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Marcela Vélez y Mario Riveros
El próximo mes, el Gobierno debería desembolsar al menos $1.650 millones en un nuevo subsidio al alza de la energía eléctrica. Precisamente cuando aumentan las críticas, incluso al interior del oficialismo, respecto de la poca eficacia del sistema con que se reparte este beneficio.
Si no que se lo pregunten a miles de usuarios que durante ocho meses han deambulado entre las dependencias de las empresas eléctricas, la superintendencia del ramo y el Mideplan.
Ése es el caso de Raúl Kulczewski. A sus 71 años y con ingresos mensuales que no superan los $100 mil pesos, este habitante de Puente Alto nos cuenta que sumó 2.074 puntos en la última ficha de protección social (FPS). Pero desde diciembre de 2007, mes en que debía recibir la primera cuota de un subsidio de $18.000 pesos, no ha obtenido un centavo.
CGE, empresa de la cual Kulczewski es cliente, afirmó que su nombre no constaba en la lista de beneficiarios enviada por Mideplan. A su vez, el ministerio le dijo que el error era de la empresa y que repostulara al beneficio. Lo hizo, y el resultado fue el mismo: nada.
Mientras, cada vez que las tarifas de la luz se disparan, el Gobierno sale del paso anunciando la entrega del subsidio. Así lo hizo a través del ministro Marcelo Tokman en diciembre de 2007. Incluso, en agosto del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet anunció no sólo la ayuda económica, sino que también la entrega de dos ampolletas de bajo consumo al 1,4 millón de familias más pobres.
Cruce de cifras
A pedido de la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) realizó un catastro histórico de los beneficiarios de este subsidio, pensado para el 40% de la población más pobre (menos de 11.734 puntos en la ficha de protección social). Un universo que hasta noviembre de 2007 sumaba 1,4 millón de personas. A junio de este año, sólo 585 mil recibieron el beneficio o al menos parte de éste.
Las empresas distribuidoras explican que el universo de potenciales beneficiarios se reduce si se aplican las otras dos condiciones impuestas por ley: que sean clientes titulares del sistema eléctrico (con cuentas a su nombre) y que estén al día en los pagos.
"Precisamente en el sector de menos recursos es donde hay más morosidad. Así que la cifra se reduce en unos 200 mil o 300 mil", dicen.
Así, y aunque no hay una cifra oficial, los actores del sistema, entonces, trabajan ante un estimado de 1,1 millón de potenciales beneficiarios. Es decir que sólo el 53,25% (585 mil) recibió la ayuda estatal. El otro 46,75% quedó fuera.
En la CNE aseguran que desde el 24 de junio hasta el 12 de agosto la cifra de subsidios aumentó a 750.000, aunque no entregan un desglose por regiones actualizado, por lo que el informe enviado por la SEC a los diputados es el único documento oficial sobre estas cifras.
Pero es este último monto el que ha repetido Tokman, desde que la Cámara de Diputados aprobó la formación de una comisión investigadora sobre el tema.
"Hay un desorden gigantesco. Nunca hemos podido determinar si la plata destinada al subsidio ha sido dinero perdido o no", afirma Gonzalo Arenas, diputado UDI, quien lidera la investigación sobre el subsidio.
En tanto, en la misma CNE cuentan que, para el subsidio eléctrico, "se han entregado al 12 de agosto, $13.170 millones, mientras que la suma (en pesos de cada año) de los recursos entregados en todos los demás subsidiosalcanza los $7.960 millones".
Demasiados responsables
Miembros de la comisión que fijó el sistema para la entrega del subsidio reconocen que éste no es perfecto. "Tiene falencias. Es muy difícil, desde el principio fue muy difícil cruzar las bases de datos del Mideplan con los registros de clientes de las empresas eléctricas", reconoce uno de los técnicos que participaron en el proceso de 2005, cuando se aprobó el primero de los seis subsidios entregados hasta ahora. Esto porque mientras el ministerio trabaja con el RUT de las personas, las empresas lo hacen con el número de usuario.
"Hay un problema de base, pero no ha existido la voluntad política para cambiar el sistema de este subsidio", agrega un ex funcionario de la cartera de Economía.
En las empresas distribuidoras aseguran que el problema se produce especialmente en comunas con altos índices de ruralidad. Pero según la información entregada por la SEC, en comunas como Antofagasta, de los 8.879 beneficiarios identificados, sólo 881 han cobrado el subsidio hasta ahora. Algo similar sucede en Iquique. En esta comuna, de las 9.189 familias identificadas como aptas para recibir el subsidio, sólo 797 lo han obtenido.
La CNE afirma que se han multiplicado los esfuerzos por distribuir el beneficio. "Con propiedad puede hablarse de un beneficio que se puso a disposición de la gente", afirma un documento enviado por esta institución.
Pero el problema abarca también la administración del subsidio, asegura el diputado Arenas. "No hay una autoridad clara", agrega en referencia al cruce constante de información entre ministerios. En Mideplan aseguran que el tema está bajo el dominio de la SEC, en la superintendencia aseguran que es tema de la CNE y en esta última aseguran que la administración es jurisdicción del Ministerio de Economía.
Las municipalidades son más eficientes que el Gobierno para entregar subsidios
Eva Henríquez, una jubilada de 64 años que vive con su marido -también jubilado- y su hija, Jacqueline (ambas en la foto), cuenta que no "alcanzó a inscribirse para tener el subsidio a las cuentas de la luz". Esto, porque cuando supo que tenía que ir a la compañía eléctrica para optar al beneficio ya era tarde.
"Fui a Chilectra, pero la niña me dijo que ya no se podía postular, porque había pasado el plazo, así que me quedé sin el subsidio".
También cuenta que en otros casos ha sido más fácil.
Y es que mientras su hija obtuvo hace poco el subsidio a la vivienda, ella, como jubilada, tiene acceso a otros beneficios del Gobierno.
También asegura que obtuvo sin mayor problema el subsidio al agua potable. "Para que me dieran el subsidio al agua lo único que tuve que hacer fue inscribirme en la municipalidad una vez y nunca han fallado, han tenido un servicio excelente conmigo, y me ha servido de mucho. Imagínese que nosotros no tenemos patio y el agua nos sale $7.800 mensual, pero pagamos $3.500 no más, y esa plata ayuda harto durante el mes", explica.
Por esto, el alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, está convencido de que la única forma de obtener buenos resultados en la entrega de subsidios es a través de los municipios. "Las municipalidades estamos más cerca de la gente y estamos organizadas para llegar a cada uno de los vecinos", afirma el ex presidente de la Asociación de Municipalidades, y agrega que la única razón por la cual muchos beneficios se pierden es porque entienden a las municipalidades como "meras cajas pagadoras".
Otros municipios coinciden en esto, y ponen como prueba que el subsidio al agua potable, que es manejado por cada sede comunal, tiene una administración más veloz y una cobertura mayor.
"Pero el sistema que hicieron para este subsidio es que el Mideplan le manda listas a las compañías, y las eléctricas aplican el descuento. Pero las compañías también piden requisitos, como el estar al día en el pago de la cuenta mensual e, incluso, inscribirse para solicitarlo. Un sistema muy engorroso", cuenta el alcalde Quinteros. Es que, si los requisitos fueran más simples, Eva Henríquez tendría su subsidio.
Gran parte se gasta en la administración
En la ficha de protección social las personas son identificadas por su RUT, mientras las empresas distribuidoras lo hacen a través del "número de cliente único". Muchas veces es muy difícil conciliar ambos datos, ya sea porque la cuenta de luz está a nombre de otra persona o porque los más pobres viven de allegados.
El decreto de ley con el que se aprobó el subsidio tampoco ayuda. Primero señala que "se puede entregar más de un subsidio a una cuenta de consumo eléctrico, en caso que exista más de una familia beneficiaria en la dirección correspondiente a dicha cuenta". Pero, a la vez, pone como condición para entregar el subsidio que el beneficiario sea usuario del sistema y esté al día en los pagos, por lo que debe ser cliente titular de la empresa.
La contradicción es sólo uno de los problemas que han obligado a realizar onerosas inversiones para focalizar la entrega del subsidio.
"Siempre fue muy difícil, la inversión era muy grande para al final entregar $800 al beneficiario", explica un funcionario que participó en el proceso de los primeros subsidios y que estima que los gastos administrativos consumen entre un 30 y 40% del monto estimado por el Gobierno.
En esta ocasión, ante el bajo porcentaje de cobertura obtenido hasta marzo de 2008, plazo en el que vencía inicialmente la entrega de los $18.000 fijados en el último decreto ($12.000 para los usuarios del Sistema del Norte Grande), la inversión en gastos administrativos aumentó.
"Se distribuyeron formularios a todos los usuarios, se instaló un 'call center' y había personal dedicado exclusivamente al cruce de bases de datos del Mideplan y de las empresas. Algunas cosas las pagaron las distribuidoras, pero la mayor parte el Estado", afirma un técnico.
A eso, agrega Arenas, se debe sumar el costo de una asesoría contratada a la Universidad de Chile que concluyó sin resultados, y la campaña radial y televisiva. "Todas son cosas de las que no hemos podido obtener los costos", afirma el diputado. Hasta el cierre de esta edición, "El Mercurio" no pudo tener acceso a esa cifra, solicitada al Ministerio de Economía.
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