Venezuela expulsa a director de HRW tras polémico informe
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CARACAS
AP
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, escucha preguntas de reporteros en una conferencia de prensa en Caracas el 18 de septiembre 2008.
El gobierno venezolano confirmó que expulsó al director de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por supuestas "agresiones contra las instituciones democráticas de Venezuela" en el informe que presentara el jueves sobre el estado de las libertades invididuales en Venezuela.
La cancillería venezolana informó que Vivanco y su asistente, Daniel Wilkinson, fueron escoltados por una "Comisión Especial" desde su hotel hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía, y abandonaron el país en altas horas de la noche del jueves.
El controversial documento, presentado ayer jueves por el director de HRW, está titulado "Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". En él se señala que aunque el presidente "Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia... su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su Gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales''.
José Miguel Vivanco, director de HRW, señaló durante una rueda de prensa el jueves que "en sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos''.
Vivanco presentó en Caracas el informe de 267 páginas en que su organización examina el estado actual de la democracia venezolana desde una perspectiva de los derechos humanos, pero no se refiere a todos los problemas de derechos humanos que enfrenta el país, muchos de los cuales son anteriores al actual gobierno, según la organización.
Al iniciar su mandato en 1999, Chávez se propuso transformar el desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro fue la promulgación de una nueva constitución a finales de ese año que ofreció la "oportunidad extraordinaria'' de apuntalar la legalidad y reforzar la protección de los derechos humanos.
Pero esa "oportunidad histórica ya ha sido desperdiciada en gran medida'', acotó el escrito de HWR.
El retroceso en materia de derechos humanos se remarcó luego del fallido golpe de estado del 2002, añadió.
"Aunque este descarrilamiento de la democracia venezolana duró menos de dos días'', la asonada ofreció al mandatario "un pretexto para una amplia gama de políticas gubernamentales que han socavado la protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de 1999'', destacó el informe.
"La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. A veces el propio presidente ha respaldado abiertamente los actos de discriminación'', señaló el escrito.
La discriminación se observa en acciones como el "despido de opositores políticos en algunas instituciones estatales... incluir sus nombres en listas negras; negando a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales; y discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus criticas o a su actividad política'', explicó el documento.
HRW también señaló cómo "otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido un abierto desprecio por el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución''.
El informe del organismo humanitario que mencionó que desde 2004 el Tribunal Supremo ha sido integrado por magistrados vinculados al oficialismo.
"En ausencia de una supervisión judicial creíble, el gobierno de Chávez ha llevado a cabo a menudo políticas discriminatorias que han socavado la libertad de expresión de periodistas, la libertad de asociación de los trabajadores, y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela'', denunció el grupo activista.
Las conclusiones del informe se basan en las investigaciones que HRW realizó en Venezuela entre diciembre del 2006 y julio del 2008 y visitas anteriores que se remontan al 2002.
HRW manifestó que los venezolanos "no pueden participar plenamente y en pie de igualdad en su política'', puesto que "sus derechos a la libertad de expresión y asociación están en peligro''.
"Por encima de todo, se requiere un sistema judicial que sea independiente, competente y creíble. También es fundamental que las instituciones que no son del Estado --tales como los medios de comunicación, sindicatos y la sociedad civil-- estén exentos de represalias del gobierno y la discriminación política'', manifestó.
Cuando se le preguntó si Venezuela es el país en donde más se violan los derechos humanos en el continente, Vivanco respondió tajantemente que "no, Venezuela es todavía una sociedad abierta''.
Mencionó que la "violencia política y la impunidad'' en Colombia y el viejo estilo cubano de ''determinar lo que se puede decir o no'' figuran entre las más graves violaciones a los derechos humanos del hemisferio.
"Cuba niega la existencia de espacios mínimos para el debate político'', lo que convierte al gobierno de la isla caribeña en uno de "viejo estilo'', puesto que "establece por sí mismo cuáles son las actividades que los habitantes pueden ejercer libremente'', añadió.
Venezuela, por su parte, condenó el informe. La Oficina de Información de ese país dijo que provee "una incompleta y sesgada cuenta'' y que el gobierno tiene un sólido historial en materia de derechos humanos.
La oficina, con sede en Estados Unidos y financiada por el gobierno de Chávez, dijo en una declaración que el informe "exagera la cuestión de la discriminación política'', y señaló que Chávez ha indultado a los partidarios del golpe del 2002.
El gobierno de Venezuela sostiene que los controles y equilibrios siguen intactos.
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