La actual crisis energética en Chile avanza a pasos agigantados. Para 2020 se proyecta un aumento en el consumo eléctrico en torno a los 100 mil gigavatios (GWh) y nuestro sistema eléctrico, cimentado políticamente en la Constitución de 1980 y conformado por grandes hidroeléctricas y termoeléctricas controladas por poquísimas empresas, está siendo cuestionado por la ciudadanía que, entre otras cosas, demanda energías renovables no convencionales.
La instalación de los megawatts (MW) faltantes para el desarrollo del país es un imperativo. La tarea pendiente para las autoridades de gobierno, empresas y ciudadanía se basa en dos preguntas: ¿qué sistema energético se debe construir? y ¿quién debe asumir la responsabilidad del sistema y mejorarlo?
Por Isabel Ancelotti/ Ilustración: Hernán Kirsten.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las manifestaciones del país, la protesta contra la Termoeléctrica Barrancones terminó con una llamada telefónica. Aquella tarde de agosto de 2010, el presidente Piñera conversó personalmente con la empresa Suez Energy y pidió que detuvieran y reinstalaran el polémico proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones que instalaría 540 MW a 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza Punta de Choros.
Este episodio marcó un antes y un después respecto a la conciencia de la ciudadanía, empresas y Gobierno sobre el sistema eléctrico nacional, basado principalmente en termoeléctricas y centrales hidroeléctricas que afectan, por decir lo menos, el medio ambiente y ecosistema nacional. Aquel episodio reveló lo frágil de nuestra institucionalidad eléctrica, los daños que provoca al medioambiente y lo complicado que será instalar un proyecto eléctrico tradicional sin el descontento de la ciudadanía.
El escenario actual
En Chile, para proveer de electricidad a ciudadanos e industrias existen cuatro sistemas eléctricos interconectados divididos principalmente por grandes regiones naturales.
El primero es el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta;
el segundo, el Sistema Interconectado Central (SIC), se extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé. Al sur de Chiloé, el Sistema de Aysén atiende el consumo de la Región XI y, finalmente, el Sistema de Magallanes que abastece a la Región XII.
Somos un país dependiente energéticamente. El 71 % de nuestras energías primarias proviene de fuentes fósiles importadas. En los últimos 15 años, de toda la capacidad de generación eléctrica que se construyó en Chile, el 80 % fue termoeléctrico de carbón, gas natural y petróleo. Los precios de esos tres productos han subido en el mundo y en Chile. Somos dependientes de esos combustibles para la generación eléctrica y, por lo tanto, vulnerables al alza de los costos de la energía eléctrica.
En materia de transmisión de energía, el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, afirma que la transmisión eléctrica presenta significativos niveles de fragilidad y enfrenta serias dificultades para la concreción de los proyectos del rubro.
Según datos del Ministerio de Energía, tomando en cuenta la tendencia de crecimiento económico al año 2020, se proyecta un aumento en el consumo eléctrico en torno a los 100 mil GWh de demanda total de energía eléctrica a dicho año. Ello representa el desafío de incorporar MW de capacidad instalada a nuestro sistema.
Es esta demanda de energía la que representa una gran dificultad para el país, pues, a riesgo de que se paralicen las inversiones, la ciudadanía demanda proyectos sustentables que no afecten el medio ambiente.
Es así como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) publicó en octubre de este año un informe donde se establece que el problema del sector energético no es la falta de interés en invertir, sino la dificultad para concretar proyectos debido a la creciente oposición de grupos ciudadanos y a las trabas administrativas, políticas y judiciales que se han ido generando.
Entre las razones que esgrime la CPC, se encuentran la pérdida de confianza en la institucionalidad, la falta de espacios de participación, la capacidad de grupos de oponerse a proyectos por motivos ambientales. La cámara esgrime también como razón la desinformación en materias energéticas, una comunidad local menos dispuesta a aceptar inversiones con una distribución geográfica inequitativa de costos y beneficios y una creciente competencia por usos alternativos del territorio.
Esta situación, según la CPC, repercutirá en los precios de la energía. "Al no poder aprovecharse plenamente los recursos hídricos o construir plantas de carbón, el costo medio de desarrollo del SIC está pasando de US$ 80 o 90 por MWh a US$ 120 o 130, en el caso de que se puedan desarrollar masivamente centrales en base a GNL (o más si se debe recurrir a centrales con base en petróleo diésel). Dicha diferencia aplicada a la generación total del SIC implica un mayor costo de US$ 2.000 millones anuales que deberán soportar los clientes residenciales e industriales. Esta situación dañaría la competitividad de la economía, originando el cese de operaciones de industrias y el consecuente impacto negativo en la producción, la inversión y el empleo", reza el informe.
Fuentes de Aes Gener sostienen que las principales debilidades del sistema eléctrico del país son los pocos actores importantes del sector. Desde el punto de vista técnico, la matriz energética no está diversificada y existe una dependencia del recurso hídrico.
El Gobierno de Piñera ha impulsado acciones para robustecer y reforzar el sistema de transmisión, que es crucial para el desarrollo del sector y necesario para poder darle seguridad y un manejo más eficiente al SIC (Sistema Interconectado Central). El año pasado se lanzaron licitaciones de transmisión que involucran inversiones históricas por cerca de US$ 1.000 millones y, al mismo tiempo, se impulsaron leyes que apuntan a destrabar la construcción de líneas. Entre ellas, la aprobada Ley de Concesiones.
Junto con ello, están en tramitación en el Congreso los Proyectos de Ley de Carretera Eléctrica y el de Interconexión SIC-SING, con el fin de poder conectar las fuentes de energía con los centros de consumo.
Respecto a la inversión del país a nivel privado y público en el ámbito energético, el subsecretario de Energía sostiene que independiente de que algunos proyectos puntuales hayan tenido dificultades, hay otros proyectos que están avanzando. "Actualmente, hay proyectos de generación en construcción por un total de 2.800 MW. De ese universo, el 44 % es hidroeléctrico, el 21 % eólico y el 10 % corresponde a tecnología solar", afirma el subsecretario de Energía.
El origen
Los orígenes de este difícil escenario están en diferentes ámbitos para los expertos. Juan Pablo Orrego, presidente en ONG de Desarrollo Ecosistemas, sostiene que el origen de la crisis energética viene de la época de la dictadura.
"Se hizo una reforma ultra neoliberal que tiene ver con la Constitución de la década de los 80. Específicamente, con el artículo 19, número 24, que se refiere a la propiedad privada y el código de aguas de 1981, a lo que se suma la Ley Eléctrica del 82. En 2006 se entregó el desarrollo energético a las fuerzas de los mercados y a las empresas eléctricas que lucran con la venta de energía".
Para Orrego, existe una apropiación única en el mundo de derechos de aguas no consultivos para desarrollo de hidroeléctrico, prácticamente, en una empresa, Endesa, que monopoliza el 80 % de agua no consultivo en el sector hidroeléctrico. El ecólogo cuestiona que en Chile exista un proyecto como Hidroaysén, siendo el país más rico del mundo en energías renovables no convencionales. Según Orrego, el problema está en la apropiación política de los recursos naturales, que hacen que estos sean extremadamente baratos y que representen grandes ganancias para las empresas.
"En Chile, el problema energético es político, pues capturaron los ríos y los van a utilizar hasta las últimas consecuencias mientras los dejemos; porque para las empresas es gratis. Para Endesa e Hidroaysén, el agua es gratis, pues no tienen que pagar un royalty o un impuesto", a lo que agrega que las empresas generadoras de energía sindican la energía proveniente de centrales hidroeléctricas como una energía limpia y barata, pues no cargan con las consecuencias y externalidades generadas a partir de su implementación.
"No tienen que pagar ningún centavo por la degradación del sistema fluvial o cuencas de los ríos. No pagan por la degradación del potencial del turismo. Ningún centavo. En ese contexto, construir un proyecto como Hidroaysén es...
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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