Una pésima señal
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo
Es un hecho de dominio público que en Chile cualquier proyecto de cierta envergadura es objeto de una bien montada campaña social, política o jurídica destinada a entrabarlo, sea con fines ideológicos, electorales o de lucro. Esta experiencia, desgraciadamente, la sufren todos quienes aspiran a realizar sus emprendimientos. Se suman a esta estrategia grupos ambientalistas, progresistas o vulgares aprovechadores y oportunistas.
Lo que digo se observa de preferencia en el ámbito judicial, que ofrece los recursos más fáciles de emplear sin asumir responsabilidades posteriores. Me atrevería a sostener que ningún proyecto de importancia -agrícola, eléctrico, minero, industrial, portuario, etcétera- escapa a esta regla ni consigue superar los efectos negativos que se le atribuyen. Ahora, si el juicio que se emplea para estos fines es penal, ello asegura el éxito, porque las presiones que se generan suelen ser irresistibles.
La reforma constitucional de 1989, que representó un avance significativo para nuestra institucionalidad, y mediante la cual se entregó al Poder Judicial el conocimiento del llamado "contencioso administrativo" (lo que permite accionar contra el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones de servicio), constituyó un poderoso aliciente para la judicialización de la actividad de la Administración. Lo anterior, unido a diversas leyes especiales dictadas desde entonces, ha facilitado la interposición de un sinnúmero de recursos judiciales destinados a reclamar decisiones de naturaleza técnica, transformando a los tribunales de justicia en una instancia administrativa de dudosa idoneidad.
Nuestros jueces no están preparados para entrar a conocer cuestiones cuya solución requiere de una alta especialización. Ante esta limitante, se ven forzados a recurrir a "peritajes" provenientes de "expertos", no siempre los mejores, en quienes, en definitiva, se radica la facultad de resolver. No es extraño, entonces, que muchas sentencias susciten críticas y reparos que debilitan el prestigio de la justicia.
A los jueces -y esto debe tenerse claro- no puede exigírseles un conocimiento universal ni el dominio de materias de extrema complejidad técnico-científica. Por lo tanto, debe hallarse la forma de desplazar su competencia a comisiones de profesionales de excelencia, sin perjuicio de mantener todo aquello que diga relación con cuestiones de raíz netamente jurídica (tales como el resguardo del debido proceso, la supremacía constitucional, la preservación de los derechos fundamentales, etcétera). En otras naciones esta función corresponde a asesores denominados "amigos de las cortes". No puede perderse de vista que la actividad productiva se profesionaliza y complejiza cada vez más.
A lo indicado hay que agregar otro factor que distorsiona el ejercicio de la jurisdicción. Para lograr sus objetivos, quienes se empeñan en obstruir un determinado proyecto (sea porque rompe el equilibrio ecológico, o desmejora la calidad de vida de la población, o priva a sectores sociales de hipotéticos beneficios, o implica riesgos no acotados), promueven un movimiento ciudadano (a veces multimillonario), que genera una atmósfera destinada a influir en el designio de los tribunales. De esta manera, los jueces experimentan una presión que, consciente o inconscientemente, los predispone a fallar en determinada forma. Aun cuando la judicatura se empeñe en negarlo, lo cierto es que, en el clima descrito, el resultado de una controversia está decidido con mucha antelación. Los jueces viven en nuestra comunidad, están integrados a ella y experimentan idénticas tensiones, temores, simpatías o antipatías, como cualquiera de nosotros. Lo que advertimos es difícil de superar, si se considera que toda movilización está inspirada en consignas atractivas, obvias y contagiosas, especialmente dirigidas a sectores juveniles y marginales.
Finalmente, emerge el factor político que se alimenta de los movimientos sociales y que tiende a explotar el descontento con fines electorales. No siempre estas maniobras tienen éxito (como ocurrió en Aysén), pero, a la larga, es un nutriente del cual ninguna agrupación partidista puede prescindir.
Si subsiste este marco, el desarrollo a que aspiramos se distanciará cada vez más. No pueden alentarse acciones de esta naturaleza ante la indiferencia de la autoridad o dejar que ellas erosionen la voluntad de crecer, invertir y generar riqueza. No es fácil salir al encuentro de una realidad tan adversa, pero tampoco es posible desdeñar un peligro que seguirá extendiéndose en desmedro del porvenir de las nuevas generaciones.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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