Durante el último tiempo, destacados académicos y abogados han intervenido en el debate sobre la Editorial Jurídica de Chile y su necesaria continuidad, así como al rol que le cabe a una empresa de esta naturaleza en el Chile de hoy. Un interesante debate tuvo lugar en las páginas de El Mercurio de Santiago, entre los profesores Alejandro Vergara y José Joaquín Ugarte, ambos profesores de la Pontificia Universidad Católica. En resumidas cuentas, el profesor Vergara sostiene y apoya la decisión del Congreso Nacional de recomendar al Gobierno el fin de las funciones de la mencionada editorial en beneficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, que debería asumir las funciones de aquella. Por otro lado, el profesor Ugarte señala los inconvenientes que ello podría traer, dando varios argumentos que intentan fundamentar su postura. Sin embargo casi todos ellos desbordan nostalgia de tiempos pasados, evocan antiguas y acertadas glorias de la editorial, o se apoyan en gratas experiencias personales vividas en torno a la misma. Todos argumentos muy interesantes sin duda, pero que no aportan a fundamentar la subsistencia de la empresa en cuestión. El profesor Vergara sin embargo, esboza muchos argumentos que deben ser profundizados, y que en mi parecer, se encaminan correctamente: el déficit fiscal que produce dicha empresa, la posición monopólica de la misma, y las distorsiones económicas que consecuentemente introduce en el mercado local. Todas ellas nos parecen válidas, y por lo mismo intentaremos una sistematización de dichos argumentos en pos de la claridad. La Editorial Jurídica de Chile fue creada en un contexto histórico, político, económico y social muy distinto al país de hoy. La intervención del Estado en la economía era una verdad indiscutida, y el fomento de la misma se vería impulsado en aquellos mismos años con la implementación de la CORFO, herramienta institucional que buscaba precisamente la promoción del desarrollo económico nacional. La creación de una imprenta oficial se puede encuadrar precisamente en el seno de dichas políticas. Y así se hizo, creándose la editorial Jurídica de Chile con la principal función de convertirse en la imprenta oficial del Estado. Algunos dirán que ello se logró con bastante éxito, no sólo por la publicación –monopólica- de leyes y códigos oficiales, sino también de obras jurídicas de autoría privada. Quizá el mejor ejemplo del supuesto esplendor de la Editorial Jurídica se encuentre precisamente en este último punto, si consideramos que destacados académicos publicaron allí sus obras y tratados –como acertadamente destaca el profesor Ugarte-. Con el tiempo –mejor dicho con el desarrollo del mercado-, la Editorial fue perdiendo protagonismo y presencia, con el aparejado déficit financiero que ello necesariamente conlleva en una economía libre y competitiva. Hoy en día –como hemos podido apreciar- la misma existencia de la Editorial se encuentra cuestionada. Y es bueno que lo esté, y que prontamente deje de existir. La economía de hoy es muy diferente a la de mediados del S. XX, caracterizándose por su apertura y competitividad. Precisamente a raíz de esta última característica de nuestro modelo, es que cualquier negocio debe ser eficiente –y no sólo eficaz como en la mayoría de los negocios y asuntos públicos- si quiere mantenerse vigente. Un negocio que no puede competir tiene dos opciones: o ajustar sus parámetros de oferta –costos y beneficios de producción- para adaptarse a lo que el mercado –sí, el mercado- libremente demanda, o cerrar sus puertas por fuera y dejar que compitan quienes realmente pueden. Ahora bien, la situación que analizamos tiene una arista más desde el punto de vista de su participación en el mercado editorial: ¿Debe intervenir el Estado en un mercado completamente cubierto por la oferta privada? Creemos que no. Un modelo inspirado en el libre intercambio de bienes y servicios, templado por el principio de subsidiariedad del Estado, se caracteriza precisamente por el deber público de fomentar el rol del privado en todos los ámbitos productivos –la producción de bienes de consumo desde zapatos a educación, salud e incluso justicia-, siendo el campo editorial uno de ellos. En consecuencia, en un mercado editorial competitivo el Estado debiese abstenerse de actuar, y dejar que los privados desarrollen su actividad sin distorsión alguna. Si a lo anterior sumamos un último elemento distorsionador del correcto funcionamiento de la eficiencia de mercado, podríamos concluir que la situación actual sólo ha podido mantenerse gracias al influjo de alguna perversa conciencia oculta que quiere mantener a la industria editorial en general –y a la literatura jurídica en particular- sumida en la mediocridad más espantosa: me refiero a la posición monopólica de la cual disfruta la Editorial Jurídica de Chile. Un monopolio per se no es una situación dañina para el mercado o la eficiencia del mismo. Lo será cuando se trate de un monopolio coercitivo, impuesto. En cambio, enfrentados a un monopolio de eficiencia, el mercado seguirá funcionado bajo la mejor combinación de costos y beneficios, y por lo mismo no se verá distorsionado. La Editorial Jurídica sin embargo, no es un monopolio de eficiencia: es un monopolio legal, impuesto forzadamente por el Estado. Es por ello que necesariamente introduce distorsiones en la eficiencia de mercado. ¿Puede un privado eficiente competir contra otro privado menos eficiente? Resulta evidente que sí. ¿Puede un privado eficiente competir contra un monopolio de eficiencia? Si logra precios competitivos, sin duda alguna. ¿Puede un privado eficiente competir contra un monopolio coercitivo, privado o público? Nunca. El monopolio coercitivo excluye no sólo a la competencia ineficiente, sino que a la misma posibilidad de competir. En el caso de la Editorial Jurídica, ello quedó de manifiesto en un fallo del Tribunal Constitucional del año 2008, en el cual este último condenó a la Editorial LexisNexis por la publicación de una obra de carácter privado que llevaba por título "Código Administrativo", alegando que la exclusividad en la publicación de los códigos legales le correspondía a la Editorial Jurídica. LexisNexis –y cualquier otra editorial- tuvo que abstenerse de publicar cualquier obra que llevase por título la palabra "código". Dejando de lado la sentencia comentada –pese a que sería interesante hacer un estudio aparte sobre la misma- ¿Tiene algún sentido desde el punto de vista económico el impedir que un privado realice una actividad económica que el Estado no ha podido o querido realizar? Ciertamente no.
En consecuencia, la Editorial Jurídica debería dejar de existir. El mercado actual no puede verse interferido –distorsionado- por monopolios coercitivos que para colmo de males adolecen de un déficit financiero. Ello sólo apunta en perjuicio del mercado en su totalidad, mercado que está conformado por todos aquellos que queremos poner nuestras obras –nuestro trabajo- a disposición del público –ojalá mediante un pago mayor que el mero reconocimiento-, así como de los consumidores, que ven coartado su legítimo derecho a acceder a una amplia variedad de obras literarias y jurídicas, a mejores precios y de mejor calidad. Y los argumentos nostálgicos bien pueden ser publicados en alguna editorial que libremente se dedique al género. (Santiago, 30 mayo 2013)
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