(Proyecto de ley para conservar atractivo de la economía y abordar
seguridad)) (1010)
Por Andrzej Zwaniecki
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington
Washington - La vigilancia a la que el gobierno de Estados Unidos someterá
algunas inversiones extranjeras directas posiblemente será más transparente
y previsible, sin hacer menos acogedor el clima empresarial al que están
acostumbrados los inversionistas extranjeros, según han informado
funcionarios del gobierno y representantes de empresas.
De conformidad con una legislación aprobada por la Cámara de Representantes
y el Senado que se espera que sancione el presidente Bush con su firma, el
Congreso y la comunidad empresarial tendrán más acceso a los análisis que
lleva a cabo la administración sobre proyectos de inversiones extranjeras
que pudieran plantear otras implicaciones para la seguridad nacional de
Estados Unidos.
Los análisis de inversión los lleva a cabo la Comisión interagencial de
Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), cuya actividad, hasta
hace poco, se había sido algo secreto .
Los inversionistas extranjeros se han quejado de que tener que tratar con
un proceso de análisis que no es transparente y que obedece a criterios
imprecisos ha complicado sus decisiones empresariales.
El proyecto de ley final "proporcionará a los inversionistas una mayor
confianza y conocimiento acerca de lo que tratamos de hacer cuando
consideramos cuestiones de seguridad nacional", dijo el subsecretario de
Hacienda Clay Lowery, el 17 de julio.
Funcionarios del gobierno y legisladores de ambos partidos han reconocido
que, dadas las actuales circunstancias preocupantes relacionadas con el
terrorismo, el gobierno de Estados Unidos ha de realizar un escrutinio
minucioso de las transacciones de empresas extranjeras que pudieran afectar
la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero también explicaron que la ley ha sido elaborada para no desalentar las
inversiones extranjeras en Estados Unidos.
"Hemos demostrado que no hemos decidido separarnos del mundo", dijo el
presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de
Representantes Barney Frank, quien contribuyó a la elaboración de la
legislación.
El vicesecretario de Hacienda Robert Kimmitt agregó por su parte que el
proyecto de ley "encuentra el equilibrio entre la protección de la
seguridad nacional ... y el fomento de una política de inversión abierta".
El Departamento de Hacienda difundió el 11 de julio las declaraciones
preparadas de Kimmitt, después de que la Cámara de Representantes aprobó la
medida que anteriormente había sido aprobada en el Senado.
Los principales grupos empresariales de Estados Unidos, entre ellos la
Organización de Inversiones Extranjeras, que representa a empresas
extranjeras que hacen negocios en Estados Unidos, han apoyado el proyecto
de ley.
Jonathan Huneke, vicepresidente del Consejo de Estados Unidos para Comercio
Internacional (USCIB), dijo que la ley mejoraría con creces el proceso de
revisión. El USCIB es un grupo empresarial que promueve el libre comercio y
las inversiones abiertas en todo el mundo.
Los legisladores habían intentado modernizar el proceso desde que CFIUS en
2006 causó tumulto en el Congreso con la aprobación de un trato con una
empresa de Dubai propiedad del Estado: Dubai Ports World (DP World).
Christopher Wall dijo que el proyecto de ley brindaría al Congreso "mayor
confianza en el proceso de revisión de CFIUS", lo cual disminuiría las
probabilidades de que surgieran polémicas políticas en el futuro en torno a
las inversiones extranjeras. Wall es abogado y ejerce derecho comercial
internacional en la oficina que tiene en Washington el bufete Pillsbury
Winthrop Shaw Pittman LLP.
El proyecto de ley exigiría mayor divulgación al Congreso sobre la revisión
de las inversiones extranjeras. Extendería también la autoridad de la CFIUS
para revisar las adquisiciones de plantas eléctricas, puertos, carreteras
de peaje y otras infraestructuras críticas, y exigiría también una
investigación de 45 días de duración posterior a la revisión de 30 días de
acuerdos realizados por empresas que están bajo el control de un gobierno
extranjero. Además, estipularía las condiciones para el uso más frecuente
de los llamados "acuerdos de mitigación", que exigen a los inversionistas
determinadas medidas para resolver los riesgos percibidos a la seguridad
nacional.
Según fuentes de la administración, el escrutinio de las inversiones
extranjeras directas no ha tenido impacto en la apertura de Estados Unidos
a las inversiones extranjeras. Desde el año 2000 la CFIUS ha revisado un
promedio de sólo un cinco por ciento al año de este tipo de transacciones,
y ha limitado o bloqueado sólo unas pocas, según un comunicado de prensa
del Departamento de Hacienda del 10 de mayo.
Las inversiones extranjeras directas en Estados Unidos aumentaron
considerablemente a partir del año 2002, y experimentaron un marcado
aumento en 2006 al alcanzar la cifra de 183.000 millones de dólares. Pero
según datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, dicha cifra queda lejos del máximo de 321.000
millones de dólares en el año 2000.
La administración ha expresado temor de que dudas o ideas equivocadas
provocadas por la polémica de DP World puedan aguar las inversiones.
En una declaración difundida el 10 de mayo, el presidente Bush dijo que, si
bien su administración "seguirá tomando las medidas necesarias para
proteger la seguridad nacional", también está determinada a asegurar que
Estados Unidos siga siendo el lugar más atractivo del mundo para las
inversiones".
Según Lowery, del Departamento de Hacienda, algunos países han anunciado la
introducción de medidas cuyo propósito es emular el proceso de revisión de
inversiones en Estados Unidos.
Pero tanto a Huneke, del USCIB, como a William Parrett, presidente de dicho
grupo, les preocupa que dichas medidas puedan emplearse para proteger
industrias nacionales.
Los gobiernos de Canadá, Alemania, Japón, China, India y Rusia impusieron
hace poco, o están considerando hacerlo, restricciones a las empresas
extranjeras para la adquisición de negocios o bienes raíces en sus países.
Según Parrett, los gobiernos han utilizado también obstáculos "informales"
para limitar las inversiones extranjeras, como por ejemplo declarar que
determinadas industrias están cerradas a las inversiones extranjeras o que
ciertas empresas son intocables.
El texto completo ( http://www.treas.gov/press/releases/hp490.htm ) de las
declaraciones de Kimmitt, en inglés, y una hoja informativa (
http://www.treas.gov/press/releases/hp395.htm )sobre las inversiones
extranjeras, también en inglés, están disponibles para su consulta en el
sitio web del Departamento de Hacienda.
(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de
Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/esp)
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