«Ningún católico puede aprobar ni dar su voto» a leyes que atentan contra la vida. Así lo aseguró ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz de los obispos se remitía a la Encíclica de Juan Pablo II «Evangelium vitae», de 1995, que especifica que no es lícito «tomar parte en una campaña a favor de una ley así, ni votar por ella».
Quienes apoyasen así estas legislaciones, se encontrarían en una «situación objetiva de pecado público», y añadió, en tono didáctico: «Quien está en situación de pecado público no puede ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Está excomulgado? No, no por eso sólo. La excomunión es para los cooperadores directos y necesarios de un aborto efectivamente realizado».
Así, ante una audiencia compuesta de periodistas y personalidades del mundo católico convocadas para inaugurar los «Desayunos Informativos CEU», Martínez Camino explicó la diferencia entre «retirar la comunión» y «excomulgar».
Una herejía, contraria a la fe
Más aún, según declaró, no sólo quedan excomulgados los colaboradores necesarios en un aborto sino también los que proclaman de manera pertinaz que «es lícito quitar la vida a un ser humano inocente», porque enseñan una herejía, «contraria a la fe divina y católica».
El portavoz de la Conferencia Episcopal planteó entonces una pregunta: «¿Quiere la Iglesia que las mujeres vayan a la cárcel?». Y respondió: «No, ni las mujeres ni nadie. Pero la vida del ser humano inocente ha de ser protegida. La mujer ha de ser tratada según sus circunstancias, y para eso está el criterio del juez, los eximentes y los atenuantes. En la inmensa mayoría de los casos la mujer es también una víctima. Pero, ¿y los que se lucran con el aborto? ¿Y los que obligan a las mujeres, con violencia?».
El obispo comparó después las escasas ayudas del Estado español a la familia, comparadas con las de Alemania o Luxemburgo, y recordó que «el respaldo legal del aborto, su aceptación social, esa tragedia, como la describía Julián Marías, empezó el 18 de noviembre de 1920, en la Unión Soviética de Lenin, es decir, en un Estado totalitario, que se creía dueño de la vida». Recordó también que desde 1933, el aborto formó parte de la política racista de la Alemania nazi, que lo impuso para las «razas inferiores», y que Stalin implantó el aborto en Europa del Este. Luego, Occidente aceptó el aborto, «debido a su ambiente, su visión materialista».
Preguntado por la nueva «píldora de los cinco días», explicó que «no está prevista» una valoración por parte de los obispos, «pero eso no excluye que se haga». En opinión de Martínez Camino, sería muy parecida a la «píldora del día después», al ser «un abortivo en su intención, aunque no siempre en su realización».
Criticó el «intento del Estado de imponer una moral a todos», algo que no sería lícito, afirmó, ni siquiera si se tratase de la moral católica.
También condenó que «se imponga a los profesionales de la salud una educación que conducirá a aumentar el aborto». Por el contrario, agradeció a los profesionales de la salud que ejercen la objeción de conciencia, por «su coraje cívico y moral».
A preguntas de los periodistas, explicó que no ha habido ningún contacto entre el Gobierno y la Iglesia con respecto a la futura Ley del Aborto, «que yo sepa», y añadió: «El derecho a la vida no es negociable».
Revolución en los pasillos del congreso
Las declaraciones de Martínez Camino no dejaron indiferente a ningún partido político. En el grupo socialista en el Congreso, su secretario, Eduardo Madina, dijo no temer que las indicaciones del también obispo auxiliar de Madrid hagan reconsiderar el sentido de su voto a los diputados socialistas católicos porque «saben que el voto es del PSOE». En el grupo popular la valoración de las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal se ha hecho desde otro prisma. El vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, recordó que los católicos tienen sus «normas» y defendió que quienes tienen autoridad para definir qué es ser católico tienen «el derecho y el deber» de decirlo. Para Emilio Olabarría, uno de los siete diputados del PNV, las indicaciones del portavoz de los obispos constituyen «una intromisión impropia de las funciones de la Conferencia Episcopal». Desde CiU, que ha dado en el aborto libertad de voto a sus diputados, Pere Macìas, uno de los parlamentarios que votarán en contra de la reforma de la ley, ha dicho que le incomoda «profundamente» que la Iglesia pretenda ejercer este tipo de presión, que «ni es oportuna ni la mejor para los tiempos que corren».
La Iglesia habla de aborto a los políticos
1. Congregación para la Doctrina de la Fe, 1974
«Un cristiano no puede conformarse a una ley que en sí es inmoral; tal es el caso de una ley que admita la licitud del aborto. Tampoco puede participar en una campaña de propaganda de una ley, ni votar por ella. Más aún, no puede colaborar en su aplicación».
2. Congregación para la Doctrina de la Fe, 2002
Los católicos «tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana» (…) «No pueden participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto».
3. Congregación para la doctrina de la fe, 2004
A «un político católico», cuya «cooperación formal se hace manifiesta» mediante «campaña consistente y voto por leyes permisivas de aborto y eutanasia» no se le puede dejar comulgar «hasta que acabe con su situación objetiva de pecado».
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Razón, www.larazon.es
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