UDI pide sancionar a responsables tras dictamen de Contraloría que cuestiona traspaso de fondos de Metro a Transantiago

Fecha edición: 25/08/2007 17:17

Luego de que la Contraloría emitiera un dictamen en el que cuestiona el traspaso de 80 millones de dólares al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), el presidente de la UDI, Hernán Larraín, dijo que la opinión del organismo regulador no le sorprende, puesto que era "evidente que se estaba cometiendo un acto irregular".

Tal como reveló hoy La Tercera, el documento de 12 páginas que fue firmado por el contralor Ramiro Mendoza advierte que "el aporte complementario excede del objeto social del Metro", es decir, no es tarea de la empresa facilitar dinero. Esta situación motivó la renuncia del entonces presidente de la estatal, Blas Tomic.

"La verdad es que no nos ha sorprendido la situación, porque supimos desde el principio que era irregular lo que allí estaba ocurriendo, que no está dentro del giro del Metro prestarle plata al Transantiago. Es evidente que se estaba cometiendo un acto irregular, por eso renunció el presidente del Metro Blas Tomic, en un acto de honestidad", afirmó Larraín.

Asimismo, criticó la incapacidad del gobierno en llevar adelante sus tareas. "De nuevo se demuestra que el gobierno no hace bien su trabajo. Con tal de resolver el problema de la incapacidad, echa mano a cualquier expediente, le dieron un manotazo al Metro y, como dijimos, fue un manotazo mal dado", recalcó.

Por ello, el senador espera que los responsables tengan alguna "sanción administrativa" y que el gobierno "haga responsable políticamente a quienes procedieron mal".

El timonel del gremialismo afirmó, además, que la Concertación se despreocupó de la gente y que lo único que le importa es "blindar" a los responsables del fracaso de la puesta en marcha e implementación del plan de transporte capitalino. 

"¿De qué están preocupados en el Transantiago?: Velasco de blindar a (Michelle) Bachelet, Jaime Estévez y Guillermo Díaz de blindar a (Ricardo) Lagos. Están todos preocupados de blindar a los responsables del Transantiago, sea el gobierno del ex Presidente Lagos sea el gobierno de la Presidenta Bachelet, no hay nadie que se preocupe de resolverle el problema a los santiaguinos. Este es el gobierno de la Concertación", sentenció.

EL DICTAMEN DE CONTRALORIA
El dictamen del organismo objeta parcialmente la operación en la cual Metro traspasó en mayo pasado 80 millones de dólare al Administrador Financiero del Transantiago.

La medida, digitada por el Ejecutivo para evitar el colapso del sistema y un alza en los pasajes, motivó la renuncia del entonces presidente del tren subterráneo, Blas Tomic, y profundizó la crisis política.

En su dictamen, el ente fiscalizador desestima los reparos respecto de la constitucionalidad del aumento de capital aprobado por Hacienda para respaldar la operación, pero sí cuestiona que Metro haya oficiado como financista del Transantiago: a juicio de la Contraloría, esto "excede el objeto social" de la empresa estatal, que es el transporte de pasajeros.

La resolución -donde no se establecen sanciones- indica que si bien el tema quedó saneado luego con la creación del Fondo de Estabilización Financiera del Transantiago, a través del cual el Fisco inyectó US$ 290 millones al sistema y restituyó por completo el préstamo dado por Metro, en lo sucesivo la estatal debe "ajustarse estrictamente a dicho objetivo".

La operación

En mayo, los ministros de Transportes y Hacienda, René Cortázar y Andrés Velasco, diseñaron una fórmula para que Metro inyectara esos recursos al AFT. El tren subterráneo renunciaría al cobro de los dineros que le correspondían por el pago de sus tarifas en el sistema integrado entre el 10 de mayo y el 30 de junio (aporte operacional), y por otro realizaría aportes reembolsables hasta completar US$ 80 millones (aporte complementario). Para garantizar la estabilidad de Metro, Hacienda aprobaría un aumento de capital y el AFT pagaría el préstamo en 41 cuotas. Luego de que el 4 de mayo el directorio de Metro (salvo Tomic) aprobara la operación, los diputados Gonzalo Uriarte (UDI) y Cristián Monckeberg (RN) pidieron la intervención de Contraloría. Junto con apuntar a la constitucionalidad del aumento de capital, tildaron de "ilegal" que la empresa estuviera otorgando créditos. Por su parte, Hacienda, Transportes y Metro justificaron la medida, argumentando que si el Transantiago colapsaba, la estatal podía verse impactada financieramente.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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