Pese a testimonios judiciales que lo inculpan
La historia del torturador que fue incluido como víctima en el Informe Valech 
El ex detective Arturo Eugenio Garay González fue sindicado por testigos como uno de los torturadores de un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano en 1974. Hoy aparece registrado como víctima de torturas en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, y recibe los beneficios correspondientes, entre ellos una pensión mensual.
Por Miguel Paz
Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, figura inscrito en el Informe Valech con el número 9.481. Se trata de uno de los 27.255 casos acogidos por la Comisión creada por Ricardo Lagos para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.
Su caso, sin embargo, tiene una peculiaridad: entre 1974 y 1975 integró un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano y -según consta en diversos testimonios judiciales- participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido por ex prisioneros de la base naval como uno de sus torturadores.
La historia parte en los primeros meses de 1974, el día en que Garay flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura. Ese día, el joven detective se convirtió en agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región. Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos, según ex presos que lo recuerdan.
"Él fue uno de mis torturadores"
El siquiatra Luis Peebles es uno de ellos. Peebles era secretario general del MIR en Concepción y fue detenido y llevado a la Base Naval en diciembre de 1974. "Él fue uno de mis torturadores directos", dice Peebles, sobre Garay y recuerda que al principio de su detención "no sabía quién era".
"Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo ví", agrega el psiquiatra, aludiendo a que Garay era uno más de los integrantes del grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D'Arcangelis; los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic).
Luego de su período de detención en la Base Naval, Peebles fue enviado a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos. Fue expulsado del país en julio de 1975 y se exilió en Bélgica. Tres décadas después, el 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. Dice que no lo reconoció hasta que empezó a hablar.
El encuentro ocurrió en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución de escena del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, también reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: Hugo González, José Cáceres, Víctor Donoso, Osvaldo Harnisch y Conrado Sesnic.
En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por efectivos de la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato, en febrero de 1975, de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del Golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay, quien participó en la reconstitución de escena en calidad de testigo.
La versión que dio a la Comisión Valech
En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y pasó a retiro en septiembre de 1986.
Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del agente represivo que evocan los ex presos de la Base Naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.
Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los "Valech": una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada por el Informe Valech, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros de Pinochet.
Renato Czischke y Roberto Arriagada, dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción, cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él no fue apresado el 11 de septiembre y que nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Lo dicen porque ellos estaban en la prefectura el día del Golpe de Estado, siendo apresados y llevados a la Isla.
Según el relato de Czischke, en la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla.
"En la época, Garay no estaba en la prefectura. Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría," asegura Czischke. El relato de Arriagada, quien alcanzó a estar tres días en la Isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, es similar: nunca vio a Garay en el lugar.
"¿Podría haber otros más?"
La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año 2006 para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. "Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción", dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975.
"Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?", se pregunta Zott.
Imposible saberlo, explicó la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, en una entrevista realizada en 2007 sobre este tema. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda dijo que desconocía qué documentos presentó Garay al Informe Valech y descartó que su caso ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003.
"No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención", explicó y aseguró que "los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el Informe".
Sepúlveda detalló que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales.
De todas formas, se manifestó abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. "El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas".
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que "en el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos", dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el paquete de iniciativas que incluía este tema.