El presidente de la UDI, Hernán Larraín afirmó que la Presidenta tiene la oportunidad para poner fin a los hechos de corrupción al interior del aparato estatal, principalmente terminando “con la totalidad de los operadores políticos instalados en los diversos servicios públicos y con el uso directo y discrecional de las platas de todos los chilenos”.
Junto con la senadora Evelyn Matthei, el parlamentario, a través de una declaración, hizo pública la postura de la UDI frente a los ilícitos descubiertos al interior del Estado y afirmó que “si la Presidenta no pone término a las principales causas de corrupción en Chile, el país quedará preso por una pandilla”.
En ese sentido, manifestó que “las responsabilidades políticas están en el Gobierno de la Concertación, expresadas en el ex Presidente Lagos que es dónde se institucionaliza este sistema” y que de no acabar con ellas, la Presidenta estaría “legitimando y perpetuando una red sistemática para capturar el Estado para apoderarse del poder y no entregar nunca más el Gobierno y eso es una ofensa para la democracia”.
Al respecto la senadora Matthei recordó que el caso “MOP GATE fue la primera señal que tenemos de una corrupción institucionalizada” y que se instaló con el Gobierno del ex Presidente Lagos, por lo tanto es natural que él “no puede sino minimizar estos hechos”.
ANTE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN, LA DIRECTIVA DE LA UDI PLANTEA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SUPERAR LA SITUACION Y CUESTIONA LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA TERMINAR CON ELLA
Los hechos de corrupción que se han conocido en este último tiempo en Chiledeportes y el uso político de los empleos de emergencia, han producido un fuerte debate público y alientan la búsqueda de soluciones definitivas que aseguren que no habrá corrupción en Chile.
El Gobierno ha señalado un camino para ello. Ha anunciado 30 medidas que se presentarán a trámite legislativo, con lo cual intenta trasmitirle al país su voluntad para ponerle término a una corrupción que está instalándose en diversos lugares de la Administración Pública. Sin embargo, los hechos parecen demostrar que tal voluntad es aparente, ya que -por acción y por omisión- el Gobierno no evidencia una voluntad efectiva para terminar con las fuentes de la corrupción.
En efecto, la mayoría de las medidas anunciadas pueden ser muy positivas para que en el futuro el país avance en transparencia o mejore la calidad de la vida política. En ese sentido, podremos tener un debate en el Congreso Nacional, donde se podrán incluir además numerosas otras materias que no fueron incorporadas en esta agenda por el gobierno y que apuntan en la misma dirección. Así, por ejemplo, la necesidad de regular a las empresas públicas, la de incorporar en la Alta Dirección Pública al tercer nivel jerárquico de funcionarios entre los llamados a concurso público o la de dotar a este organismo de mayor autonomía, la de sancionar de modo contundente la intervención de las autoridades en períodos electorales, o la de castigar el uso privilegiado de información pública durante las elecciones, por mencionar algunas, podría dar con una agenda para el futuro que ayudaría a mejorar nuestra normativa en la materia. Lamentablemente, nadie nos consultó acerca de lo que pensábamos al respecto, actitud que refleja un desinterés profundo en la opinión de la Alianza por parte del Gobierno, a quién parece motivarle nuestra presencia en los actos públicos sólo para cohonestar materias que desconoce, lo que no podemos aceptar. En democracia se respeta a la oposición consultándosela, no manipulándola.
Con todo, nada de este proceso legislativo puede ser de relevancia si acaso no se terminan las fuentes de corrupción que hoy la Concertación ha instalado en el país. Por el contrario, el no haber incluido entre las medidas el fin de las causas que producen este problema es reflejo de que los hechos ocurridos en Chiledeportes y en los Programas de Empleo no son casuales ni el resultado de fallas en la condición humana: son producto de un sistema que, en forma institucional, busca apoderarse del Estado para una finalidad muy precisa: perpetuarse en el poder.
Si el Gobierno de la Concertación mantiene inalteradas las fuentes de la corrupción, es porque han institucionalizado la trampa electoral como algo deseado y normal en su modo de actuar político.
Dos son las principales causas de la corrupción en Chile:
<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->La existencia de “operadores políticos” contratados masivamente en la Administración Pública. El Gobierno no se ha hecho cargo de este tema. Sin embargo, a través de contratos a honorarios, el Gobierno mantiene a varios centenares de personas cuyo trabajo principal es el activismo político en los más variados ámbitos y programas. Esta es una fuente inagotable de corrupción.
<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->El uso permanente y reiterado de recursos fiscales que son asignados en forma directa o discrecional. Aún cuando el Gobierno no ha entregado en forma pormenorizada los recursos que se asignan de esta forma, los antecedentes gruesos que sí dio a conocer hablan de 1.400 millones de dólares asignados por esta vía. Es mucho dinero como para que se distribuya a voluntad del encargado. Y como muchos de ellos son “operadores políticos”, entonces esta situación es francamente una invitación al abuso fiscal. Sin embargo, en la discusión de la Ley de Presupuestos, el Gobierno se negó a revisar y a poner fin a estas partidas de asignación directa, demostrando que no está dispuesto de verdad a perder el control del uso de la plata en forma discrecional.
La intervención electoral y la permanente manipulación de la gente a través de cientos de programas que se asignan localmente por operadores políticos en todo el territorio nacional y por diversas vías, ha creado la más poderosa maquinaria política de nuestra historia.
Y nada se ha hecho sobre esta situación. Peor aún, la voluntad de continuar con estos elementos debe interpretarse, lamentablemente, como el deseo de mantener una red para mantener indefinidamente a la Concertación en el poder.
Ella se habría materializado especialmente durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, para evitar sorpresas electorales como las que tuvo la Concertación en las elecciones de 1999, cuando casi pierden la elección presidencial. Todo parece indicar que se montó este sistema para enfrentar las elecciones municipales de 2004 y las presidenciales y parlamentarias de 2005. Con todo, la negativa del Gobierno de la Presidenta Bachelet para terminar con estas prácticas –operadores políticos y uso discrecional de platas fiscales- reflejaría que se trata de un hecho articulado y sistemático de intervención y abuso del Estado que la Concertación de izquierda no parece dispuesta a eliminar.
Por eso se explica también que el Gobierno de la Concertación no sea capaz de sustanciar responsabilidades políticas entre sus Ministros o Subsecretarios vinculados a entidades que han sido acreditadas como partícipes de hechos de corrupción y que se formalizan en los Tribunales de Justicia. Por eso se explica también el intento fallido de poner en la Contraloría a una persona vinculada a la Concertación.
La Directiva de la UDI y su Comisión Política se hacen el deber de denunciar ante el país la existencia de una red destinada al apoderamiento del Estado para perpetuarse en el poder, alterando la libre expresión ciudadana que se debe manifestar en las elecciones, y abriendo espacio para actos de corrupción reñidos con la ley y la moral pública.
La Presidenta Bachelet tiene en sus manos demostrar que ello no es así, lo cual se hace de una sola manera: poniendo término hoy, en forma clara, pública y definitiva, con la totalidad de los operadores políticos instalados en los diversos servicios públicos y con el fin del uso directo y discrecional de las platas de todos los chilenos.
Sin esta determinación, Chile quedará preso de una “pandilla”.
Por la Directiva y la Comisión Política de la UDI,
Evelyn Matthei Hernán Larraín
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