¿Por equivocación o por conveniencia?
Hernán Buchi
Hemos visto actos de gobierno, como el del Hospital de Curepto, que toda la población rechaza. La pregunta es si ellos se producen por desconocimiento o son meros errores; alternativamente podrían nacer de un cálculo de conveniencia política.
Creemos que en la inauguración del hospital, la Presidenta de la República fue inducida a error. Pero no hay duda de que detrás de la ficción realizada hay una programación sistemática de un equipo para el que la conveniencia política estaba por encima de todo.
Es efectivo que hubo funcionarios sindicados como responsables en este episodio. Pero, dado el compromiso de credibilidad, la reacción fue modesta. No se conoce de una investigación integral que determinara responsables y conocedores con un posterior castigo a todos ellos, sean quienes sean. Probablemente la indignación no fue suficiente para ello. El Gobierno actúa demasiadas veces por su conveniencia política, lo que termina relativizando hechos como el analizado.
Desgraciadamente no parece estar dispuesto a cambiar. Hace pocos días exigió discusión inmediata a una reforma constitucional. Pretender modificar las bases del sistema electoral en esta forma sólo puede venir de un cálculo de conveniencia política. Las reglas del juego pueden no gustarnos a muchos y sabemos que no hay sistemas democráticos perfectos. El chileno no es especialmente anómalo como para modificarlo precipitadamente.
El Gobierno y los comunistas han intentado hacer caudal de que estos últimos estarían excluidos del Parlamento. Curiosa preocupación de quienes lideran la estrategia de cumplir las normas sólo cuando les conviene y actúan fuera del sistema otras veces, logrando así influir mucho más allá de su real apoyo.
Si de exclusiones se trata, es más notorio que sistemáticamente la mitad de los chilenos han sido excluidos de la Presidencia de la República, que en nuestra institucionalidad representa el 90% del poder político. Pero al Gobierno parece no interesarle realmente buscar un sistema que mejore representatividad y gobernabilidad a la vez. Sólo ve la oportunidad de cumplir su compromiso con los comunistas, o usar el aparato de propaganda para dañar a la oposición.
Sin embargo, es en el campo laboral donde se han repetido más acciones de gran impacto negativo. Como consecuencia del violento conflicto promovido alrededor de empleados de empresas que prestan servicios a Codelco, se terminó en una intervención política de facto de la administración de dicha empresa estatal. Tenemos ahora dos problemas: una estrategia laboral que promueve los conflictos y que daña el progreso y un problema de administración en Codelco.
No es difícil imaginar el beneficio buscado con las actitudes indicadas. Que en el Ministerio del Trabajo y sus órganos dependientes existan actitudes agresivas hacia los emprendedores y se faciliten o toleren acciones ilegales y violentas, puede atraer votos de ciertos sectores al Gobierno. Los calificativos que usa un senador para referirse a quienes dan trabajo indica que esta búsqueda de votos es real. Por su parte, la desautorización a que se vio sometida la dirección de Codelco se explica por la necesidad del Gobierno de respaldar a ciertos dirigentes sindicales que estaban siendo opacados.
La ceguera que provoca la conveniencia política no es fácil de superar. Requiere una visión de Estado.
Comprobar los excesos a que se puede llegar, como en Curepto, ojalá lleve al Gobierno a no abusar de esta línea de acción. Pero desgraciadamente existe un problema adicional; hay quienes creen que lo que hacen no sólo conviene políticamente sino que además es correcto económicamente. Muchas personas participaron o respaldaron el comunismo creyendo que era conveniente. Sólo su desplome y el drama humano y económico los desilusionó.
Debemos estar atentos a la realidad para no mantener convicciones erradas. Las empresas públicas en Chile tienen problemas de administración. El caso de EFE es dramático y no único. Codelco se beneficia de óptimos precios del cobre y molibdeno. Pero su proceso operativo y de inversión está complicado.
Su dotación de personal es muy superior a la de empresas privadas. Su costo total unitario se acerca a US$ 1,9 y neto a cátodo a US$ 1,15. Si baja el cobre, el problema será grave y nos afectaría a todos. Desautorizar a sus administradores no ayuda en este escenario. Discutamos seriamente cómo estructurar la empresa, su capital y su administración para el beneficio de todos.
La visión de las relaciones laborales del Gobierno es errada y la experiencia mundial es contundente. Los trabajadores mejoran si las empresas son más productivas. Las empresas, dependiendo de las condiciones tecnológicas, las economías de escala y de su capacidad de control, deben poder centralizar o delegar la producción de insumos o de servicios. Esa flexibilidad las mantiene competitivas y hace que la población progrese.
Las visiones equivocadas y los cálculos políticos están en el corazón de nuestro lento progreso. Por el bien de todos, corrijamos el rumbo.
Como consecuencia del violento conflicto promovido alrededor de empleados de empresas que prestan servicios a Codelco, se terminó en una intervención política de facto de la administración de dicha empresa estatal.
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