto, el Gobierno dispuso que si el precio promedio de referencia del petróleo en Chile -en los últimos 12 meses- bajaba de 85 dólares el barril, el impuesto iba a restablecerse hasta alcanzar nuevamente las 6 UTM".

Precisó que tanto la mantención de esta medida temporal como la eliminación total del impuesto, son de iniciativa del Ejecutivo es por eso que estamos solicitando tanto a la Presidenta de la República como al Ministro de Hacienda, que apoyen soluciones permanentes para los combustibles.

Cabe recordar que, el senador Romero ha sido un firme impulsor de una nueva política de combustibles que permita mayor transparencia en la fijación de precios y que se elimine el impuesto específico a los productos derivados del petróleo.

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Instan a potenciar Fonasa y el sistema público de salud para favorecer a los adultos mayores

Instan a potenciar Fonasa y el sistema público de salud para favorecer a los adultos mayores

Esto, ante los altos costos que deben pagar en las isapres los mayores de 60 años, quienes cancelan hasta 4 veces más que un joven por su plan de salud.

Mejorar las prestaciones que entrega el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, y fortalecer el sistema público de salud, son las únicas alternativas viables, a juicio del presidente de la Comisión de Salud, senador Mariano Ruiz-Esquide, para enfrentar los altos costos que deben pagar los adultos mayores en las isapres.

Esto, pues en opinión del parlamentario no existen los votos necesarios en el Congreso para modificar la ley de isapres e introducir cambios que apunten a instaurar un modelo más solidario, por lo que lo único que se podría hacer es potenciar la atención pública de salud.

"Cuando hicimos las últimas leyes de la reforma de la salud, insistimos mucho en cambiar el modelo de isapres y no tenemos fuerza para eso, políticamente, en el Senado. Entonces no fue posible, el sistema de isapres va a ser siempre así y no hay otra forma de resolverlo que cambiando el modelo hacia un sistema solidario", dijo el parlamentario.

Agregó que le han solicitado a los senadores de la Alianza que apoyen un cambio, sin mayor éxito.

"Les hemos solicitado desde hace 15 años y nunca han aceptado cambiar el modelo. Es un tiempo perdido. Ellos tienen una concepción de este modelo, ellos creen en este modelo y por lo tanto ellos no representan a ese mundo que no puede llegar a las isapres y la única salida que tenemos mientras no tengamos mayoría para resolver el tema, es mejorar el Fonasa y tener un sistema público de salud que permita que la gente de mayor edad y toda la gente que no tiene dinero vaya al Fonasa", sentenció.

El senador Ruiz- Esquide agregó que "esa es la respuesta posible hoy día en el cuadro político que tenemos y eso es lo que reiteradamente le hemos dicho al gobierno".

ALTOS COSTOS

Actualmente el 9,2% de los usuarios de las isapres tiene más de 60 años, totalizando 127.587 cotizantes. Y mientras un profesional de 30 años paga por su plan de salud en isapre cerca de $ 30.000 mensuales, un jubilado mayor de 65 años, más de $ 142 mil, es decir, es cuatro veces más caro.

De acuerdo a cálculos realizados por la Superintendencia de Salud para tres grupos etarios, las diferencias son amplias. Mientras un matrimonio de la tercera edad paga como prima entre $ 229.188 y $ 257.394, dependiendo de la aseguradora, una familia formada por dos adultos (de 42 y 44 años) y dos hijos (de uno y nueve años) cancela entre $ 179.062 y $ 201.099.

Según el senador Ruiz-Esquide, "el tema de las isapres se viene presentando desde hace muchos años y mi opinión ha sido permanente en cuanto a que ellas no representan un modelo de salud adecuado para la situación de Chile, que es un país en desarrollo, que tiene una población mayor de 60 años bastante alta y además tiene niños, por lo tanto estamos en una situación bastante difícil tanto para la salud como para la previsión".

Asimismo, señaló que las isapres "no son un modelo de salud, son un modelo de carácter económico y puramente de seguro de riesgo de salud y por ende funcionan sobre la lógica del mercado y en la lógica del mercado tiene que cobrarse más a quien más se enferma".

En esa lógica, el legislador señaló que no le sorprenden las cifras que demuestran los altos costos que significan para un adulto mayor atenderse por una isapre, argumentando que dicho modelo es "contrario al sistema de salud que yo entiendo que debe apuntar a la protección, la prevención y un modelo de salud que debe ser solidario y no una lógica de mercado".

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Vicepresidente del Senado dijo que situación de funcionarios públicos a honorarios podría dar lugar a una acusación constitucional

Vicepresidente del Senado dijo que situación de funcionarios públicos a honorarios podría dar lugar a una acusación constitucional

El senador Carlos Bianchi manifestó que el incumplimiento que ha hecho el gobierno de no sobrepasar más del 20% de su planta con trabajadores a honorarios y contrata, es impresentable y demuestra que el Estado es el peor empleador.

Como una lápida para los trabajadores a honorarios calificó el Vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, los dichos del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien tras reconocer que se está sobrepasando la ley 18.832 con más del 20% de trabajadores a honorarios, señaló que la solución a esa irregularidad será "un desafío del próximo gobierno".

Según el parlamentario "es impresentable e inmoral que el Estado, con los antecedentes a la vista y hoy de público conocimiento, quiera desentenderse del grave desmedro e incertidumbre laboral de sus trabajadores a contrata y a honorarios".

En tal sentido, agregó que las declaraciones del ministro Viera Gallo son muy delicadas pues reconocen que no se está cumpliendo una normativa.

Por ello, dijo "es necesario que la Contraloría tenga a la vista estos datos, porque perfectamente es posible que esto de para una acusación constitucional".

Según la ley 18.834, no debería existir más de un 20% de trabajadores a honorarios, pero esta normativa no se cumple en numerables servicios del Estado.

TRANSPARENCIA

El Vicepresidente del Senado lamentó que haya tenido que ser necesario que se ponga en marcha la Ley de Transparencia para conocer esta realidad "que mantiene al Estado como el peor empleador y en innumerables ocasiones, por ejemplo en el marco de la discusión del presupuesto nacional, se solicitó información al respecto, pero nunca se reconoció que no se está en un ciento por ciento con la normativa vigente".

El legislador agregó que "lo impresentable e inmoral es que con las declaraciones del ministro Viera Gallo se le ponga un lápida a los trabajadores que se encuentran en desmedro laboral, pues en vez de plantear una solución definitiva, se opta por el camino más fácil y se deja este tema, de primera línea, como un desafío del próximo gobierno".

En tal sentido, el senador Bianchi manifestó que así como hemos sido testigos de la colusión de las farmacias, "hoy estamos frente a una colusión para acallar una realidad que se conocía a gritos, por lo que, paralelo a la solicitud a Contraloría para que investigue la aplicación de la Ley y determine las responsabilidades, si corresponde, envié un oficio a la Dirección del Trabajo para que informe sobre la fiscalización a las distintas empresas del Estado, en el cumplimiento del mandato legal".

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SENADOR BARRA Preocupa eventual instrucción militar de mapuches vinculados a atentados incendiarios en La Araucanía

terroristas en sur de chile

Preocupa eventual instrucción militar de mapuches vinculados a atentados incendiarios en La Araucanía

El senador Roberto Muñoz Barra señaló que además de aplicar las leyes vigentes, el gobierno debe establecer una mesa de conversaciones con los dirigentes de las distintas comunidades de la zona.

Como un hecho grave y delicado calificó el senador por la Región de La Araucanía, Roberto Muñoz Barra, la eventual instrucción militar que habrían recibido mapuches vinculados a atentados incendiarios en esa zona y en la Región del Biobío.

Esto, luego que el fiscal regional de La Araucanía, manifestara que los grupos organizados con planificación previa, portando armas y cometiendo hechos graves en esa zona "dan cuenta de una organización que puede tener algunos vínculos. No se ha descartado la participación de estas personas en entrenamientos fuera del país".

Cabe recordar que el año pasado la fiscalía inició una investigación en tal sentido luego que el senador Alberto Espina entregara antecedentes sobre posibles vínculos entre las FARC y grupos mapuches radicalizados.

Al respecto, el senador Muñoz Barra manifestó que la información entregada por la fiscalía es "sumamente grave" y profundiza los conflictos indígenas que se dan en algunos sectores de la región de La Araucanía, además de generar un gran perjuicio pues se limita la inversión de empresarios nacionales o extranjeros en la zona.

"Si lo dice la autoridad judicial, hay que tomarlo bastante en serio, darle el peso que corresponde y el gobierno se debe dar por notificado en este sentido, para acrecentar la eficiencia de los servicios de inteligencia en la región", advirtió.

PLAN COHERENTE

Según el senador Muñoz Barra el planteamiento hecho por el fiscal regional no parece alejado de la realidad pues "hemos visto que cada vez que se produce una situación de conflicto físico, hay una estrategia, hay una disciplina, hay conocimiento de llegada y retirada en forma altamente tecnificada".

En su opinión, "hay que ver cuales son los problemas más urgentes de algunas comunidades para pacificarlos, hacer una mesa de diálogo entre los sectores más radicalizados y el gobierno, porque hay descontento por la pobreza en esos puntos geográficos precisos que son donde actúa mucho la Coordinadora Arauco Malleco".

Asimismo, señaló que "no veo que haya un plan coherente del gobierno frente a este tema. Se está actuando frente a los hechos consumados exclusivamente desde el punto de vista de aplicar el estado de derecho, pero este es un conflicto diferente a otras situaciones y tienen que ir de la mano las dos cosas. Por un lado, es muy importante que se establezca una mesa de conversaciones oficial entre el gobierno y los sectores directivos de las comunidades indígenas de la región, sin perjuicio de que también se vaya aplicando la ley".

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SENADOR CARLOS CANTERO: Piden agilizar reconstrucción de Tocopilla

Piden agilizar reconstrucción de Tocopilla

Asimismo, el senador Carlos Cantero solicitó al Contralor que entregue un informe sobre las irregularidades detectadas en los procesos de construcción de nuevas viviendas para los afectados por el terremoto.

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Habla el senador Carlos Cantero

Un llamado urgente al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que entregue el informe con las irregularidades detectadas en la reconstrucción de Tocopilla hizo el senador por la Región de Antofagasta, Carlos Cantero.

Asimismo, el legislador emplazó a las autoridades respectivas a que agilicen la construcción de nuevas viviendas para los afectados por el terremoto registrado en noviembre del 2007, pues de acuerdo a lo que ha podido observar en terreno, la gran mayoría de los habitantes de Tocopilla aún continúan en campamentos de emergencia.

"Después del terremoto de Tocopilla el proceso de reconstrucción y de recuperación de todas las instalaciones marchan a un paso extremadamente lento. A dos años de esta situación, la población sigue estando mayoritariamente en campamentos de emergencia y tendrá que enfrentar y sufrir un nuevo invierno con todas las consecuencias y las secuelas que esto trae en la salud, en materia de calidad de vida, de problemas familiares e intrafamiliares", señaló el senador Cantero.

El parlamentario agregó que además de que se ha demolido una gran cantidad de viviendas, sin que se hayan entregado nuevas soluciones habitacionales en una proporción similar, se detectaron irregularidades en los procesos de reconstrucción.

DENUNCIA A LA CONTRALORÍA

Según explicó el senador Cantero "hemos hecho denuncias por abusos en materias de reparación. Existe un subsidio de cuatro millones de reparación para las viviendas dañadas. Hace un año hicimos la denuncia a la Contraloría, con casos con nombre y dirección, porque detectamos conductas abusivas de empresas que cobraban los cuatro millones de pesos, pero hacían reparaciones por un millón o un millón y medio".

Junto con calificar lo sucedido como "un verdadero robo, un abuso y un atropello a la dignidad de las personas", el parlamentario señaló que "lo concreto es que después de un año la Contraloría todavía no entrega el informe, habiendo sido evacuado por la Contraloría Regional de Antofagasta hace meses".

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de reconstrucción de Tocopilla y solicitó al Contralor "que evacue el informe sobre los abusos y atropellos que se están viviendo en Tocopilla. Es un escándalo la demora o el ocultamiento de información que se produce en tramos intermedios. Hago un llamado a la Contraloría para que se evacue cuanto antes este informe".

Los antecedentes presentados ante la Contraloría provienen de denuncias efectuadas por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Tocopilla y apuntan a que el organismo contralor determinara los valores de los trabajos realizados por vivienda, fiscalizara a los inspectores del Serviu a quienes se les encomendó la autorización de las reparaciones efectuadas por las empresas contratistas, y realizar una inspección técnica aleatoria a las viviendas intervenidas, especialmente a una lista de casas entregadas por el senador Cantero.

A esto, el legislador sumó antecedentes de varias empresas contratistas y subcontratistas, que habrían cobrado un millón 600 mil pesos por demolición de cada vivienda, en circunstancias que esos trabajos no se llevaron a cabo, pues la gran mayoría de los pobladores las habrían demolido por su propia cuenta.

Por ello, el senador Cantero solicitó en esta investigación que se entregaran el número de certificados de demolición catastrados y los montos pagados a los contratistas.

Otra de las solicitudes hechas por el parlamentario es la entrega de los informes que establecen los recursos económicos empleados en el proceso de reconstrucción, los agentes responsables en la adjudicación y licitación de los contratos y criterios técnicos que fueron considerados al momento de seleccionar las empresas encargadas de realizar los trabajos de demolición; como asimismo, la nómina de empresas que presentaron sus antecedentes y las que quedaron fuera de este proceso y un estudio de comparación entre el número de decretos de demolición emitidos por la Municipalidad de Tocopilla y las cifras que manejaba el Serviu y el Plan Tocopilla.

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Medidas para mejorar el mercado y sancionar conductas contra la libre competencia caracterizan mociones de senadores

Medidas para mejorar el mercado y sancionar conductas contra la libre competencia caracterizan mociones de senadores

Desde enero de este año, exceptuando el receso de febrero, se han presentado 21 mociones en el Senado, dos de ellas inadmisibles por contener materias de atribución exclusiva de la Presidenta.

Sancionar la colusión, favorecer el cierre de tarjetas de crédito y cuentas corrientes, fijar precios para los remedios del formulario nacional y sancionar el tráfico ilícito de precursores químicos que sirven para elaborar drogas, son algunos de las propuestas que han hecho senadores de los diversos sectores políticos en lo que va corrido de este año.

Desde enero a la fecha, exceptuando el receso legislativo de febrero, los senadores han presentado un total de 21 mociones, dos de las cuales fueron declaradas inadmisibles por contener materias de atribución exclusiva de la Presidenta de la República.

Una de las dos mociones que no se acogió a trámite fue un proyecto que incorpora a las Municipalidades y a los Cuerpos de Bomberos entre las instituciones exentas del impuesto a las ventas y servicios, presentada por los senadores Carlos Bianchi, Antonio Horvath, Ricardo Núñez, Jaime Orpis y Baldo Prokurica.

La segunda de ellas es un proyecto que modifica la ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, con el objetivo de ampliar el período de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, presentado por los senadores Soledad Alvear, Andrés Chadwick, Alberto Espina, José Antonio Gómez.

BENEFICIO A LA POBLACIÓN

Entre las iniciativas que sí se acogieron a trámite se cuentan la de los senadores Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Alberto Espina, José García y Antonio Horvath, que sanciona penalmente la colusión; y la de los senadores Carlos Bianchi y Adolfo Zaldívar, que sanciona con pena privativa de libertad las conductas contra la libre competencia.

Asimismo y antes de que estallara públicamente el escándalo por la colusión de farmacias para subir los precios de los medicamentos, el senador Pedro Muñoz presentó un proyecto que establece un precio fijo de venta para los productos farmacéuticos que componen el Formulario Nacional de Medicamentos.

En materias de carácter económico y financiero, los senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami, ingresaron a trámite una iniciativa sobre cierre de cuentas corrientes y de tarjetas de crédito, y otra que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de regular el cierre de las tarjetas de crédito.

Por otra parte y en un ámbito diametralmente distinto, el senador Ricardo Núñez presentó una moción para reestablecer la exclusividad universitaria de la carrera de sociología. Asimismo, los senadores Jaime Naranjo y Mariano Ruiz-Esquide presentaron una iniciativa para perfeccionar la disposición que prohíbe la venta de tabaco cerca de establecimientos educacionales y su consumo en restaurantes.

En otra área, los senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami presentaron un proyecto para unificar las tallas de las prendas de vestir.

En lo que respecta al medio ambiente y bienes nacionales, se cuenta la moción de los senadores Nelson Ávila, Guido Girardi, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro y Carlos Ominami, sobre libre acceso a playas y riberas de mar, lagos y ríos. Asimismo, el senador Antonio Horvath presentó un proyecto sobre delimitación con cercos, de los predios destinados a la conservación y otro sobre regionalización de los recursos naturales.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Pero los senadores también presentaron una serie de iniciativas en materia de seguridad ciudadana y combate al narcotráfico. Entre ellas, se cuenta la que obliga a las personas naturales o jurídicas que transporten precursores químicos, a inscribirse en un registro especial, iniciativa que fue presentada por los senadores Alberto Espina y Jaime Orpis.

También destaca la moción del senador Orpis que modifica la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en lo relativo a precursores químicos. Ambas iniciativas están en condiciones de votarse en general por la Sala del Senado.

Por otra parte, los senadores Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín y Baldo Prokurica, presentaron una moción para fortalecer la persecución penal de los atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales.

Asimismo, los senadores Alberto Espina, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Pedro Muñoz y Mariano Ruiz- Esquide presentaron un proyecto para tipificar los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de guerra.

En tanto, el senador Víctor Pérez ingresó a trámite una iniciativa que otorga al querellante, el derecho de solicitar la formalización de la investigación.

En cuanto a mociones para construir monumentos y conceder nacionalidades, los senadores presentaron un total de tres iniciativas en esa línea.

Se trata de una que concede nacionalidad por gracia a Christiane Raczynski Von Oppen; otra que concede la nacionalidad a Dagmar Raczynski Von Oppen; y una que autoriza la erección de monumentos en Santiago en memoria de Pedro León Gallo, iniciativa presentada por José Antonio Gómez, Ricardo Núñez, Baldo Prokurica y Adolfo Zaldívar.

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MINERIA: Molestia por descoordinaciones entre la Presidenta Bachelet y ENAP sobre viabilidad del yacimiento "Lago Mercedes"

MINERIA-CHILE

Molestia por descoordinaciones entre la Presidenta Bachelet y ENAP sobre viabilidad del yacimiento "Lago Mercedes"

Senadores Carlos Bianchi y Pedro Muñoz Aburto aseguraron que el informe internacional de WinterShall concluye que "por el momento, el yacimiento no es viable desde el punto de vista comercial"; sin embargo la Presidenta Michelle Bachelet aseguró hace unos días en Punta Arenas que Lago Mercedes tenía reservas importantes y era explotable.

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Escuche al senador Carlos Bianchi

Escuche al senador Pedro Muñoz Aburto

Con sorpresa y molestia reaccionaron el Vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi y el senador Pedro Muñoz Aburto, frente al informe dado a conocer por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre la base del documento elaborado por la alemana WinterShall del yacimiento de petróleo y gas de Lago Mercedes en Magallanes.

Dicho estudio concluye que "por el momento, Lago Mercedes no es viable desde el punto de vista comercial. Esto debido a que requiere inversiones de US$100 millones para llevar los hidrocarburos disponibles desde el pozo hasta la zona de Cuyen, a través de un poliducto de unos 130 kilómetros, que permita transportar los distintos productos. La fuerte inversión requerida ha llevado a la empresa a postergar la explotación del yacimiento en atención a la crisis económica.

El senador Carlos Bianchi indicó que "el informe de WinterShall no es ninguna sorpresa porque el país ha sido groseramente engañado respecto a algo tan delicado, complejo y sensible como es el tema energético".

Precisó que "la única persona a la que le hice las consultas, le entregué informes y le manifesté lo que estaba pasando fue a la Presidenta Bachelet y da la impresión que hasta el día de hoy, ella piensa que el yacimiento es viable. Incluso, esta semana en Magallanes volvió a repetir que había importantes reservas de gas y me sorprende un desconocimiento en un tema tan complejo en materia energética pese que era un secreto a voces que el informe de WinterShall iba a ser negativo".

Recalcó además sus aprensiones porque "el estudio internacional recomienda dejar en una especie de 'stand-by' el proyecto de exploración para que se revise la posibilidad de que sean las empresas privadas las que, en un futuro puedan ver la viabilidad de lo que pueda ocurrir con Lago Mercedes".

Explicó que eso significaría que "ENAP gastó plata de todos los chilenos más de 80 millones de dólares, en un proyecto cuyos resultados negativos eran un secreto a voces; los que se suman a las pérdidas por más de 1.000 millones de dólares que arrojó la empresa".

Por ello, el senador Bianchi hizo un llamado a "sincerar las cosas porque se sabe que Lago Mercedes tiene productividad para abastecer a todo Chile de gas y no se entiende que habiendo gastado tanta plata ahora se ponga una lápida y se abra la posibilidad a que privados intervengan en el negocio. Si se necesitan capitales privados hay que decirlo claramente y llevar adelante la exploración y explotación".

Asimismo recalcó que "ésta es una materia que requiere de una visión estratégica y geopolítica de Estado, porque es obvio que los precios internacionales de los comodities varían permanentemente y los proyectos no se hacen pensado cuánto cuesta el metro cúbico de gas. Esto va más allá de la mera comercialización".

INFORMACIÓN A LA PRESIDENTA

Por su parte, el senador Pedro Muñoz Aburto, coincidió con su par y dijo que "el informe emitido por ENAP me parece contradictorio con lo sostenido por la Presidenta Michelle Bachelet en su última visita a Punta Arenas donde señaló que los informes sobre explotación de Lago Mercedes eran positivos vale decir, que se podía enfrentar y, que pese a las críticas hay posibilidades de contar con este yacimiento gasífero".

Sin embargo, aclaró que "ahora el documento de WinterShall es contradictorio en el sentido que no se le informa adecuadamente a la Presidenta Bachelet de que si bien es cierto, el yacimiento cumple con todo lo dicho por ella es inviable desde el punto de vista económico y comercial".

El parlamentario precisó que "éste último punto era lo que se debería haber comunicado a la Presidenta de la República para no haber adelantado o haber generado esperanzas en la Región de Magallanes que contaba con un yacimiento que uno daba por hecho que iba a comenzar su exploración y explotación".

Finalmente, el senador Muñoz, afirmó que "la principal descoordinación es que una vez más la ENAP no le informa adecuadamente a la Jefa de Estado y ella comete involuntariamente un error al señalar las propiedades del yacimiento del Lago Mercedes. Esto llevó a inducir fehacientemente que era un hecho que su explotación estaba en camino y que quienes criticaron en su momento no tenían ninguna base".

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Oficina especial para la defensa chilena ante La Haya fue valorada como "un paso en la dirección correcta"

CONFLICTO CHILE-PERU

Oficina especial para la defensa chilena ante La Haya fue valorada como "un paso en la dirección correcta"

Senadores Jorge Pizarro y Hernán Larraín, presidente e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, respectivamente, coincidieron en que la dedicación exclusiva de funcionarios expertos a este tema es fundamental.

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Escuche al senador Jorge Pizarro

Escuche al senador Hernán Larraín

Como un paso positivo calificaron los senadores Jorge Pizarro y Hernán Larraín, presidente e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, respectivamente, la decisión de la Cancillería de crear una oficina especial para la defensa chilena ante la demanda peruana en La Haya.

Los legisladores valoraron la decisión de la Cancillería de abrir una oficina especial dependiente del Ministerio pero con funcionarios expertos en materias limítrofes, entre ellos, la actual directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante. "Está en la línea de lo que hemos conversado con el Ejecutivo", dijeron.

El senador Pizarro aseguró que "me parece bien que el Gobierno haya implementado con eficacia su defensa ante la pretensión peruana en el Tribunal de La Haya pero, porque sin duda, la constitución definitiva de los equipos técnicos y jurídicos que vayan a hacer la defensa con dedicación exclusiva es fundamental".

Sin embargo, precisó que "es evidente que todos los que formen parte de nuestra defensa tienen que tener dedicación prioritaria y estar dispuestos a trabajar todo el tiempo que sea necesario y eso se va a ir definiendo paso a paso, en la medida que Chile tenga que ir presentando su defensa ante el propio tribunal".

Puntualizó que "la formalización de algo que ya está funcionando no tiene por qué implicar un cambio en la forma cómo se ha enfrentado el tema de parte del Gobierno y la Cancillería, los equipos están trabajando, están afiatados, tiene expertos internacionales y un alto nivel de consultorías externas y, en la medida que se van acercando los tiempos, la institucionalización de estos equipos en departamentos y oficinas especiales se va a producir".

Respecto al anuncio de que el Subsecretario de RR.EE, Alberto Van Klaveren no tendrá dedicación exclusiva en el tema de La Haya, el senador Pizarro explicó que "este tema lo hemos conversado en la Comisión y, en el caso del Subsecretario lo que nos interesa es que tenga la más alta representación política y la mayor eficacia en la implementación de nuestra defensa y creo que tal como está cumple con los dos objetivos".

PASO CORRECTO

Por su parte, el senador Hernán Larraín, uno de los impulsores de la propuesta de que el Subsecretario Van Klaveren tenga dedicación exclusiva explicó que la creación de una oficina especializada "es un paso en la dirección correcta, ya que destinar una persona de la envergadura de María Teresa Infante en forma exclusiva a la defensa de este diferendo con Perú, confirma lo que hemos venido planteando en orden a que quienes estén ocupados en el tema deben tener dedicación de tiempo completo".

Manifestó que "la creación de una oficina enteramente dedicada a esta materia donde estará María Teresa Infante con un equipo amplio de personas dedicadas al tema sumada a la labor que cumple el embajador Martabit en Holanda es un paso hacia la dedicación exclusiva de todos los funcionarios dedicados al tema".

Sostuvo que "entiendo que por ahora, no lo esté haciendo el Subsecretario Van Klaveren pero eso es cuestión de tiempo porque vamos dando pasos agigantados para que el equipo se vaya dedicando 100% a este materia por la trascendencia que tiene y el impacto que podría tener en el futuro en las relaciones de Chile con Perú".

Indicó que "valoro esta decisión y justifica también nuestro argumento de que altos personeros que están comprometidos con el tema tienen que tener dedicación exclusiva y, en un tiempo no muy lejano, esperamos que también lo haga el Subsecretario Van Klaveren".

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU

Senador Jovino Novoa: Es necesario que quienes hagan uso de la información entregada actúen de manera responsable y con comprensión

Es necesario que quienes hagan uso de la información entregada actúen de manera responsable y con comprensión

Por Jovino Novoa, Presidente del Senado

Hoy se cumplen cinco días desde que comenzó a regir la Ley de Transparencia y Acceso a la Imagen Información en todos los órganos de la administración pública. Aunque se puso en práctica en forma poco homogénea y existen incumplimientos en algunos servicios -principalmente en municipalidades debido a la falta de recursos- el balance general es positivo.

El hecho de que se exija por ley a más de 800 órganos públicos la entrega de información sobre sus funciones, dotación de personal, remuneraciones y contratos, entre otros antecedentes, significa un cambio cultural de grandes proporciones. Hasta ahora el secretismo era la norma imperante en el aparato público y ahora pasará a ser la excepción. Sólo en casos excepcionales -cuando se pueda afectar a terceros o se ponga en juego la seguridad nacional- se podrá mantener en secreto la información.

Esta revolución cultural sólo es posible debido al cambio que existe en la concepción de la información pública. Si hasta ahora existía la noción de que ésta pertenecía a los órganos públicos que la producían, con la nueva ley se entiende que es de propiedad de la ciudadanía y que, por lo tanto, puede ser exigirla como un derecho.

Como Presidente del Senado me tocó la implementación de esta ley -originada en la moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri- y puedo asegurar que existe la voluntad de aplicarla a fondo y en toda su magnitud.

El tremendo esfuerzo que se hizo en el Senado desde la Secretaría y en el Departamento de Informática fue ampliamente recompensado. La Corporación fue de las primeras instituciones públicas en subir los datos que exige la ley a su página web (un día antes de lo requerido), cumpliendo cabalmente con las exigencias de transparencia activa. Ello fue bien valorado por la opinión pública y es un aliciente más para continuar por la senda de la transparencia, la cual no sólo permite profundizar la democracia sino que también acercar al Senado a la ciudadanía y mejorar su imagen pública.

En lo que respecta a la transparencia pasiva, la Cámara Alta tomó la decisión de ir un paso más allá de la ley y no contentarse sólo con cumplir los mínimos. A pesar de que el Senado no está obligado por ley a contestar los requerimientos de información de la opinión pública ni está bajo la tutela del Consejo para la Transparencia, igualmente incorporó a su reglamento una institucionalidad para que se entregue toda la información que se solicite, excluyendo solo aquellas materias que la propia ley exceptúa. Es así como no existe el deber de entregar los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución determinada, como por ejemplo la discusión que se produce al interior de las comisiones legislativas. De ellas quedará constancia en los informes de comisión, que son públicos.

Con esta ley se pone en marcha un proceso que debe ser perfeccionado a lo largo del tiempo. Es imposible que un cambio tan sustantivo se ponga en marcha de un día para otro. Se debe considerar también que existe una deficiencia en el sistema público de archivos. Hay mucha información del pasado que será difícil de recabar o de la cual simplemente ya no existan registros. Por lo tanto, esta ley tendrá un efecto secundario importante: nos va a obligar a mantener un sistema eficiente de archivos públicos.

Así como el Senado y el resto de los organismos públicos han mostrado su voluntad para transparentar su accionar, es necesario que quienes hagan uso de la información entregada actúen de manera responsable y con comprensión, ya que en esta primera etapa de implementación no se podrán poner a disposición todos los datos con la rapidez y profundidad que se quisiera.

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU