La apropiación indebida de recursos públicos representa una imperdonable inmoralidad
Por Carlos Kuschel, senador por la Región de Los Lagos
Senador Carlos Kuschel, Región de Los Lagos
Más allá de sus connotaciones delictuales, la apropiación de recursos públicos, en un país en que persisten graves desigualdades y muchos de nuestros compatriotas experimentan serias carencias, es una imperdonable inmoralidad. Cuantiosos recursos que pertenecen a todos los chilenos y que el Estado podría destinar a aliviar la situación de los más pobres han ido a parar a los bolsillos de operadores de la Concertación o a las arcas de los partidos políticos que la integran.
No sólo quienes participan en las redes de corrupción se desprestigian, sus acciones manchan a todos los servidores públicos, desprestigian aún más a la política y afectan las bases mismas de la institucionalidad democrática.
Los senadores de la Alianza por Chile denunciamos que no estamos frente a hechos aislados. A medida que transcurren los días se ha ido develando una realidad muy grave y que sacude las bases mismas de las reglas del juego que deben ser observadas por todos los actores de nuestra institucionalidad.
Se trata de un verdadero sistema creado por la Concertación para robar recursos del Estado y destinarlos al financiamiento de actividades políticas con el objeto, finalmente, de perpetuarse en el poder.
Esto no es una mera especulación o una parcial interpretación de los hechos. Destacados personeros de la propia Concertación han confesado públicamente la existencia de este sistema de corrupción. Eugenio Tironi ha escrito que todos en la Concertación saben que, a cambio de apoyar ciertas iniciativas legales del Gobierno, parlamentarios de la Concertación exigen que sus operadores sean puestos a cargo del manejo de fondos discrecionales.
Genaro Arriagada ha señalado la misma idea, diciendo que a los operadores políticos se les pone en reparticiones con “Redbanc”. Edgardo Boeninger ha agregado que en la Concertación se estimaba legítimo apropiarse de recursos públicos y destinarlos a finalidades políticas para compensar los aportes que supuestamente hacían los empresarios a los partidos de oposición. Gonzalo Martner, por su parte, ha confesado que fondos reservados del Estado han sido entregados a los partidos de la Concertación y ha llegado a justificar esa práctica, así como también la intervención electoral.
Por último, Jorge Shaulsohn ha manifestado que, ante el temor de perder el poder, bajo el gobierno del ex Presidente Lagos se creó en la Concertación una verdadera “ideología de la corrupción”.
¿Cuál es la finalidad de este sistema corrupto? Permitir que, apropiándose de dineros públicos o usándolos en beneficio partidista, la Concertación capture al Estado y se perpetúe en el poder.
El actual gobierno, que alega que los delitos ocurrieron en la administración anterior, se ha hecho cómplice de los mismos al minimizar los hechos, intentar despretigiar las acusaciones y poner trabas a las investigaciones.
En el caso de Chiledeportes, presionaron para no formar una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y, después de formada ésta, han recurrido a artilugios para entorpecer su acción censurando a su presidente.
En el caso de la utilización fraudulenta de los dineros destinados a los planes de empleo, el gobierno instruyó a parlamentarios de la Concertación para no consignar en el informe de la comisión investigadora de la Cámara, los nombres de los parlamentarios favorecidos. Las recientes declaraciones de la Ministra Veloso, amenazando veladamente a quienes puedan denunciar el uso fraudulento de los fondos reservados, son una manifestación elocuente de que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para proteger a los miembros de la Concertación.
Debemos sopesar adecuadamente la gravedad que esto implica. Por nuestra parte, y con los antecedentes que han confesado los dirigentes de la Concertación, los senadores de la Alianza afirmamos categóricamente que:
Existe una ideología de la corrupción y una red que la facilita. La constatación de ello deja en evidencia la situación más grave que ha existido en el país desde el retorno a la plenitud democrática.
La coalición de gobierno no repara en los medios con tal de conservar el poder político, aunque para ello deba llegar a meterle la mano al bolsillo de los más pobres. La democracia exige que todos quienes participamos en política y nos sometemos periódicamente a la evaluación de los ciudadanos, observemos las reglas del juego. Si la Concertación recurre a los dineros del Estado para ganar elecciones, en la práctica hace trampa y altera la voluntad popular, deslegitimando sus victorias electorales. Tan simple y tan grave como eso.
El gobierno y la Concertación han demostrado que no tienen la voluntad de terminar con este sistema de corrupción.
Han pretendido minimizar los hechos, han dificultado las investigaciones y han denostado a quienes formularon las denuncias. Se han negado a terminar con los fondos de asignación discrecional y no han desmantelado la red de operadores que se han apropiado de los fondos públicos. Tampoco han establecido ni asumido las responsabilidades políticas que estos graves hechos exigen.
Finalmente, los senadores de la Alianza por Chile asumimos ante los chilenos el solemne compromiso de:
1.- Llegar hasta el fondo de la verdad, para desarmar el perverso sistema que se ha montado.
2.- No permitir blanqueos ni complots de silencio, cualesquiera sean las presiones de la Concertación y del gobierno.
3.- Asegurar que no se altere la voluntad popular por medio del mal uso sistemático de los dineros de todos los chilenos para que la Concertación se perpetúe en el poder.
4.- Defender a los miles de funcionarios públicos abnegados y honestos no merecen quedar en entredicho por la acción de unos pocos inescrupulosos.
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
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Santiago, Chile
