Reforma de Bachelet al Código Penal apunta a penalizar la colusión: Difiere de Piñera
SERGIO SÁEZ | EMPRESA | 05:00 HRS
© Agencia Uno 
Hace un par de semanas, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se reunió con el comité de especialistas que elaboró la propuesta de reforma al Código Penal. ¿La idea? Conocer el trabajo realizado por los expertos y eventualmente reflotar algunos elementos del proyecto enviado a última hora por la administración Piñera.
Si bien no es un tema prioritario, en el oficialismo consideran que antes de sentarse a conversar es preciso modificar elementos claves de este borrador, como penalizar la colusión.
En el caso de los delitos antimonopolio, la actual administración no comulga con la propuesta entregada por el comité de expertos convocado por el gobierno anterior y que establece seguir el modelo alemán: penalizar sólo este delito en caso de licitaciones públicas.
“De acuerdo a lo establecido por el ministro de Justicia, este texto se está analizando profundamente. Después se verá si se modifica esta propuesta o derechamente se presenta un nuevo código. El otro aspecto relevante es que no se comparte el cómo se abordan los delitos económicos, particularmente el delito de la colusión”, explica el senador miembro de la comisión Constitución, Legislación y Justicia, Pedro Araya.
De esta manera, cualquier discusión legislativa sobre reponer un nuevo Código Penal estaría condicionado a reponer esta pena y de paso evitar un segundo “caso farmacias”.
“Creemos que eliminar las penas a los delitos de colusión es una pésima idea en el proyecto anterior. Creemos que hay que aprender de lo ocurrido en el caso farmacias, donde se perjudicó a mucha gente y las penas no han sido lo que se esperaban”, explica el senador Felipe Harboe, presidente de la comisión.
Si bien el oficialismo aún no ha plasmado sobre el papel una nueva propuesta, la idea es diferenciarse al máximo de la reforma anterior.
“La idea es establecer cambios, por ejemplo, introducir un capítulo en el cual se penalice los delitos contra la fe pública, aumentando las penas a quienes atenten contra el mercado de valores, a quienes cometan el delito de colusión o bien a quienes cometan delitos contra el medio ambiente”, explica Harboe.
¿Y las autodenuncias? En el oficialismo ya barajan una fórmula para no afectar la delación compensada. La estrategia sería el establecimiento de condiciones atenuantes o bien eximir de responsabilidad penal a quienes colaboren con el esclarecimiento de los hechos, propiciando la denuncia entre empresas.
En la propuesta elaborada en la administración anterior se planteaba penalizar con prisión de uno a cinco años y multa de hasta 1.250 días-multa el que, en licitaciones públicas o privadas convocadas por órganos de la administración del Estado, por empresas públicas creadas por ley, por empresas en las que el Estado tenga participación o en las que el Estado haya aportado subvenciones o fondos públicos destinados a la adquisición del objeto de la licitación, se concierte con otro, expresa o tácitamente, con el objeto de alterar el precio o condiciones de la oferta.
“Personalmente considero que la colusión en el ámbito privado es mucho más grave que en el ámbito público, puesto que se establece un serio daño a las personas mediante las empresas que prestan servicio. Por eso consideramos que un nuevo Código Penal se debe construir de manera integral y aumentando las penas a los delitos económicos”, expresa el senador Pedro Araya.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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