 |  | Hernando Salazar Bogotá |
Si Colombia decide denunciar al presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI), primero tendrán que surtirse varias etapas, muy largas y complejas.
La primera es que la justicia colombiana decida si procesa y juzga a Chávez por la supuesta financiación del presidente venezolano a la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ha denunciado el gobierno de Colombia.
Si los fiscales y jueces colombianos no pueden o no quieren administrar justicia en ese caso, entonces sí podría entrar a hacerlo la CPI.
Pero, antes la CPI debe verificar si el delito por el cual sea denunciado Chávez hace parte de su mandato.
Inicialmente, el presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que iba a denunciar a Chávez por "patrocinio del genocidio" y después, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, habló de "financiamiento directo a grupos terroristas".
"Definitivamente, la denominación patrocinio del genocidio' no se encuentra en las normas del derecho penal internacional", le dijo a BBC Mundo el abogado y profesor universitario Mario Madrid-Malo, un experto en derechos humanos.
Madrid-Malo explicó que el Estatuto de Roma, que le dio vida a la CPI, sólo contempla genocidio mediante matanza, mediante lesión grave a la integridad física o mental, mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarrean destrucción física, mediante imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos y mediante el traslado de niños por la fuerza.
El experto agregó que la CPI tampoco es competente para investigar el delito de terrorismo, sobre cuya denominación no hay consenso en la comunidad internacional.
Críticas
El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, quien participó en la aprobación de la reforma constitucional en la que Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, calificó el anuncio del presidente Uribe como "una postura delirante".
"Demuestra una enorme ignorancia del presidente (Álvaro Uribe) sobre la Corte Penal Internacional. Estamos estrellándonos contra el mundo", le dijo el legislador a BBC Mundo.
Petro sostuvo que la CPI no juzga a los cómplices, sino a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según el senador, para que la CPI entre a procesar a Chávez se necesitaría que el propio Uribe reconociera que la justicia colombiana no opera y por eso se requiere a la Corte Penal Internacional.
El dirigente político sostiene que la justicia colombiana ha sido incapaz de juzgar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio y que por esa razón se le ha pedido a Uribe que reconozca la incapacidad del sistema a fin de que pueda actuar la CPI. "Uribe nunca ha querido", dijo.
La decisión de denunciar a Chávez también produjo reacciones en el Partido Liberal, el principal de la oposición. Su vocero ante el Senado, Héctor Helí Rojas, dijo que se trata de "un apresuramiento" que "profundiza la crisis".
"La Corte Penal Internacional no está para directamente investigar y juzgar esos eventos", añadió Rojas.
La salvedad de Colombia
Colombia usó una salvedad contemplada en el Estatuto de Roma para sustraer a la CPI, durante siete años, del conocimiento de crímenes de guerra ocurridos en el país.
Esa salvedad se invocó en agosto de 2002 por parte del presidente Andrés Pastrana y se dijo que pretendía facilitar el camino para eventuales negociaciones de paz con los grupos armados irregulares.
En el caso de una denuncia contra Hugo Chávez, Mario Madrid-Malo explicó que la Corte Penal Internacional sí es competente para procesar y juzgar a jefes de Estado y de gobierno.
Mientras el profesor de derecho internacional Enrique Gaviria Liévano le dice a BBC Mundo que la mejor manera de solucionar el conflicto diplomático con Ecuador y Venezuela es mediante el diálogo, Petro asegura que se necesita un pacto regional.
El senador explicó que ése debe ser un acuerdo político, "donde el gobierno de Colombia se comprometa a no violar la soberanía de otros estados en desarrollo del conflicto interno, pero también donde los gobiernos extranjeros se comprometan a no ingerir en el conflicto colombiano", dijo.
Petro propuso que ese compromiso incluya a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, pero también a de Estados Unidos, Reino Unido e Israel.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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