Se consuma el escándalo: Impuestos Internos y Fiscalía se coluden y cierran investigaciones por financiamiento ilegal de políticos. Por Mario López M.
A dos años de destaparse el mayor escándalo en política desde la vuelta a la democracia, el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza -ambos en la foto- coludidos, han anunciado el fin de la investigación a políticos corruptos que fueron financiados por empresarios deshonestos que buscaban mantener sus privilegios.
La Fiscalía se escuda
El fiscal Abbott señaló que la ausencia de querellas y denuncias concretas por parte del Servicio de Impuestos Internos(SII) hacía imposible continuar las acciones e investigaciones en estos y futuros casos: "nos preocupa, en la medida en que nosotros tenemos que terminar la causa. En definitiva, nosotros quisiéramos un pronunciamiento de parte del Servicio de Impuestos Internos (...) estamos esperando que ellos (SII) ejerzan el derecho que la ley les concede para querellarse o denunciar los delitos de carácter tributario".
En otras palabras, según Abbott, sin querella del SII nada se puede hacer: "si no hay más querellas, tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de término que la ley establece". Se le olvida al señor Fiscal Nacional que la jurisprudencia reciente en estos casos, lo aseverado por el exfiscal jefe del Ministerio Público Guillermo Piedrabuena y lo afirmado por el actual persecutor a cargo del Caso SQM, Pablo Gómez, han sostenido que la Fiscalía sí puede actuar a pesar de no existir querella o denuncia específica del SII. Es fácil "sacarse el pillo" y no asumir su responsabilidad.
No es lo único reprochable en la conducta del nuevo Fiscal Nacional. Porque en los pocos casos en que hubo denuncia o querella, Abbott y su antecesor, Sabas Chahuán, se esmeraron no en hacer justicia sino que en conceder todos los beneficios posibles a los imputados hasta el punto de no investigar ni sancionar ilícitos, y así para que las penas fueran más bajas. Tal es el caso de Jovino Novoa, a quien solo se le sancionó por delitos tributarios menores y no por infracción a la Ley de Donaciones y menos por asociación ilícita criminal. También se hizo vista gorda al hecho de que al momento de recibir dineros él era Senador de la República. Y eso se llama cohecho.
El SII renuncia su deber
Y qué decir del errático director del SII. Respondiendo a Abbott señaló: "las querellas son una herramienta más que tiene el Servicio de Impuestos Internos para cumplir con su misión", pero no su función principal. Es decir, siguiendo la denominada "doctrina Escobar", si un empresario desfalca millones de dólares en impuestos, se le deben dar las facilidades para pagar lo que ilegalmente se llevó (mediante uso de facturas y boletas falsas que rebajaron de sus impuestos) y no se le debe perseguir penalmente.
Lo mismo opera para los políticos que fueron corruptos con dineros sucios, a los que tampoco se les perseguirá, pues si pagan los impuestos por las boletas y facturas truchas que usaron, no habrá acción penal en su contra o, en su caso se le ofrecerán salidas alternativas vía juicios abreviados o suspensión de la pena, que en la práctica no son sino dejarlos impunes.
De esa manera el SII se ha cerrado a la investigación de las otras 200 empresas que rectificaron sus declaraciones y que al igual que Penta y Soquimich giraron dineros que, se sospecha fundadamente, eran para obtener prebendas a cambio. Entre ellas Endesa, Arauco, Aguas Andinas, BCI, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Copec, Newport, Inversiones Caburga y otras.
La gran estafa
Del "caiga quien caiga" y la "mano dura" implementadas al comienzo de las indagatorias, se pasó al perdonazo y la impunidad de una sola plumada. De la cruzada ética de los Carlos Gajardo y un puñado de jóvenes que nos hicieron creer que en Chile sí habría justicia, se llegó a más de lo mismo, por los mismos de siempre.
Los miles de millones de pesos pasan al olvido, como sucediera con el caso de Martín Larraín o los curas pedófilos cuyas sanciones fueron un mal chiste. Y así se reclama del desprestigio de las instituciones. Los Orpis, Piñera, Golborne, Wagner, ME-O y tantos más que hemos visto involucrados en esto no serán sancionados. Se vuelve a barrer bajo la alfombra. ¡Qué verguenza! La verdadera "gran estafa" es esta.
Los políticos que mancillaron su función pública quedarán impunes, lo mismo que los testaferros que entregaron boletas y facturas truchas. Igual acontece con los malos empresarios que controlan desde las sombras el quehacer del país. Flaco favor le hacen el Ministerio Público y el SII a la política y a Chile.
Fuente:http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160302/pags/20160302191435.html
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
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