El 18 de noviembre de 2014, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar la Ley del Consumidor, de manera que se regulara el cobro de los estacionamientos al interior de centros comerciales, supermercados y clínicas.
Ya desde 2012 había un proyecto impulsado por el director del Sernac durante el Gobierno de Piñera, Juan Antonio Peribonio. Pero este texto, promovido por algunos diputados DC, pretendía resolver el tema de una forma que fuera "equilibrada para todos los actores, tanto empresas como consumidores", cuenta el diputado DC Marcelo Chávez, uno de los que suscribió la iniciativa.
De esta manera, la iniciativa original consideraba el estacionamiento gratis durante la primera media hora y, a partir de la media hora siguiente y hasta un lapso de dos horas, sería gratis con la presentación de una boleta que acreditara la compra en el lugar asociado al estacionamiento.
Inmediatamente, como es habitual en cualquier proyecto de ley, los parlamentarios escucharon a todos los actores que tienen intereses respecto de la iniciativa.
Una de las voces más importantes en el proceso de tramitación por parte de los privados, fue la Cámara Chilena de Centros Comerciales (CCHCC), representada por el abogado José Manuel Melero.
Chávez explica que Melero "operó fuerte para sus representados, pero en primera instancia ellos estaban abiertos a mantener la gratuidad hasta cierto tiempo, una hora, por ejemplo. Además, estaban un poco paralizados porque el Ministerio de Economía no les daba audiencia y en la Cámara en general hubo mayoría para apoyar el proyecto como estaba con algunas modificaciones", dice.
Así transcurrió la tramitación hasta que, en marzo de 2015, la iniciativa pasó al Senado. "Ahí nos pasaron la aplanadora", reconoce Chávez, quien admite que "el proyecto cambió del cielo a la tierra, el poder de las empresas se expresó de manera muy evidente. Tal vez algunos senadores lo aprobaron sin leer muy bien lo que estaban votando, convencidos de lo que les dijeron los demás", afirma.
José Manuel Melero es hermano del diputado UDI Patricio Melero, y trabajó como diplomático en la Cancillería durante el Gobierno de Pinochet, según dice la página de la consultora Tironi y Asociados, donde fue incorporado como socio. "Tironi ya tenía a Ascanio Cavallo para cubrir al mundo DC, él es ex Mapu y militante PPD, entonces incorporó a José Manuel Melero, para correr por la banda derecha", explica un lobbista de la plaza.
Las redes de Melero como "gestor de intereses" están a la vista en su cargo como presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. En este gremio están representadas las inversiones de los grupos económicos, como el que encabeza Horst Paulmann con Cencosud; Carlos Heller con el grupo Bethia; y la familia Solari (Falabella) –que tienen propiedad en Mall Plaza–; asimismo, el grupo Said, controlador de Parque Arauco, entre otros; la familia Mosa, accionistas de Pasmar, que tiene sus activos en el sur de Chile. El Mostrador intentó obtener versión de Melero, pero no fue posible.
El diputado Pablo Lorenzini, uno de los autores del proyecto, dice que desde esta posición, ligada a grandes empresarios, es habitual que la interacción con los políticos, particularmente con los senadores, sea más fluida que en el marco regulado por la Ley de Lobby. "Más que en el Congreso, se usan otro tipo de reuniones, como la Enade, o el Chile Day en el extranjero. Los empresarios, al igual que el Gobierno, confían más en los senadores. En estas reuniones tienen acceso en un contexto menos formal para plantear sus inquietudes, respecto de un proyecto en particular. Se ve el lobby", asevera.
Testigos de la tramitación afirman que fue determinante la participación del senador PPD Eugenio Tuma en que los parlamentarios consideraran el nuevo proyecto de ley, sin gratuidad y con un tramo de cobro a partir del minuto estacionado. "En el Senado hay bancadas: está la bancada del retail, la de los sindicatos, la de los bancos y, por ejemplo, los ambientalistas", dice un antiguo lobbista. "Y Tuma es reconocido como integrante de la bancada del retail, por los importantes intereses inmobiliarios que maneja en su zona, que incluyen arriendo a algunos centros comerciales y oficinas estatales", agrega.
Tampoco fue posible contactar al senador Tuma para este reportaje.
Para Marcelo Chávez el cambio fue evidente, porque "después de pasar por la Cámara, el ministro de Economía se involucró directamente y los senadores se convencieron de introducir los cambios", asegura.
En diciembre, en sesión de Sala en el Senado, Tuma resumió el trabajo de la Comisión de Economía que él preside. La labor de las Comisiones unidas de Economía y de Transportes se desarrolló en seis sesiones, en las que se recibió a 21 expositores. "Dentro de ellos, contamos con la importante colaboración de las asociaciones de consumidores, de los gremios, de los académicos, de las ONG y de profesores de Derecho Constitucional. Asimismo, se conformó una mesa de trabajo en la que participaron los asesores de los parlamentarios de las Comisiones unidas y los de los ministerios, como he señalado", señaló en su intervención el 15 de diciembre de 2015, durante la discusión en la Sala, en que el proyecto fue aprobado, pero con modificaciones que, más adelante, en la tramitación, fueron rechazadas.
"Cabe destacar que se contó asimismo con la presencia de don Jorge Correa Sutil, en su calidad de abogado constitucionalista, y de don Francisco Zúñiga, quienes realizaron observaciones de vicios de inconstitucionalidad respecto del establecimiento de la gratuidad por el servicio de dos horas contemplada en este proyecto sobre estacionamientos", detalló el senador.
La mano de Extend
Según testigos de la tramitación, la unanimidad que enfatiza Tuma es en buena parte gracias a la gestión de Felipe del Solar, quien desde el año 2011 es el director del área de Relaciones Políticas y Legislativas de Extend, una de las principales empresas de lobby y asesorías comunicacionales en el país. "Él se encargó de hablar con todos los parlamentarios (de la comisión)", refieren.
En efecto, durante la tramitación en la Comisión Mixta, que fue el tramo final de la discusión, estuvieron como invitados tanto Del Solar como Melero, junto al abogado Christian Acuña.
El nombre de Felipe del Solar se repite en el registro de la Ley del Lobby en el Senado. Las citas acordadas, según las anotaciones, no han sido solo para hablar de la situación de Uber o un plan de mejoras para la Ruta 68, sino también, en varias oportunidades, para temas relacionados con la Ley de Estacionamientos. La última de ellas fue con el senador Rabindranath Quinteros, en agosto del año pasado. Antes ya se había reunido por el mismo tema con los senadores Eugenio Tuma, Iván Moreira y Lily Pérez.
Del Solar, periodista de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, tiene una larga trayectoria en el rubro. Fue manager de Asuntos Públicos en Burson-Marsteller y secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, en el primer Gobierno de Bachelet. Según el libro El Lobby Feroz, de Renato Garín, Del Solar es el "campeón del lobby" y hasta diciembre de 2016 había registrado un total de noventa y cuatro audiencias en el Congreso.
Es desde su cargo en Extend que, en cada una de las reuniones solicitadas en el marco de la Ley de Estacionamientos, representó a la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (APOCE A.G), un gremio que llevó adelante un sinnúmero de reuniones para intentar poner sus puntos en la normativa. La asociación fue creada en abril de 2015 y en poco tiempo, además de Melero, se convirtió en un actor de tonelaje a la hora de entrar a discutir respecto a la iniciativa. "En el proyecto original no estaban incluidos los estacionamientos como negocio en particular, sino solo los asociados a centros comerciales, pero en el Senado se incorporó a estas empresas", afirma Marcelo Chávez.
Si bien Extend representaba a una asociación completa –como insiste una fuente del gremio– es imposible soslayar que uno de los actores importantes de APOCE es Central Parking, operadores de estacionamientos, cuyo dueño es Juan Antonio Guzmán Molinari. Guzmán también es parte del directorio de Extend y su empresa de estacionamientos administraba hasta hace dos años cerca de 400 aparcaderos (entre ellos los de Clínica Alemana, Parque Arauco, Hotel W, Ciudad Empresarial y Hotel Sheraton), un negocio que controla a través de su sociedad Inmobiliaria Gundemara.
El libro de Renato Garín sitúa a Guzmán como un personaje central de la sociedad chilena y resume sus redes así: "Guzmán fue ministro de Educación de Pinochet. Ha aparecido en la prensa como asesor cercano del ex candidato a senador Laurence Golborne. También fue presidente del directorio de Express, uno de los operadores del Transantiago, por más de cuatro años. Familiarmente, es cuñado del ex subsecretario de Hacienda Julio Dittborn. Ha sido parte también de la empresa Sonda, propiedad de Andrés Navarro, quienes están a cargo de gestionar la tecnología del Transantiago. Además, presidió el directorio de SQM, cargo al que renunció el año pasado".
Felipe del Solar señala que efectivamente, en la ley, la posición del sector o del gremio la desarrolló y condujo APOCE, pero señala que la que se presentó fue la que representaba al total de la industria, no a alguna empresa en particular. "Nosotros en todo momento hemos cumplido con la Ley de lobby, dejando registro de las audiencias que pedimos y nos parece importante desarrollar todas nuestras acciones de manera pública y transparente", señala.
También dice que Juan Antonio Guzmán no ha estado presente en las conversaciones sobre este tema. "La cuenta de APOCE la he conducido yo personalmente", comenta Del Solar sobre las citas en las que representó a la asociación cuyo lobby tuvo gran impacto en la tramitación. De hecho, uno de los efectos más cuestionados de la nueva ley, que entró en vigencia hace dos semanas, es que algunos concesionarios de estacionamientos, representados en APOCE, subieron el precio del minuto, desde el cual parte el cobro.
Lorenzini cree que este proyecto resultó "como la Reforma Tributaria. Donde al principio había una idea clara y luego en la cocina se fue enredando sin que nadie entienda muy bien cómo funciona y finalmente la gente opta por pagar sin preguntar", plantea.
Por eso, aunque reconocen que "es vergonzoso", según dice Marcelo Chávez, presentar un proyecto para cambiar una ley que recién entró en vigencia, estudian hacerlo con un proyecto para modificarla a partir de marzo.
