En su editorial de ayer, se plantea como idea central que la coordinación de los distintos actores del sistema penal es fundamental para el buen funcionamiento de la justicia criminal, lo que compartimos.
La importancia de este objetivo se refleja en la decisión de nuestro gobierno de haber convertido en permanente, lo que inicialmente era una instancia transitoria: la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal.
En efecto, con la implementación de la Reforma Procesal Penal, la Ley N° 19.665 del año 2000 creó una comisión coordinadora de carácter transitorio, integrada por las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros. Si bien la ley previó su funcionamiento por cinco años, lo cierto es que dicha instancia sólo funcionó hasta el año 2007. La relevancia de sus funciones motivó que la retomáramos en mayo del 2010, además de que se reconociera, por medio de la Ley 20.534, su carácter permanente. Ello permitió mantener una instancia de coordinación al más alto nivel, además de complementar su integración, al incluir al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones.
Este trabajo mancomunado pretende lograr una mejora de los procedimientos a través de los cuales se investigan, judicializan y sancionan los hechos constitutivos de delitos; un efectivo control de las modalidades de cumplimiento de las sanciones y una mayor protección de las víctimas.
La Comisión ha desarrollado su labor con miras a potenciar el sistema procesal penal, lo que se ha traducido en la coordinación de las instituciones para mejorar los procesos de verificación de identidad de quienes son imputados y condenados, y en la organización de las capacitaciones y procesos administrativos necesarios para la puesta en marcha del nuevo sistema de penas sustitutivas.
Asimismo, todas las instituciones se encuentran levantando información acerca de los nudos críticos del sistema, entre los cuales se encuentran la participación de profesionales del Servicio Médico Legal en los procesos, y la conveniencia de modificar el procedimiento de constatación de lesiones de quienes son conducidos a las audiencias de control de detención, materias que serán tratadas en la reunión del 10 de septiembre. Todo lo anterior, con el objetivo de continuar mejorando un sistema que ha sido evaluado exitosamente por expertos nacionales e internacionales, y que constituye un modelo a replicar para otros países de la región.
Por ello, felicitamos y apoyamos los procesos de autoevaluación que han impulsado, tanto el Ministerio Público como Carabineros de Chile, al igual que la identificación de puntos críticos en su relación recíproca.
Teodoro Ribera Neumann
Ministro de Justicia
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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