Cinco facturas rendidas por Michelle Bachelet ante el Servicio Electoral (Servel) en 2013, vinculan la campaña de la actual Presidenta con uno de los principales imputados en el caso fraude al FUT,que lleva el fiscal Carlos Gajardo y que derivó en la hebra política del PentaGate, que hoy tiene en el banquillo el financiamiento de campañas electorales.
Se trata de Sergio Díaz Córdova, sindicado como el hombre clave que desde fuera del Servicio de Impuestos Internos (SII) conseguía los clientes para que el fiscalizador del servicio, Iván Álvarez, realizara las modificaciones que permitieron defraudar al fisco por más de 2.700 millones de pesos. Historia que terminó con ambos formalizados y en prisión preventiva como parte una red delictual para defraudar al fisco, que hasta ahora involucra a nueve personas: seis contadores, dos ex funcionarios y un abogado.
Díaz está en el origen del caso Fraude al FUT y es a partir de entonces que surgen los antecedentes que terminan por involucrar al ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, y a los dueños del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el caso Pentagate.
En julio de 2010 Díaz Córdova -que se encuentra en prisión preventiva desde julio de este año- constituyó junto a tres hermanos la empresa Ploteos Planos Imágenes Aguser Ltda.,dedicada a la prestación de servicios, de impresión, ploteo de planos, gigantografías, imágenes publicitarias y pendones.
Según la rendición de gastos de campaña de 2013 entregada por Bachelet al Servel, esta empresa ligada a Díaz Córdova le entregó servicios en la primera y segunda vuelta presidencial, sumando un total de $174.467.828 en cinco facturas emitidas entre enero y diciembre de ese año a nombre de Michelle Bachelet.
Las facturas fueron firmadas por la actual asistente del gabinete presidencial, Silvana García García, que trabaja a honorarios.
Según este registro, Aguser prestó los servicios de impresión de PVC, por $ 53.788.000, impresión en tela, por $ 34.034.000, impresión publicitaria, por $ 29.099.070, diseño de impresión, por $ 1.716.754 e impresión gráfica, por $ 55.830.004, con facturas fechadas el 10 y el 11 de enero, el 23 de octubre, el 14 de noviembre durante la primera vuelta presidencial y una última factura durante la segunda vuelta, fechada el 4 de diciembre de 2013.
Según constató El Mostrador, Bachelet fue la única candidata que recibió facturas por parte de esta empresa, según las declaraciones hechas por todos los aspirantes a La Moneda ante el Servel.
EL CONTADOR CLAVE
El nombre de Sergio Díaz -en prisión preventiva por orden de la Corte de Santiago por considerar "que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad"-, aparece por primera vez en noviembre de 2012. Fue en medio de indagaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) relativas a modificaciones tributarias, lo que fue escalando y terminó en manos del Fiscal Carlos Gajardo, luego de que en Septiembre del año pasado el SII presentara una querella criminal ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago.
El Caso del Fraude al FUT tomó vida propia y un año después se abrió la hebra política, conocida como el PentaGate, que hoy tiene bajo la lupa el financiamiento de las campañas electorales a través de boletas truchas que se habrían entregado al Grupo Penta.
Según la rendición de gastos de campaña de 2013 entregada por Bachelet al Servel, esta empresa ligada a Díaz Córdova le entregó servicios en la primera y segunda vuelta presidencial, sumando un total de $174.467.828 en cinco facturas emitidas entre enero y diciembre de ese año a nombre de Michelle Bachelet. Las facturas fueron firmadas por la actual asistente del gabinete presidencial, Silvana García García, que trabaja a honorarios.
La investigación complica especialmente a la UDI, que cuenta con varios candidatos cuyos nombres han saltado a la palestra en medio de las indagaciones que lidera Gajardo, y al ex ministro de Hacienda de Bachelet, Andrés Velasco.
En el caso del Fraude al FUT, el método consistía en realizar rectificaciones en la web del SII para modificar las declaraciones del contribuyente que así accedían a mayores beneficios tributarios. Para lograrlo un fiscalizador del Servicio realizaba los cambios desde su interior: el ingeniero comercial Iván Álvarez.
De esta forma, por ejemplo, una devolución de impuestos para una empresa que debía ser por $2.800.000 se convertía en una devolución por $30 millones.
Uno de los que se había beneficiado con las rectificaciones fue Marcos Villablanca, representante de la sociedad educativa Voces Limitada. En su declaración apareció por primera vez el nombre de Sergio Díaz, a quien Villablanca señaló como el autor del cambio en la declaración. Pero también involucró a Mitzi Carrasco, entonces funcionaria del SII y pareja de Díaz.
"Esta rectificación (refiriéndose a la declaración de impuestos) la realizó Sergio Díaz Córdova. A él lo conocí a través de su pareja, Mitzi Carrasco, funcionaria del SII, no sé de qué unidad. Ella fue compañera de curso de mi esposa. Mitzi Carrasco sabía que junto con mi señora estábamos a cargo de unos colegios y nos ofreció asesoría a través de su pareja, señalando que él nos podría administrar contablemente de mejor forma, que incluso podríamos obtener buenos retiros a final del año", declaró el contribuyente.
El SII tomó declaraciones a otros contribuyentes -que se beneficiaron con el método de fraude- que también apuntaron a Sergio Díaz. Luego de una seguidilla de declaraciones que señalaban en su dirección, el contador se auto denunció en enero de 2013 ante la Fiscalía de Las Condes y de paso entregó el nombre del funcionario del SII con quien trabajaba, Iván Álvarez.
En su declaración, Díaz describe al detalle cómo operaba Álvarez desde adentro del Servicio aprovechando las fallas técnicas del sistema para modificar variables que permitían obtener mayores devoluciones de impuestos. Finalmente señaló que el trato entre los dos era quedarse con el 20%, que se repartían en partes iguales.
Iván Álvarez renunció al SII el 13 de diciembre de 2012 por lo que logró salir de la organización sin sanciones internas. Al igual que Díaz, el funcionario se auto denunció ante la Fiscalía de Las Condes, en enero de 2013.
