Los pasajeros no pueden seguir esperando
Ante la urgencia de entregar soluciones en el Transantiago, la oposición no está replicando la voluntad que tuvo para zafar a la DC de una errónea inscripción electoral ni al Estado de sus prácticas malsanas.
La Nación Hugo Mery
UN INTERESANTE ANALISIS
EL FLANCO ABIERTO por la renuncia de Blas Tomic a la presidencia del Metro dio a la derecha una nueva oportunidad para desplegar su oposición sin tregua al Gobierno de Michelle Bachelet.
En vez de poner en el foco de atención a los millones de pasajeros que sufren diariamente por el Transantiago, los parlamentarios de la Alianza advirtieron que “no darán un peso más” si los ministros de Transportes y de Hacienda no les dan explicaciones satisfactorias sobre las operaciones financieras puestas en marcha, no descartando presentar una acusación constitucional contra Andrés Velasco. Las figuras invocadas de “malversación de caudales públicos” y “fraude al fisco” son demasiado fuertes como para detener la acción en el plano político y pueden llevar incluso a quienes así hablan a seguir, necesariamente, acciones de tipo penal.
Si de estrategias políticas se trata, parece que en la coalición opositora se está imponiendo la de derrotar día a día al Gobierno en los casi tres años que le quedan a éste, de modo de asegurarse triunfos sucesivos en las elecciones municipales, parlamentarias y en la segunda vuelta presidencial.
Incluso en el partido más “macuco” del sector se acordó postergar la nominación del abanderado hasta después del primero de esos comicios, para no exponerlo al desgaste, confiando en que la gestión gubernamental será tan lastimera que es mejor proyectar sólo la sombra de la UDI y no todavía una figura que la represente, recayendo los costos de una presencia prolongada en el candidato de RN, Sebastián Piñera.
La sola puesta en la agenda opositora de la sucesión de la Presidenta revela que a ésta no le asignan otro destino que el fracaso. Es cierto que las tiendas oficialistas cayeron también en el juego: el último en hacerlo fue el presidente del PPD, al responder “cándidamente” -poniendo cara de resignado “candidato”- a una pregunta sobre su disposición personal en la materia. Y también es cierto que una serie de desaciertos de La Moneda y ciertos ministerios crearon un cuadro favorable a que en el centro de la escena se sitúe tempranamente la cuestión.
La incapacidad de convocatoria a un proyecto político ha producido la dispersión oficialista, con proyectos partidistas y agendas personales, acentuando una falta de cohesión oficialista muy difícil de remontar si no se detiene ya. La transversalidad que hubo en los primeros años de gestión concertacionista dio paso a otra de signo negativo, en la que representantes de distintas corrientes coinciden en rechazar proyectos como el de depreciación acelerada y en elaborar manifiestos como “La disyuntiva”.
En el traspaso de 80 millones de dólares por dos meses del Metro al Administrador Financiero del Transantiago se dio otra falta de prolijidad, al no informar los ministros de Transporte y Hacienda al comité político de la operación financiera que idearon para darle aire al sistema. Después de la renuncia de Blas Tomic el viernes pasado, un cabildeo de fin de semana del ministro Velasco impidió que los presidentes de los partidos de la Concertación le quitaran piso político a la iniciativa.
Pero si bien los parlamentarios y dirigentes han descartado, por el momento, la crítica pública, algunos están en actitud de exigirle a los ministros total transparencia en los contratos, los fondos y las adquisiciones. Se trata de una tregua que puede terminar en cualquier momento y haría mal el titular de Hacienda en ensoberbecerse con el inesperado Imacec de marzo de 6,5%. El reclamo de los disidentes del oficialismo no ha puesto el acento en el crecimiento, sino en que los beneficios de la bonanza financiera no están llegando a la gente común.
Y el Transantiago es acaso la muestra más dramática no sólo de lo que debiera ser una sana -y equilibrada respecto de las regiones- destinación de los recursos fiscales, sino de dos increíbles carencias: un mal diseño tecnocrático y una desastrosa gestión. Pero ante la emergencia, la oposición no está mostrando la grandeza que se requiere para zafar a la gente de este tipo de atolladeros.
Demostró más disposición en 2001 cuando las elecciones parlamentarias de ese año corrieron el peligro de deslegitimarse por el error de inscripción de los candidatos de la Democracia Cristiana. Entonces, la clase política dictó en 24 horas una legislación de urgencia. En 2003, la derecha concurrió a La Moneda para salvar al Estado de la debacle por los sobresueldos, triangulaciones y otras irregularidades.
Hoy, en el epicentro de la crisis del transporte público está sólo la gente común y corriente y la oposición cree que puede apostar de manera indefinida a su paciencia y estoicismo, dedicándose sólo a fiscalizaciones, acusaciones constitucionales y pedidos de renuncia. Los pasajeros no pueden seguir esperando a que pase la micro y a que el Metro los acoja como seres humanos.
El Gobierno tiene que hacerse de la capacidad de convocatoria a todos los actores políticos para salir de esta crisis social y la oposición debe ponerse a trabajar de consuno, porque tendrá mucho tiempo después para maniobras con miras a 2010.
