Gonzalo Vial
El caso Santelices
Gonzalo Vial, lA SEGUNDA
Se acaba de cerrar el caso del general Santelices, con su retiro de las filas del Ejército. Quisiera explicar por qué este desenlace sienta un precedente muy negativo para el país, para la institución castrense y -por tanto, a mediano o largo plazo- para la estabilidad institucional. Y también, quiénes son los responsables de lo sucedido.
1. El general Santelices hace 34 años y a los 20 de edad, subteniente recién egresado de la Escuela Militar, recibió y cumplió la orden de trasladar a un grupo de detenidos políticos de Copiapó, al lugar donde serían asesinados de inmediato.
La orden de traslado, en sí, no era ilegal; lo ilegal fue el asesinato. El subteniente no participó en el crimen. Asegura no haber sabido el objeto último de la medida, y nadie lo ha contradicho al respecto. Y esta versión suya es la más probable. Un oficial superior que decide y planifica cómo realizar un acto tan monstruoso, se preocupa de que sólo estén enterados de él, y ojalá a último minuto, quienes lo han de cumplir materialmente, y ningún otro. Se ahorra así la eventual oposición de un personal que no requiere para tan innobles fines. ¿Por qué habría de arriesgar esa resistencia, informando de sus propósitos a quienes no necesita ni ha de pedir que intervengan en el asesinato?
2. El subteniente de 1974 y hoy general, pues, no cometió ninguna inmoralidad ni impropiedad.
Menos aún cometió delito. El asesinato masivo de Copiapó está bajo investigación de la justicia desde 1998, me parece, y siempre a cargo de ministros en visita. El oficial declaró en él hace seis años, y ante el ministro del momento, famosamente activo y mal inclinado hacia los militares. No fue entonces inculpado ni procesado. No lo ha sido hasta hoy. Aquel juez ha dicho (La Segunda, 7 de febrero), que el declarante "no sabía que se trataba de un trámite ilegal, el fusilamiento". "Me dio toda la información que necesitaba". "No lo sometí a proceso porque en definitiva consideraba que llegado el momento de la sentencia iba a tener que absolverlo".
El general Santelices, en consecuencia, conforme a la ley y al sentido común, debe presumirse inocente.
Es posible que, sin haber participado de los hechos mismos, su presencia involuntaria y casual en lugar y momento de éstos haya dado pie a que cometiera OTROS actos punibles o censurables. Pero... ¿dónde pueden ellos discutirse y probarse, o establecerse que no los hubo, sino en la causa sobredicha y por los jueces que la han llevado y la llevan?
3. Sin embargo, el general ha sido forzado al retiro. ¿Quiénes lo han conducido a esta situación?
3.1. El primer responsable es el Gobierno. Efectivamente:
3.1.1. El asunto se desencadenó por un llamativo reportaje de La Nación, el 27 de enero. La Nación no es un diario gobiernista, es un diario DEL Gobierno, de su propiedad (o lo que es lo mismo para cualquier fin práctico, propiedad del Estado). Y por favor no hablemos de la "libertad editorial" de La Nación. Es un cuento de hadas, como más de un periodista y hasta director del periódico han podido comprobar.
El Gobierno, en consecuencia, es el que echó a correr este asunto, deliberadamente.
3.1.2. Reportaje de La Nación en mano, el ministro subrogante de Defensa y "vocero" del Gobierno se entrevistó con el Comandante en Jefe del Ejército para solicitar el retiro del general Santelices.
Naturalmente, no lo dice así. Dice que "conversó con el general Izurieta para hacerle ver la posición del Gobierno, QUE ES RESERVADA" (El Mercurio. 6 de febrero).
¿Por qué había de ser "reservada"? ¿Por qué no ser transparente y reconocer lo que todo el mundo sabe: que el Gobierno pidió al Ejército el retiro del General?
3.1.3. Pero no fue todo. No contento con haber usado La Nación para acumular basura sobre el general, el ministro subrogante de Defensa y "vocero" gubernativo se encargó de publicitarla y amplificarla en un reportaje de Radio Cooperativa, repitiendo con énfasis y detalle la versión del diario.
Lo curioso es que, pocas horas antes o después, según el mismo periódico, el referido "vocero" se había negado a comentar las actuaciones del ex director de Ferrocarriles (entidad prácticamente desaparecida bajo su mandato, en razón de robos y fraudes múltiples y millonarios), aduciendo la "presunción de inocencia" de esa persona.
Era de parte del "vocero" la actitud debida, ética y legalmente hablando. Pero la aplicaba al ex director, no al general Santelices.
¿Por que había el "vocero" de reservar los hechos de Ferrocarriles y de su antiguo jefe a los tribunales, y en cambio explayarse sobre los del general con un periodista y en Cachagua?
Porque el Gobierno quería sacar al general del Ejército, y éso requería publicidad. Primero La Nación, después el ministro-"vocero" y Radio Cooperativa.
3.1.4. Pero hay más. En el mismo reportaje radical se produce el siguiente diálogo:
PERIODISTA: "¿Ese general tiene una responsabilidad política según usted?".
MINISTRO Y VOCERO DEL GOBIERNO: "Ud. le colocó el título".
PERIODISTA: "Es que usted lo había dicho antes, estoy siguiendo su argumentación".
MINISTRO Y VOCERO: "Deduce bien usted".
Confesión explícita de que el Gobierno solicitó al Ejército el retiro del General, por razones políticas.
La política llegando a las Fuerzas Armadas.
3.2. Nótese la situación imposible en que la maniobra del Gobierno colocaba al general, MIENTRAS ESTUVIESE EN SERVICIO ACTIVO.
El apoliticismo, deber del militar, le impedía discutir las motivaciones políticas de aquella maniobra.
La disciplina, deber del militar, le impedía polemizar públicamente con su superior civil. Esta y La Nación, y unos cuantos sacristanes más, podían arrastrarlo por el lodo... y él, callado,
¿No tenía, entonces, defensa?
Por supuesto que la tenía.
El Ejército debió defenderlo, la superioridad y no sólo ella, sino también sus pares. Tanto más si, como dijo el Comandante en Jefe (La Segunda, 4 de febrero), el general mostraba "nobleza y lealtad con la institución", una actitud "muy noble y muy hombre", etc.
El Ejército debió examinar POR SÍ MISMO los antecedentes, y obrar en consecuencia:
-Si ellos exigían o recomendaban el retiro, pedirlo la misma institución.
-Si no había mérito, rechazar el retiro. El Gobierno habría, entonces, usado las atribuciones constitucionales que tuviera. Que funcionen las instituciones... pero no para pasar juntas por encima de la honra de nadie.
Jamás debió el Ejército aceptar la renuncia del general Santelices, ni menos invocando el resquicio de ser "indeclinable". ¿Cómo no iba a serlo, llegada la triste circunstancia de que un general de Ejército sólo puede defender su honor fuera del Ejército?
Es éste, pues, el segundo responsable de tan negativo episodio.
3.3. Y el tercer responsable es, naturalmente, la Justicia.
No ha habido en nuestra historia judicial, creo, caso tan bullado como el de la "Caravana de la Muerte", que es el que ha venido a afectar al general Santelices.
Pero lleva DIEZ AÑOS y no se resuelve… está lejos de resolverse. La Corte Suprema, impávida. ¡Ni siquiera existe claridad respecto a la prescripción y/o a la aplicación de la amnistía de 1978, en estos casos! La sala penal dice un día una cosa y al siguiente -o quizás el mismo- la contraria. El pleno, mientras tanto, mantiene un silencio y un desapego de esfinge. Y por favor no me digan que no tiene facultades: los abogados bien sabemos lo que es un "supremazo", y lo hemos visto ocurrir cien si no mil veces, y en casos menos importantes.
Con estos tres responsables, luego, la política ha vuelto a las Fuerzas Armadas. Quizás era inevitable, después de la desgraciada supresión de la inamovilidad constitucional por cuatro años de sus comandantes en jefe.
Las consecuencias malignas de lo sucedido, inexorables, exceden de este espacio. Quizás me refiera a ellas. Pero pueden resumirse brevemente, de este modo: si no se protege y garantiza la "asepsia" política de las Fuerzas Armadas, no serán -a la corta o a la larga- políticamente asépticas.
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(Publicado : 12/2/2008, 5:0 horas)
"Empate técnico"
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