Alberto Espina – Entender la amenaza
Entender la amenaza
Autor: Alberto Espina
17-9-2008
El 5 de agosto pasado, en audiencia privada entregué al Fiscal Nacional del Ministerio Público documentos con información seria sobre vinculaciones que existirían entre la organización terrorista internacional FARC, autora de miles de asesinatos y secuestros en Colombia, con grupos chilenos como el MIR y el FPMR. La información también contiene antecedentes sobre vinculaciones con el Partido Comunista, cuyos principales dirigentes han sostenido en público su "una relación de fraternidad y solidaridad revolucionaria con las Farc" e incluso rindieron homenaje "a la figura y al legado" de Manuel Marulanda, fallecido este año.
Cumplí con mi obligación como senador al entregar los antecedentes a la autoridad competente, con el objeto de que los investigue y determine el alcance y finalidad de esta vinculación entre los grupos chilenos y la mencionada organización terrorista.
Existen otros antecedentes concretos sobre el tema, entre los cuales destaco la declaración del 7 de abril de 2006, consignada en un diario nacional, en la que el ex embajador de Colombia en Chile, Jesús Vallejo Mejías, señala que "hay presencia de las FARC en Chile y, además, hay un indicio muy fuerte, que es la presencia del narcotráfico". Agrega que "son informaciones que uno va recibiendo, las va procesando, asimilando y en un momento dado conviene dar la señal de alarma". Finalmente, el diplomático precisa que "todos estos detalles se los entregué a la Agencia Nacional de Inteligencia Chilena, ANI". Esto ocurrió hace dos años y cinco meses.
Aun antes, en septiembre de 2004, según el sitio web de Radio Cooperativa, se señala que el director de la Policía colombiana, Jorge Noguera, "aseguró hace algunos días que se tenía conocimiento de la presencia de las FARC en Argentina, Chile y Centroamérica, lo que constituía no solamente una amenaza militar, sino también una amenaza criminal y política".
El director de la ANI reconoció que en mayo de este año recibió información sobre este tema del gobierno colombiano y que no la entregó al Ministerio Público, como era su deber legal, por considerar que no constituirían delitos. En total contradicción con eso, el mismo funcionario esta semana remitió los antecedentes al Fiscal Nacional, lo que –según su razonamiento- fuerza a concluir que ahora sí los considera hechos que revisten características de delito.
Esto sólo ocurre tras ser citado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, transcurridos cuatro meses desde que recibió la última información del gobierno de Colombia, según él mismo admite.
También señalo que en mayo de este año le informe al ministro del Interior que había recibido estos documentos, pero que no le comunicó el contenido de los mismos. ¿Cómo se explica que hechos de tanta relevancia no se le expliquen en detalle a su superior, que es a su vez el ministro encargado de la seguridad ciudadana y del orden público del país?
Lo anterior es no comprender la amenaza que significa el terrorismo, y es un acto de negligencia inexcusable en la reacción gubernamental en un tema que a toda democracia debe preocuparle, ya que se trata de la seguridad de los ciudadanos y del propio país.
El estado de Chile debe reaccionar en forma implacable y oportuna ante el menor atisbo del surgimiento de grupos extremistas, vinculados a organizaciones terroristas, cuyas acciones violentas tanto daño hicieron a Chile en el pasado y continúan haciéndolo en países latinoamericanos.
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