Primera condena por desvío de fondos PGE
MARCO ANTONIO SULANTAY
MARCO ANTONIO SULANTAY
OVALLE. Una condena de hasta tres años podría enfrentar el ex gobernador de la provincia de Choapa Julio Rojos Astorga (ex DC), tras la declaración de culpabilidad por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible emitida en su contra por el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle.
La resolución fue adoptada en sesión de deliberación efectuada ayer en la corte ovallina tras 52 días de juicio.
En la audiencia se decidió, sin embargo, absolver a la ex autoridad provincial del delito de aplicación pública diferente, debido a que no se acreditó que haya ejercido funciones no establecidas en el cargo que desempeñó en el gobierno de Ricardo Lagos.
Julio Rojos fue destituido en 2002 tras una investigación de la Contraloría solicitada por la senadora por la Cuarta Región Evelyn Matthei (UDI).
En la indagación se estableció que Rojos contrató, entre los meses de noviembre y diciembre de 2001, a personas en Planes de Generación Empleo (PGE), que finalmente trabajaron como activistas en la campaña de la diputada Adriana Muñoz (PPD).
Este ilícito quedó acreditado en el juicio con los testimonios y contratos laborales de siete personas que aseguraron haber trabajado en el comando de la parlamentaria concertacionista.
Asimismo, el Ministerio Público logró mantener la imputación de negociación incompatible acreditando con documentos que Julio Rojos contrató a su padre e hija, con un sueldo de 70 mil pesos y un bono de $150 mil, en los PGE a su cargo. Durante el juicio, Rojos reconoció que "mi padre no estaba jubilado y no tenía trabajo. Mi hija es madre soltera, con dos hijos, y también estaba desempleada. No sabía que no podía contratarse a familiares".
Nulidad del juicio
A la salida de la audiencia el acusado manifestó que no compartía el criterio del tribunal, por lo que estudiará la posibilidad de solicitar la nulidad del juicio. "En una administración de 12 personas era imposible controlar los destinos de los recursos destinados a la aplicación de programas de empleo", dijo.
Una visión contraria tuvo la fiscal del caso, Carmen Gloria Segura, quien aseguró durante el proceso que el acusado en todo momento estaba consciente de lo que estaba haciendo.
En Santiago, con satisfacción recibió en el Palacio de Tribunales el abogado querellante del caso de los denominados "empleos brujos", Cristián Letelier, la primera condena en el marco de dicha causa.
El abogado aseguró que la sentencia "tendrá incidencia directa en los otros juicios que se están tramitando en Valparaíso".
Durante el juicio se presentaron más de 70 testigos provenientes de Los Vilos, Illapel y Salamanca, además del senador por la Región de Coquimbo Jorge Pizarro Soto, quien fue la única autoridad que concurrió en calidad de testigo de la defensa a las audiencias.
Según la legislación, las penas establecidas para el delito de negociación incompatible son de 541 días de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y una multa equivalente al 50 por ciento del valor del interés que tomó en el negocio.
Diputada anuncia querella
Conocido el fallo contra el ex gobernador Rojos, la diputada por el distrito de Choapa, Adriana Muñoz, emitió una declaración pública en la que sostiene que "frente al intento por denostar mi dignidad y mi honra públicamente, iniciaré acciones legales por injurias y calumnias contra quienes resulten responsables".
En la nota la parlamentaria oficialista también apunta que "el 6 de junio de 2006, el abogado Cristián Letelier presentó una solicitud de desafuero en los tribunales de La Serena, acción que fue desestimada automáticamente por su inconsistencia y mérito. Por todo lo anterior, no me cabe realizar ninguna declaración en torno a un caso que ya quedó cerrado en tribunales".
Las claves de la resolución
De acuerdo al acta de deliberación del Tribunal Oral en Lo Penal de Ovalle, se estableció que el ex gobernador de Choapa Julio Rojos cometió fraude al fisco entre octubre del año 2001 y marzo del año 2002 cuando "contrató a diversas personas en Illapel con cargo a fondos públicos, pertenecientes al denominado Fondo de Absorción de Cesantía (FOSAC) del Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior, y pagó remuneraciones de los mismos a sabiendas de que dichas personas no realizarían la función que señalaban los respectivos contratos de trabajo, sino que prestarían servicios como activistas de la campaña política de la diputada doña Adriana Muñoz o no ejecutarían ningún trabajo", señaló el Tribunal Oral en lo Penal al leer su deliberación.
Durante el histórico juicio oral -que duró 60 días y por el cual desfilaron más de 100 testigos- se estableció también que Rojos cometió el delito de negociación incompatible porque "suscribió en la ciudad de Illapel, el día 14 de enero del año 2002, con su padre don Óscar Rojos Fuentes y con su hija doña Valeska Rojos Sasso, sendos contratos de trabajo pagados con cargo a fondos públicos pertenecientes al denominado FOSAC (...) Los familiares directos del acusado, esto es, tanto su hija como su padre, recibieron por concepto de contrato de trabajo la suma de $70.333 cada uno, todo lo anterior a sabiendas del acusado", dicen los jueces.
El tribunal lo absolvió del delito de aplicación pública diferente -gastar dineros presupuestarios en otra cosa- porque se exige "arbitrariedad para su consumación, elemento que no se acreditó con la prueba rendida en juicio". También se le absolvió de falsificación de instrumento público debido a que los querellantes no rindieron prueba sobre los contratos aprobados por la gobernación mediante resoluciones.
Senadora Matthei instó a Adriana Muñoz a renunciar a su escaño
La senadora Evelyn Matthei (UDI), querellante en el caso, junto con valorar el fallo en contra del ex gobernador del Choapa emplazó a la diputada Adriana Muñoz (PPD) a renunciar al cargo y cederle la vacante al dirigente comunista Jorge Insunza, quien compitió en ese distrito.
Matthei indicó que es realmente importante que por fin haya una condena por desvío de fondos públicos para campañas políticas. "Desde hace mucho tiempo que veníamos señalando que esto existía y hoy día esto ha quedado claro".
Respecto a la querella anunciada por Adriana Muñoz, la senadora la instó a que la presente lo antes posible. "En el juicio quedaron múltiples testimonios de personas que señalaron que no solamente trabajaron para ella, sino que además ella estaba enterada de todo esto. Tanto es así que participó personalmente en una reunión en la gobernación del Choapa pidiéndole a todas estas personas que firmaran contratos en blanco", indicó.
Rodrigo González Fernández
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