El Informe de Casinos que Complica al Gobierno
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De aprobarse el texto que se vota este jueves, se solicitará a la Presidenta de la República la remoción del superintendente del sector, Francisco Leiva, debido a que "no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensables para el desempeño de su cargo".
Una nueva polémica con el Parlamento enfrenta el Gobierno, debido a la investigación realizada por una comisión de la Cámara Baja al proceso de adjudicación de concesiones de casinos de juego.
Lo anterior no se debe sólo al conjunto de arbitrariedades que quedaron al descubierto y que pusieron en tela de juicio gran parte de lo realizado por la Superintendencia del sector, sino principalmente a las presiones y lobby que denunció el presidente de la comisión, Pablo Lorenzini (DC), en orden a "suavizar" el texto, que tiene altas posibilidades de ser ratificado este jueves en la Sala de la Cámara, dado que requiere mayoría simple de votos y fue respaldado en forma unánime por la instancia investigadora.
Aun cuando Lorenzini no señaló nombres, otros legisladores concertacionistas hicieron trascender que el autor de las presiones fue el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, quien el viernes último admitió haber conversado con el legislador, pero negó presiones para modificar el informe.
Lorenzini insistió que entendió ese diálogo como un interés por atenuar las conclusiones (ver entrevista).
El quid del informe es que el texto pide a la Presidenta, entre otras medidas, la remoción del superintendente Francisco Leiva, debido a que "sus actos lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensable para el desempeño de su cargo", sentencia el documento. Sin embargo, el denunciado lobby apunta más allá.
El parlamentario señaló que el ministro de Economía conversó con él sobre el informe, y, en especial, sobre el caso del actual fiscal de la superintendencia de Casinos, Fernando Riveros, quien trabajó con el secretario de Estado cuando este era superintendente de Isapres.
El punto es que Riveros es objetado por los legisladores, ya que llegó al organismo regulador sin haber clasificado en la quina que Leiva solicitó al Servicio Civil para proveer el cargo. Y habría optado por él, según estableció la comisión, considerando las recomendaciones de Ferreiro y otro ex superintendente de Isapres, José Pablo Gómez. En consecuencia, la conclusión de los diputados es que "el proceso de designación, específicamente del fiscal señor Riveros, ha adolecido de rigurosidad, transparencia, ética y legalidad, por lo cual es urgente realizar un nuevo proceso de selección".
Lorenzini detalló que Gómez y Riveros tienen una empresa de asesorías, por lo que con mayor razón no procedía que lo recomendara. A raíz de esta situación los diputados proponen que hacia futuro todos los cargos ejecutivos de la Superintendencia de Casinos sean sometidos a concurso a través del Servicio Civil.
Cambio en la Ley
El informe critica "la discrecionalidad y arbitrariedad que ha regido el actuar del señor superintendente de Casinos, que le ha permitido incluso modificar la Ley". En este marco, los diputados piden modificar las funciones y atribuciones de la Superintendencia, ya que en la actualidad "es simultáneamente juez y parte en la actividad" por lo que "no tiene la independencia suficiente para fiscalizar a las entidades que se desempeñan en la industria".
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Rodrigo González Fernández
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