M. R. G.
CÓRDOBA. Los ciudadanos de la provincia presentaron el año pasado 44 quejas ante la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por cuestiones relativas a Educación, según recoge el informe de 2007 de este organismo. Esto supone un crecimiento del 57 por ciento en el número de escritos respecto a los 28 registrados en 2006, y sitúa al área de Educación de Córdoba como la segunda que más consultas generó.
A raíz de las quejas presentadas, el Defensor del Pueblo Andaluz tuvo que dirigirse hasta en 17 ocasiones (cinco más que en 2006) a la Delegación de Educación. En la mayoría de los casos, la Administración tardó dos meses en contestar, aunque se hizo una «advertencia» al organismo en una ocasión.
El informe anual no especifica el motivo de las quejas recibidas de la provincia, aunque a nivel andaluz la mayoría de los escritos se refieren a cuestiones relacionadas con el proceso de escolarización, la situación de las infraestructuras escolares y los problemas de convivencia en los centros educativos, un apartado en el que el informe incluye dos quejas presentadas por Córdoba y que fueron resueltas favorablemente.
Al margen de estas cuestiones, el documento destaca la queja 07/5279, en la que un padre cordobés expone el retraso en la entrega de los cheque-libros para la adquisición de material de texto e indica que a fecha de 22 de noviembre de 2007 su hijo aún no disponía de los manuales necesarios para seguir las clases.
En su análisis general, el documento dedica un apartado destacado a los problemas de escolarización. En 2007, los andaluces emitieron 620 quejas relativas a Educación, de las que 170, casi el 30 por ciento, se referían al sistema de inscripción de alumnos. Es una tendencia similar a la de ejercicios anteriores.
Por ello, un año más, el Defensor del Pueblo insta a la Consejería de Educación a que arbitre medidas para reducir el clima de «crispación» ante los criterios de admisión y «litigiosidad» por los fraudes detectados en el proceso.
Más para los hermanos
En este sentido, el texto eleva una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de escolarización. En primer lugar, propone una rectificación de los criterios de admisión en los que se otorgue la máxima puntuación a la existencia de un hermano del solicitante ya matriculado en el centro y se diferencie el domicilio familiar del domicilio laboral, concediendo una mayor puntuación al primero.
El Defensor del Pueblo considera que con estas medidas se evitaría la existencia de hermanos matriculados en centros diferentes, una problemática que se repite curso tras curso. En el caso de Córdoba, el año pasado, coincidiendo con el periodo al que se refiere el informe, setenta familias se encontraron al final de la escolarización con los hijos matriculados en distintos centros, y este año ya se han constatado 25 casos.
Además, tal y como consta en un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Andalucía se distingue por ser una de las pocas comunidades autónomas, junto con Extremadura y Murcia, que conceden más puntuación por el domicilio que por los hermanos, independientemente de que en caso de empate prime este último criterio.
El documento del Defensor del Pueblo hace, por último, una referencia al papel de la Administración en el proceso de admisión y demanda: que las Delegaciones Provinciales revisen de oficio todas las solicitudes presentadas en centros donde la oferta de plazas no fuese suficiente para atender la demanda e investiguen aquellas en que apareciesen indicios de posible irregularidad. El Defensor ya hizo esta recomendación en 2006 y, de momento, la Junta de Andalucía no la ha tenido en cuenta.