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jueves, mayo 01, 2008

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LOBBY

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Por SUZANNE GAMBOA, ASSOCIATED PRESS

05/01/2008

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Eurodiputados utilizan infraestructura del Parlamento para hacer lobby encubierto

LOBBY ENCUBIERTO NO ES LOBBY ...ES TRAFICO DE INFLUENCIAS

Eurodiputados utilizan infraestructura del Parlamento para hacer lobby encubierto

ANTIGLOBALIZACIÓN 25 de abril

Organizaciones europeas y latinoamericanas, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, piden a la delegación que asistirá a la Asamblea Parlamentaria euro-latinoamericana (EuroLat) en Lima, Perú que rechace la invitación de la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento para visitar a sus empresas miembros Suez, BBVA, BP y Telefónica. La conferencia de presidentes de la Eurocámara decidió ayer revisar la actividad de dicho órgano de presión.

El Vicepresidente (Primero) del Parlamento Europeo y Vicepresidente de la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento (European Business and Parliament Scheme, EBPS por sus siglas en inglés), Alejo Vidal-Quadras, del Partido Popular, se aprovechó de su influencia en la Eurocámara para ofrecer a la delegación del Parlamento Europeo que participa en la reunión de EuroLat en Lima, "programas que proporcionan conocimiento sobre las operaciones de las compañías y asuntos prácticos de los negocios en Perú".

En la reunión preparatoria de EuroLat anteayer en Estrasburgo, participó –sin ser parlamentaria- Natalia Federighi, directora Ejecutiva del EBPS y quien fue asesora de otro Eurodiputado popular, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Ayer, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo dedicó más de 45 minutos a las denuncias realizadas por los grupos parlamentarios Los Verdes e Izquierda Unida Europea contra esta institución de lobby, y recomendó a los cuestores-encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los diputados-, de revisar la decisión del 2005 por la que se adjudicó a la EBPS oficinas y el uso del servidor de la Eurocámara. Además, el Secretario General del Parlamento debe dar cuentas de todos los casos similares. Una decisión muy a pesar de las gestiones de Vidal Quadras.

Brid Brennan del Transnational Institute de Holanda, se muestra desconfiada de que las actividades de la EBPS sean "neutrales y no lobbistas". Cada una de las cuatro empresas mencionadas paga una cuota de socio anual de 15,000€ y sin duda espera algo a cambio, explica Brennan. "Interpretamos las actividades programadas de la EBPS en Lima como una actividad de presión política encubierta para promover los intereses privados de sus empresas miembros y ayudarlas a alcanzar mayores cuotas de mercado así como facilidades en el entorno político en América Latina." También compartimos las preocupaciones expuestas por la Eurodiputada Mónica Frassoni en su carta del 4 de Abril al Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering, una de los cuales es el hecho de que la EBPS tiene una oficina en el Parlamento Europeo y utiliza direcciones de correo electrónico que terminan en europarl.europa.eu, critica Brennan.

"Las cuatro empresas que ofrecen actividades de lobby en Lima se están enfrentando todas ellas a duras y justificadas críticas sobre su impacto sobre los derechos económicos, sociales y ambientales de sus operaciones en América Latina", señala Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y miembro de Seattle-to-Brussels Network, una red de más de 70 organizaciones de 16 países que realizan campañas contra las políticas comerciales de la Unión Europea.

Las cuatro empresas van a ser acusadas durante la sesión sobre empresas transnacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que tendrá lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad civil "Enlazando Alternativas" del 13 al 16 de mayo de 2008, en paralelo a la 5 ª Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas", que promueve el rechazo a la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento y organiza el TPP, acusa a las empresas de graves violaciones a los Derechos Humanos.

SUEZ y el BBVA participan en el controvertido proyecto Camisea Gas Field en la región amazónica de Perú. "El gaseoducto causa enormes daños ambientales, se ha roto en varias ocasiones desde su construcción, y viola los derechos de los indígenas : reasentamiento involuntario, destrucción de alimentos y del suministro de agua de las comunidades locales, y la exposición a enfermedades para las cuales la población indígena no tiene defensas inmunológicas", denuncia Victor Maeso de la ONG Setem-Catalunya. "Los cálculos indican que aproximadamente 160.000 personas indígenas se ven directamente afectadas por el Proyecto Camisea."

En otras partes de América Latina, la división de agua de SUEZ viola el Derecho Humano de Acceso al Agua y las normas laborales según la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical de más de 500 sindicatos del sector público en más de 140 países.

David Llistar, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, reitera que "el Grupo BBVA está siendo acusado por la financiación de proyectos altamente contaminantes, tales como la planta de celulosa de la empresa española ENCE en Uruguay, la explotación petrolera de Petrobras en Parque Nacional Yasuni (Ecuador), violando así gravemente las Directrices de los Principios de Ecuador, suscritos por la firma.

Contra la Resolución del Parlamento Europeo de 2005, de prohibir que las instituciones financieras inviertan directa o indirectamente en las empresas que participan en la producción de minas antipersona y otros controvertidos sistemas de armas, el Gobierno español permite que el BBVA este invirtiendo fuertemente en la industria del armamento a través de participaciones directas o indirectas en varias empresas que producen armas, incluidas bombas de racimo, denuncia Llistar.

Asimismo, "en 2006 el gigante de petróleo y gas BP pagó una compensación de varios millones de libras a comunidades campesinas desplazados por los impactos ambientales que causó el oleoducto de la firma en el departamento de Antioquia", explica Andy Higginbottom de la Colombia Solidarity Campaign de Inglaterra. La empresa aceptó el "acuerdo privado" para evitar un juicio ante las Cortes por beneficiarse de un régimen de terror implantado por fuerzas paramilitares del Gobierno colombiano que protegían su oleoducto en Colombia, que implicó los asesinatos a sindicalistas y el desplazamiento forzado. "La operación de BP en Casanare (Colombia) causó un gran escándalo en 1997 cuando se reveló que la empresa había contratado la compañía privada de seguridad DSL para entrenar la policía en actividades letales. Seis lideres campesinos fueron asesinados", advierte Higginbottom. "Supuestamente BP cambió sus políticas, pero la situación de Derechos humanos en la región sigue nefasta", añade. Durante la década pasada muchos lideres de movimientos sociales y de las comunidades han sido asesinados; "entre febrero y marzo de 2003 ha habido 60 desapariciones en sólo dos municipios, y actualmente la Brigada XVI del Ejército colombiano esta realizando ejecuciones extrajudiciales", imputa Higginbottom. "BP se aprovecha de los asesinatos por parte de los grupos paramilitares para impedir cualquier forma de sindicalización en sus instalaciones."

"Telefónica está siendo acusada de violación generalizada de las leyes laborales en Colombia y otros países en los que está operando", manifiesta Carlos Aguilar de la Alianza Social Continental, movimiento hemisférico americano para enfrentar el llamado libre comercio. "En Perú se vio obligada a pagar al Gobierno peruano una multa de 284.000 € después del terremoto en agosto de 2007, cuando la interrupción de sus servicios agravó enormemente la situación." "El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú declaró que Telefónica no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Gobierno y sus clientes porque los servicios prestados se encontraban por debajo de los estándares legales", resume Aguilar la situación.

Cartas originales a las que se hace referencia:

Carta de la Eurodiputada Mónica Frassoni al Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering ( PDF - 64.5 KB )

Carta de Harald Romer, Secretario General del PE intentando que la EBPS se quede en el parlamento ( PDF - 130 KB )

Carta de Alejo Vidal-Quadras a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ( PDF - 44.5 KB )

Programa de la Plataforma Europea de Empresas y Parlament en Lima ( PDF - 81.2 KB )

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CODELCO debería cumplir con los acuerdos suscritos con subcontratistas

CODELCO debería cumplir con los acuerdos suscritos con subcontratistas

Así lo estimaron los senadores de la Comisión de Minería quienes escucharon a los representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, encabezados por Julio Araya que sostienen que la empresa cuprífera estatal no ha dado cumplimiento a parte de los acuerdos suscritos en agosto de 2007.

Con el fin de conocer todos los antecedentes en el conflicto CODELCO- subcontratistas, los senadores de la Comisión de Minería, luego de escuchar los planteamientos de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, decidieron invitar para la próxima sesión al Presidente Ejecutivo de la empresa estatal, José Pablo Arellano, para conocer la otra cara de la medalla.

Así lo afirmaron los senadores Ricardo Núñez y Baldo Prokurica, presidente e integrante de la instancia, quienes explicaron que "los dirigentes nos confirmaron que el conflicto se originó porque la empresa cuprífera estatal no ha dado cumplimiento a parte de los acuerdos suscritos en agosto de 2007".

El senador Ricado Núñez precisó que "pese a que no podemos ejercer tareas medidadoras recogimos los antecedentes suficientes de los elementos centrales del conflicto que vive CODELCO con los trabajadores subcontratistas. Estos dicen relación con el incumplimiento por parte de la empresa cuprífera estatal de algunas de las bases del acuerdo que ambas partes firmaron el 1 de agosto de 2007".

El parlamentario recalcó la importancia de que "independiente de cómo se resuelva el conflicto esos puntos deben ser abordados por CODELCO ya que no se trata solo de internalizar a los trabajadores, sino que existen temas pendientes tales como, las horas extraordinarias, la capacidad fiscalizadora de CODELCO a empresas que no cumplen adecuamente y un conjunto de temas relacionados con condiciones de salud, vivienda y educación".

DESCONOCIMIENTO DE ACUERDOS

Coincidió con su par, el senador Baldo Prokurica quien sostuvo que "los trabajadores subcontratistas nos aseguraron que varios de los acuerdos que se hiceron con la empresa no se han cumplido y es muy curioso que CODELCO que mantuvo mesas de negociación posteriormente desconozca estos acuerdos y además no haya seguido dialogando".

Precisó que "como senadores reconocemos las disposiciones legales y constitucionales que nos prohíben involucrarnos en conflictos laborales pero no por eso no tenemos derecho a conocer las opiniones de todos los sectores".

Por estas razones, adelantó que "queremos escuchar al titular de CODELCO, José Pablo Arellano y que se allane para saber lo que ha pasado. Tenemos un grave conflicto en la División El Salvador, porque los directivos están anunciando el cierre de la empresa usando como pretexto la huelga y la seguridad en la mina".

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Aprueban legislar para consagrar el principio de libre acceso de los usuarios a Internet

Aprueban legislar para consagrar el principio de libre acceso de los usuarios a Internet

En forma unánime el Senado respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa, pero acordó remitirla a las Comisiones Unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, para evitar una eventual colisión con la ley de propiedad intelectual.

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado a la idea de legislar sobre el proyecto que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, lo que significa que quienes presten servicios a los proveedores de acceso no podrán bloquear, interferir ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier contenido, servicio o aplicación legal a través de la web.

Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite, quedó en condiciones de ser remitida a las Comisiones Unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de elaborar un informe que evite una eventual colisión entre este proyecto y la ley de propiedad intelectual. Para ello se fijó como plazo el 7 de junio para presentar las indicaciones pertinentes.

Durante el debate intervinieron los senadores Roberto Muñoz Barra, Carlos Ominami, Guillermo Vásquez, Jovino Novoa, Alejandro Navarro y Fernando Flores. Todos ellos coincidieron en la importancia de avanzar en una legislación sobre la materia, pero anunciaron una serie de propuestas para perfeccionar el proyecto.

El texto consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, garantizando que las concesionarias del servicio público de telecomunicaciones que presten servicios a los proveedores de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de la web.

LIBRE ACCESO

Mientras el senador Muños Barra recordó que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado hizo una serie de modificaciones que perfeccionaron el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, el senador Ominami valoró la iniciativa argumentando que todo lo que sirva para garantizar el libre acceso a Internet es fundamental.

No obstante recordó que el acceso a Internet está altamente concentrado en el país, pues Telefónica y VTR concentran más del 80% del mercado, lo que impone el deber de vigilar con atención para garantizar que la web se mantenga como un espacio abierto e impedir conductas anticompetitivas.

Por su parte el senador Vásquez, señaló que si bien el proyecto está "bien logrado" en cuanto a los objetivos que persigue, es fundamental que éste sea tratado en la Comisión de Economía, que preside, y en la de Transportes y Telecomunicaciones unidas para evitar una suerte de conflicto de colisión de normas entre este proyecto y el de propiedad intelectual que está radicado en la instancia que preside.

Lo anterior fue respaldado por el senador Novoa, quien explicó los alcances del proyecto destacando la prohibición de bloquear, interferir, discriminar o entorpecer o restringir el tráfico a través de Internet, siempre que se trate de acciones arbitrarias. Agregó que en cuanto a la gestión de tráfico y administración de la red, se mantiene que ninguna de estas acciones pueda constituir un ejercicio anticompetitivo.

En tanto el senador Navarro coincidió en la importancia de garantizar el principio de neutralidad en Internet, señalando que ello es fundamental si se toma en cuenta la lucha que tienen las grandes empresas de software y hardware por mantener la hegemonía, con prácticas ilícitas y antimonopólicas.

Junto con insistir en la necesidad de que el Estado aplique el software libre, anticipó que presentará una serie de indicaciones para garantizar los servicios básicos y la privacidad en la red.

Finalmente el senador Flores respaldó la iniciativa pero instó a sus pares a conformar un grupo de trabajo que se dedique a estudiar bien las implicancias que esto tiene, pues en su opinión existe una confusión de conceptos.

En tal sentido señaló que todo indica que hay que preocuparse los servicios de utilidad general en la red, pues todo avanza en esa línea, por lo que es importante para la seguridad y el intelecto del país preocuparnos de ello.

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Tribunales Tributarios estarían bajo el alero del Poder Judicial pero con normas excepcionales

La Comisión de Constitución del Senado le solicitó al Ejecutivo que acoja una petición en esa línea a objeto de poder pronunciarse sobre el proyecto que crea y perfecciona dichos juzgados.

Un sustantivo acuerdo tomó la Comisión de Constitución del Senado al definir que los nuevos Tribunales Tributarios estarán bajo el alero del Poder Judicial, aun cuando tendrán normas excepcionales.

Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, tras explicar que durante el análisis del proyecto. En segundo trámite, que crea y perfecciona dichos juzgados, no existía claridad respecto de la naturaleza de esas entidades y la dependencia que tendrían.

Por ello, se le solicitó al Ejecutivo que entregara una propuesta que considere el planteamiento de la Comisión, en el sentido de estructurar los nuevos Tribunales bajo el alero del Poder Judicial, pero con normas excepcionales en cuanto al nombramiento de sus integrantes y aspectos propios de su funcionamiento.

"Analizando el proyecto surgió la duda de si son o no son tribunales de justicia bajo las normas comunes. El Ejecutivo nos dice que son tribunales con normas excepcionales y por eso le pedimos que nos trajera una estructura para pronunciarnos. En todo caso, la decisión de la Comisión es que los tribunales tributarios sean tribunales de justicia, bajo el alero del Poder Judicial, pero con normas excepcionales", explicó el senador.

Agregó que entre éstas últimas podrían estar contempladas las relativas al nombramiento de los jueces, al tiempo y horarios que estarán trabajando en sala, al sistema de remuneraciones, permisos y calificaciones, entre otros.

"Hay varias normas excepcionales que estamos todos de acuerdo que es posible incorporar. Por ejemplo, como los tribunales tendrán abogados expertos, tributaristas y otras profesiones, se requiere que haya un sistema de precalificación y eso se hará por el sistema de Alta Dirección Pública, lo que es un cambio al nombramiento de los jueces como se hace hoy día", señaló el senador Gómez.

Agregó que existe consenso en la Comisión de Constitución respecto de que si se están creando tribunales para resolver el problema de que el Servicio de Impuestos internos es hoy día "juez y parte", no se pueden crear "híbridos, tienen que tener una normativa común".

INFORME DE LA CORTE SUPREMA

Cabe recordar que en el informe que emitió la Corte Suprema sobre la iniciativa, manifestaron que la vía más idónea de fortalecer la jurisdicción tributaria es estructurándola sobre la base de Juzgados Tributarios creados en el Poder Judicial, radicando en salas especializadas de las Cortes de Apelaciones el segundo grado del procedimiento y en la Corte Suprema la resolución de los recursos de casación correspondientes.

En opinión del máximo tribunal, los juzgados tributarios debieran constituir juzgados especiales que participen en plenitud de la independencia orgánica y funcional que es propia de los tribunales de justicia, con todas las características, responsabilidades y atributos que los distinguen.
No obstante, el proyecto en estudio señala que la gestión administrativa de los Juzgados Tributarios y Aduaneros estará a cargo de la Unidad que crea la iniciativa, como un órgano funcionalmente descentralizado de la Subsecretaría de Hacienda.

En opinión de la Corte, ello no permite reconocerles la autonomía propia del ejercicio de la jurisdicción a cargo de tribunales independientes de otros Poderes del Estado, en especial si por la naturaleza de los asuntos comprendidos en su competencia, deberá conocer de reclamaciones en contra de actuaciones de otros Servicios que se relacionan precisamente con la misma Subsecretaría de Hacienda.

Proyecto que establece órdenes de partido para los parlamentarios generó rechazo

Proyecto que establece órdenes de partido para los parlamentarios generó rechazo

El presidente de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar y los senadores Juan Antonio Colma, Pedro Muñoz y Hernán Larraín se manifestaron contrarios a esa medida que impulsa el Ejecutivo.

La posibilidad de que las directivas o las cúpulas de los partidos políticos puedan dirigir la forma en que votarán sus parlamentarios en el Congreso, generó rechazo entre el Presidente de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar, y los senadores Juan Antonio Coloma, Pedro Muñoz y Hernán Larraín.

Junto con advertir que dicha medida podría tener problemas de constitucionalidad, los parlamentarios anticiparon su postura contraria a la disposición que pretende impulsar el Ejecutivo en un proyecto de ley de partidos políticos, que ingresaría al Congreso los próximos días.

Al respecto, el titular del Senado, Adolfo Zaldívar, manifestó que "las órdenes de partido no tienen sentido cuando uno tiene que votar en conciencia. Claramente la soberanía a uno se la delega el pueblo. Los partidos políticos no pueden coartarla ni entender que eso depende de la voluntad de una directiva".

Agregó que él mismo fue víctima de una medida similar a la que ahora pretende imponerse por ley "porque algunos no han querido entender lo que es un partido político".

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma manifestó que es amentable que "las mentes de los teóricos del gobierno confundan la participación ciudadana a través de los partidos y pretendan ponerles un bozal a los parlamentarios, para que los jefes de partidos sean los únicos que puedan opinar e imponer la disciplina en su interior".

Asimismo, señaló que a través de un proyecto que es para modernizar a los partidos "se vuelve a esquemas totalitarios. Se nos propone que los que manden sean los jefes de los partidos y que los parlamentarios acaten o se vayan".

PODER CUPULAR

Por su parte, el senador Hernán Larraín lamentó la medida que se pretende impulsar argumentando que apunta a la centralización, pues "se le da mucho poder a la cúpula y me parece simplemente poco democrático".

En su opinión existirían varios aspectos del proyecto que tendrían problemas de inconstitucionalidad, por lo que anticipó que lo estudiarán "con ojo muy crítico".

En tanto, el senador Pedro Muñoz dijo no ser partidario de establecer órdenes de partido, pero si de mantener una cierta disciplina partidaria a través de otro tipo de regulación o sanciones.

"Tenemos un proyecto en la Comisión de Constitución que presentamos con el senador Mariano Ruiz-Esquide, que plantea que las personas que son expulsadas o renuncian a sus partidos, pierden sus cargos. Pero esto de las órdenes de partido, frente a una sociedad que se está alejando cada día más de la política, da una muy mala señal", sentenció.

Agregó que es fundamental conocer en detalle el contenido de la iniciativa, pero "en principio y de acuerdo a lo que se ha informado, no me parece que los parlamentarios estemos sujetos a órdenes de partidos, porque hay cosas valóricas de por medio y que incluso pueden estar fuera del programa que impulse el Ejecutivo".

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PRESIDENCIA DEL SENADO, CHILE

Valparaíso | 30/04/2008 | Presidencia |

Pero debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Por Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado

Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar

Con ocasión de la celebración internacional del Día del Trabajo y los últimos sucesos ocurridos en nuestro país, en el ámbito de las relaciones laborales, cabe preguntarse ¿que hemos hecho mal para tener los niveles de conflictividad actuales?

Lo primero es puntualizar que más allá de una deficiente legislación laboral, de la pérdida de vigencia de los sindicatos en los términos tradicionales a nivel global, de algunas prácticas patronales indebidas, no corresponde legitimar el uso de la violencia como una forma de corregir lo existente y menos si con tales procedimientos se provocan enfrentamientos entre los propios trabajadores.

Ese camino debe rechazarse de plano por todos los actores de la sociedad chilena y de manera especial por los partidos políticos y cada uno de sus dirigentes; no corresponden dobles discursos y menos tratar de instrumentalizar las legítimas demandas de los trabajadores públicos y privados para fines políticos subalternos.

Es una realidad innegable que los chilenos y chilenas demandan más empleos y mejores remuneraciones y en el caso de los adultos mayores jubilaciones dignas.

La autoridad debe antes que nada mantener e imponer el orden, pero también debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Tener en cuenta esa ecuación es la que permite a un país canalizar sus problemas y necesidades.

Muchas veces he dicho y lo reitero en esta ocasión que la gran falla estructural que presenta Chile, desde hace ya muchos años, es la mala distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. Cabe recordar que las iglesias y la Católica en particular han levantado su voz sobre este mismo punto, teniendo un rol muy determinante en dicha demanda Monseñor Goic.

Lo peligroso de no tomar conciencia de lo anterior es que se puede tirar por la borda los avances que se han logrado. Si dejamos que la lucha de clases vuelva a tener justificación, si permitimos que nuevamente sea el resentimiento y el odio el que condicione nuestras relaciones sociales, laborales, culturales y políticas, no habremos aprendido nada de la historia, de nuestra historia.

Lo delicado del conflicto actual es que el Estado a través de su más importante empresa está en medio de éste y sienta un precedente funesto al no saber dirimirlo.

Es un pésimo ejemplo y coloca en una muy mala posición a todo el sector empresarial, ya que no se distingue a los buenos de los malos empresarios. No se protege a la pequeña y mediana empresa cuya existencia y subsistencia tiene directa relación con las grandes empresas.

La mayor reflexión en esta fecha debiera estar centrada en cómo asegurando el orden y la certeza jurídica del trabajo y la propiedad, buscamos terminar con las causas profundas que han permitido este grave nivel de desencuentro. Todos tenemos responsabilidad, todos debiéramos colaborar a desactivar esta verdadera bomba social que hemos permitido se instale entre nosotros, unos por egoístas, otros por obtusos y otros por intereses políticos mezquinos. Apostemos por el diálogo entre nosotros.

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