Las vinculaciones que reveló el sumario del Poder Judicial a los contratos de edificación
En cinco de seis proyectos sólo se presentó un oferente y las obras se las adjudicó la misma constructora.
por Andrés López y Sebastián Labrín
Ampliar En cinco de las seis licitaciones para adjudicarse la construcción y posterior arriendo de edificios del Poder Judicial, entre 2005 y 2007, analizadas por el contralor interno de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Jorge Viveros, sólo se presentó una oferta.
En este documento, que fue entregado el 25 de abril de 2008 al ex presidente de la Corte Suprema y entonces miembro del Consejo Superior de la Corporación, Urbano Marín, se reveló que los casos en que se presentó la oferta única se adjudicaron las obras a Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., Inmobiliaria Juan XXIII e Inmobiliaria Centro Iquique. Estas sociedades están vinculadas a la constructora Cosal S.A., la que fue también designada para construir las edificaciones en los cinco proyectos. El contralor Viveros hace ver por primera vez la existencia de estas vinculaciones de las empresas.
Este informe fue analizado en la sesión del Consejo Superior del 3 de agosto, según consta en una grabación difundida por CNN Chile. Allí, el ministro Sergio Muñoz manifestó al presidente del máximo tribunal, Milton Juica, que se podría estar frente a una colusión entre las empresas y que podría tener el carácter de delito. Sin embargo, Juica indicó que no se trataba de un tema penal, sino que administrativo y que no se debía denunciar a la fiscalía.
Fuentes judiciales dijeron que el motivo por el que se llamó a concurso la edificación de estos tribunales fue porque en 2006 partiría la nueva Justicia de Familia y los presupuestos no alcanzaban para comprar o construir los inmuebles. Por esto, se ideó el sistema de construcción de los tribunales a través de una inmobiliaria, la que, a su vez, se los arrendaría al Poder Judicial por largos períodos de tiempo. La que efectuó la mayor cantidad de obras fue la constructora Cosal, cuyo dueño es Samuel Levy Benveniste (66). El Poder Judicial necesitaba dar celeridad a las obras para poner en marcha la reforma.
Proyectos
El 6 de diciembre de 2005 fue la primera adjudicación: los juzgados de San Antonio. Allí sólo se presentó la oferta de la inmobiliaria Juan XXIII, y las obras las ejecutó la constructora Cosal. El segundo proyecto fue el Juzgado de Familia de Limache, cuyo contrato es del 20 de marzo de 2006. Quedó en manos de la Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., la única oferente, y Cosal erigiría el inmueble.
La tercera edificación fue de los juzgados y Corte de Apelaciones de Iquique. También se presentó una sola oferta, que quedó en manos de la Inmobiliaria Centro Iquique y la constructora Cosal. El contrato es del 5 de mayo de 2006.
El cuarto proyecto rompe la tendencia, dado que se presentan tres ofertas. La empresa constructora Sociedad Collao y Cid limitada se adjudicó el 5 de junio de 2006 la construcción de los Juzgados de Letras de Calama.
El quinto inmueble fue el Juzgado de Familia de Buin. También sólo hubo una oferta que se adjudicaron El Vergel y Cosal, el 19 de julio de 2007. Finalmente, ocurrió lo mismo que el caso anterior para el Juzgado de Familia de Peñaflor, cuyo contrato fue firmado el 19 de abril de 2007
Primera construcción de juzgados
El 6 de diciembre de 2005 se adjudicó la construcción de los Juzgados de Familia, Tribunales Orales en lo Penal, el 1° y 2° Juzgado de Letras de San Antonio, a la empresa inmobiliaria Juan XXIII. En la adjudicación, se designó a la constructora Cosal.
Aparece la Inmobiliaria El Vergel S.A.
El 20 de marzo de 2006, la Corte Suprema concedió la licitación de obras de los Juzgado de Familia de Limache, contrato que fue adjudicado a la Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A. Esta firma fue la única oferente durante el proceso de licitación.
La última obra concedida por el Poder Judicial
El 19 de abril de 2007 se concretó la adjudicación para construir los Juzgados de Familia de Peñaflor. La obra, al igual que en otros cuatro proyectos, fue otorgada a una firma cuyos socios están ligados a El Vergel S.A.
Los millonarios gastos
De acuerdo con los antecedentes que ha entregado el Poder Judicial, sólo en 2005 la Corte Suprema destinó más de $ 4 mil millones para poner en marcha la construcción, adquisición y/o remodelación de edificios destinados al funcionamiento de los tribunales. En 2006, el máximo tribunal habría solicitado más de $ 5 mil millones vinculados a estos mismos ítems.
Sin embargo, el año en que la mayor cantidad de recursos se destinó a infraestructura del Poder Judicial fue 2009. Ese año, según la cuenta pública de la Corte Suprema, se destinaron más de $ 37 mil millones "para construir, adquirir o renovar edificios que sean más funcionales a la tarea jurisdiccional y más seguros y acogedores para los usuarios del sistema judicial".
Consta en el informe elaborado por el contralor Jorge Viveros, que entre 2005 y 2007 -años en que se efectuaron las cuestionadas adjudicaciones- se otorgaron cinco de las seis licitaciones a una sola empresa.
La situación alertó a los ministros de la Corte Suprema que integran el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ya que la inmobiliaria El Vergel S.A. y sus empresas relacionadas se adjudicaron -como único oferente de las obras- el 83% de las edificaciones. Esto se tradujo en que el Estado les canceló un total de $ 63 mil millones. Este hecho, a juicio del Poder Judicial, sólo ameritaría sanciones administrativas.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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