Exonerados: Gobierno inicia proceso de suspensión de pago de beneficios
Subsecretario Ubilla dijo que el IPS evaluará en qué casos proceder, pero sólo a partir de junio del 2011. Comisión de Etica de la Cámara se declaró incompetente.
Ubilla explicó que también se consultará a la Contraloría cuál es el mecanismo para los casos prescritos.
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A través de un proceso administrativo que iniciará el Instituto de Previsión Social (IPS), el gobierno comenzará a suspender los pagos de parte de los beneficios que se siguen otorgando a exonerados políticos, y que están en el centro de la polémica luego de ser objetados por un informe de la Contraloría.
Así se explicó esta mañana en La Moneda, en lo que sería la primera medida concreta respecto a no seguir cursando los pagos que están cuestionados a raíz de este caso, que ha provocado un durísimo enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Sin perjuicio de que el universo total de casos y montos a suspender aún no puede ser exactamente determinado, se optó por la vía de tomar cartas en el asunto a través del IPS, entidad que concreta la entrega de sólo una parte de los beneficios.
En este caso, corresponde a pensiones de gracia vitalicia por la vía de pagos con subrogación . Para el gobierno, la "luz verde" para centrarse en dichos casos la encendió la Contraloría, ya que en su dictamen -destacan- aseveró que se cancelaron en forma indebida cerca de $ 30 mil millones.
Pero la medida no cubre todo el período, ya que en estos casos hay una prescripción administrativa de cubre un lapso de dos años; por lo tanto, el IPS sólo podrá suspender los pagos relativos a beneficios otorgados desde junio del 2011 hasta hoy . Para ello, la entidad evaluará en qué casos corresponde hacerlo.
"El gobierno tiene dos alternativas. La primera es iniciar el proceso de suspensión por la vía administrativa: la misma autoridad que otorga un derecho tiene un plazo administrativo de dos años para revisarlo, si hay causales fundadas y con un procedimiento determinado; no es llegar y hacerlo", explicó a este diario el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien junto a los ministros Andrés Chadwick(Interior), Evelyn Matthei (Trabajo, cartera de la cual depende el IPS) y Cecilia Pérez (Segegob), integran el equipo designado por el Presidente Piñera.
El proceso, según la normativa vigente, obliga al IPS a informar y consultar al beneficiario afectado, con lo que se le notifica de la suspensión del pago pero al mismo tiempo se le da el derecho de recurrir ya sea al mismo organismo, o incluso a tribunales.
Respecto de los casos que están fuera del plazo de los dos años, Ubilla explicó que el gobierno consultará a la Contraloría "cuál es el mecanismo que el IPS tiene fuera de ese plazo, de junio de 2011 hacia atrás , qué procedimiento administrativo tenemos para suspender, quitar estas pensiones".
Adicionalmente, el gobierno tiene una vía penal, ya que el IPS -a diferencia de Interior- tiene la facultad legal de querellarse por su cuenta (y no a través del Consejo de Defensa del Estado) en este caso. "El IPS está estudiando la querella que va a presentar contra aquellos que resulten responsables", añadió.
Y en el caso del ministerio del Interior "no podemos ir directamente a la justicia, tenemos que hacerlo a través del CDE. Ya le entregamos al CDE hace un año atrás todos los antecedentes de nuestra investigación, y la semana pasada volví a reiterar el interés del ministerio de anular la condición de exonerado de quienes no lo son y perseguir responsabilidades", dijo la autoridad, gestiones que hasta ahora no han encontrado eco.
En tanto, la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados analizó el martes pasado el tema de los certificados emitidos por parlamentarios para avalar a exonerados políticos y las pensiones que reciben una decena de legisladores bajo esa condición, declarándose incompetente frente a lo primero y absteniéndose de un pronunciamiento sobre lo segundo.
El presidente de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespí n (DC) señaló que dicha instancia tiene una postura unánime en el sentido que si hay parlamentarios que reciben pensiones como exonerados y cumplen los requisitos que establece la ley para ello, "están en su derecho de recibirla porque la ley no consagra ninguna inhabilidad para que parlamentarios sean beneficiarios".
Respecto al hecho de que algunos parlamentarios hayan entregado certificados a personas que presuntamente están cobrando pensiones destinadas a exonerados políticos y no reunirían los requisitos legales para ello, afirmó que a la Comisión de Etica no le corresponde pronunciarse sobre dicha materia porque se trata de situaciones ocurridas en el periodo anterior a la constitución de esta instancia disciplinaria.
Mal pronóstico en CDEEsta tarde el comité penal del Consejo de Defensa del Estado revisará el caso exonerados, pero hay señales que indican que no sería muy auspicioso para las expectativas del gobierno. ¿La razón? Análisis internos sostienen que el informe de Contraloría no describiría hechos que puedan considerarse delitos, y que la investigación de la Fiscalía centro norte estaría prescrita.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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