Tras seis años y medio de investigación, indagatoria entra en su etapa final, con imputaciones por los delitos de fraude al fisco y estafa
Caso MOP-Gate: Chevesich acusa a Cruz y a otras 30 personas
Ministra estableció que se ideó "el ardid de abultar el precio" de 13 consultorías para obtener dinero para sobresueldos.
X. Pérez, D. Muñoz y P. Reed
A su etapa final, tras seis años y medio de investigación, entró el cuaderno principal del denominado caso MOP-Gate, luego que ayer la ministra Gloria Ana Chevesich elevara la causa al estado de plenario, y dictara acusación por delitos de fraude al fisco y estafa contra 31 ex personeros públicos y privados, entre ellos el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz Lorenzen.
Al ex secretario de Estado -condenado en MOP-Gesys, otra arista de la causa, a 60 días de presidio remitido como coautor de fraude al fisco- se le imputa ser autor del delito de fraude al fisco y se le vincula a 13 consultorías en las que se estableció que se abultaron los precios para destinar dichos fondos al pago de sobresueldos.
La ministra acusa del mismo ilícito al ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP Sergio Cortés -respecto de 12 consultorías- y al ingeniero de la Coordinación General de Concesiones Roberto Salinas, quien en representación de la Dirección General de Obras Públicas firmó contratos cuyos precios habrían sido abultados; entre ellos uno con CCP Ingeniería Ltda.
Además de esta última, en la acusación se revela un modus operandi similar en el caso de otras 12 consultorías, encargadas a Econat Consultores Ltda., R&Q Ingeniería Ltda., Aristo Consultores, Consultoría Profesional Agraria Ltda., Gerens Ltda., Exe Ingeniería y Software Ltda., Geofun Ltda., Consec Ltda. y Economía y Finanzas, Diagnos Ltda., Ábaco Ingenieros Consultores Ltda., y por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
Respecto a esta última, se plantea que se abultó el precio de una consultoría en $31.405.617 para pagar sobresueldos u otros honorarios.
En todas las empresas aparece pagando los montos abultados la empresa Gestión Ambiental y Territorial (Gate S.A.), representada por Héctor Peña Véliz, quien también fue encausado por el delito de fraude al fisco, y además por el de estafa.
Próximos pasos
Con la resolución, el caso que la magistrada comenzó a investigar el 21 de enero de 2003 -por decisión de la Corte Suprema- entra a la etapa de plenario, previa a la condena.
En lo inmediato, los querellantes tienen un plazo de 20 días para resolver si adhieren a la acusación o presentan una acusación particular.
Tras esto, la defensa de los acusados tiene un plazo similar para contestar la imputación, luego de lo cual el caso queda en condiciones de que la ministra Chevesich dicte su condena.
Esta se sumaría a las que ya se han dictado en otras aristas de la indagatoria, que acumula cuadernos desde la A a la X.
La primera condena se aplicó el 8 de junio de 2006, en contra del ex ministro Carlos Cruz: 60 días remitidos por falsificación de instrumento público y fraude al fisco en la arista conocida como MOP-Gesys, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema.
Una pericia contable realizada en él concluyó que el perjuicio fiscal defraudado alcanzó a un total de $1.253.352.295, sólo en el cuaderno principal. Según el informe, por la sobrevaloración deliberada de contratos y abultamiento de costos se perdieron $1.226.832.295, mientras que por triangulación de dineros se defraudaron $26.520.000.
6 años y medio duró la investigación, que la ministra Chevesich asumió en 2003.
27 aristas o cuadernos se abrieron, desde la letra A a la X.
4 de ellos aún están en etapa de sumario.
UDI evalúa acusación por asociación ilícita
Los querellantes de la causa -los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez- estarían evaluando presentar una acusación particular por el delito de asociación ilícita contra los principales actores públicos implicados en el caso; entre ellos, el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz y el ex jefe de Finanzas de Vialidad Sergio Cortés.
En la indagatoria también es querellante el Consejo de Defensa del Estado, que en otras aristas de este caso ha presentado demandas civiles contra los encausados, medida que también podría tomar en esta etapa procesal contra los imputados ayer.
La causa que remeció
En febrero de 2006, cuando sólo le faltaba un mes para entregar el poder, el entonces Presidente Ricardo Lagos debió responder un cuestionario de la ministra Gloria Ana Chevesich sobre una arista del caso MOP-Gate.
Este hecho vino a simbolizar el impacto que tuvo en el gobierno de Lagos, y en su entorno familiar, esta investigación.
Antes que Chevesich llegara al caso, en enero de 2003, vino el primer remezón para el gobierno, cuando el juez Carlos Aránguiz decidiera detener al ex ministro Carlos Cruz. Esto, junto a los desafueros en el "caso Coimas", pusieron al gobierno en una difícil situación, en la que un acuerdo político con el senador Pablo Longueira (UDI) fue interpretado como un "salvavidas" para la gestión del gobernante socialista.
Las diligencias de Chevesich tensionaron repetidamente al gobierno, como en el caso del subsecretario Guillermo Díaz.
Párrafos marcados de la resolución de la ministra
Explicación del sistema de triangulación respecto de R&Q Ingeniería. El modus operandi se repite en las otras consultoras.
"Surgen presunciones en orden a que personas que a la época de los hechos se desempeñaban como funcionarios públicos o agentes públicos idearon el ardid de incorporar al precio de una consultoría una fase determinada cuyo valor en pesos ascendía a la suma de $42.603.764, con pleno conocimiento de que no sería efectuada por el consultor contratado, para pagar diferentes sumas de dinero, respecto de las cuales el fisco de Chile no se encontraba obligado a solucionar; entre ellas, honorarios adicionales o sobresueldos".
Exposición en relación a Econat Consultores, cuyos puntos centrales se repiten en el caso de las otras 12 consultorías.
"De los mismos antecedentes, aparece que terceros que no tenían el carácter de funcionarios o agentes públicos se prestaron para defraudar al fisco de Chile; uno, aceptando que se abultara el precio de la consultoría, y el otro, facilitando su empresa para los mismos propósitos".
Argumentación en relación a pagos efectuados a terceros.
"Entre el curso de los meses de mayo de 2000 a junio de 2001, se ideo un sistema denominado 'caja paralela al sistema MOP-Gate', para administrar los dineros que habían sido restituidos o devueltos al Ministerio de Obras Públicas por empresas consultoras, previamente retirados del patrimonio fiscal mediante el artificio de abultar el precio de las consultorías".
Los 31 acusados en el caso
Por fraude al fisco y por estafa son las distintas acusaciones que formula la ministra Chevesich al cerrar la investigación del caso MOP-Gate.
Los acusados son los siguientes:
Por fraude al fisco
Carlos Cruz: Ex ministro de Obras Públicas y ex director general de Concesiones.
Sergio Cortés: Ex jefe de Finanzas de la Dirección de Vialidad del MOP.
Roberto Salinas: Ex ingeniero de la Coordinación General de Concesiones. En representación de la Dirección General de Obras Públicas firmó con consultoras contratos cuyos precios habrían sido abultados, entre ellas CCP Ingeniería Ltda.
Héctor Quiroz: Ex fiscal del MOP, por su participación en el contrato con R&Q Ingeniería, donde pactó un sobreprecio de $42.603.764 que fue pagado a Gate a cambio de un servicio inexistente.
Sergio Hinojosa: Ex jefe del área de estudios de la Coordinación General de Concesiones, en representación de la DGOP, firmó los convenios con precios abultados.
Ramón Silva: Ex fiscal de Concesiones
Marcos Luraschi: Aparece como representante de Econat Consultora Ltda.
Abdon Naim: De R&Q Ingeniería Ltda.
Sergio González: Representante de la consultora Aristo.
Víctor Rey: Representante de la consultora Agraria.
Francisco Aguirre: Representante de la consultora Agraria.
Jorge Echeñique: Representante de la consultora Agraria, suegro del senador Guido Girardi.
Francisco González: Representante de la consultora Agraria.
Jorge Antonio Quiroz: De la consultora Gerens Ltda.
Eduardo Valenzuela: De Exe Ingeniería y Software Ltda.
Luis Gustavo Arrau del Canto: Propietario de consultora Geofun Ltda.
Alejandro Gutiérrez: De la consultora Consec Ltda. Economía y Finanzas
Ricardo Paredes: Ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. de Chile
Eduardo Arriagada: Ex director de Obras Públicas y director de Vialidad de la cartera. Fue él quien en 2000 aprobó la ampliación del contrato a Gate S.A. por 1.440 millones de pesos.
Eduardo Bartholin: Ex director de Obras Hidráulicas
Gonzalo Castillo: Ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del MOP.
Nassir Sapag: Ex director del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade).
Francisco Donoso: Dueño de la consultora Diagnos.
María Dolores Rufián: Ex directora de Planeamiento del MOP.
Leonel Vivallos Medina: Ex coordinador de proyectos de Concesiones.
Por estafa
Óscar Araos Guzmán: Dueño de la consultora Ábaco Ingeniero Consultores y socio, junto a Héctor Peña Véliz, en la consultora GATE. El ingeniero Óscar Araos es conocido en Concepción por el protagonismo que asumió en la defensa de los jóvenes vinculados por su presunta responsabilidad a la desaparición de Jorge Matute Johns y entre los que se encuentra su hijo, Óscar Araos Díaz.
Carlos Calderón Pinto: Gerente General de la Consultora CCP.
Luis Alfredo Solar: Gerente General de la Consultora CCP.
Luis Jara Núñez: Ex contador de Gate.
Yerko General Carrasco: Encargado de contabilidad y dueño de la empresa de outsourcing Asyr.
Por fraude y por estafa
Héctor Peña Véliz: Ex dueño de la consultora Gate.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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