Un Estado cada vez más transparente
Cada vez hay más consenso en que el factor decisivo para alcanzar el desarrollo es contar con instituciones estables e inclusivas. Profundizar y perfeccionar nuestra democracia, y fortalecer con ello la confianza en nuestras instituciones políticas es, por tanto, uno de nuestros mayores desafíos y una de las prioridades del Gobierno.
Las vías para conseguir esos objetivos son dos. Una de ellas es hacer más participativo a nuestro sistema político, creando nuevos canales para encauzar las preferencias de los ciudadanos y mejorando los existentes. En este ámbito, aprobamos la ley sobre inscripción automática y voto voluntario, que ha permitido la incorporación de más de 5 millones de personas al registro electoral, que ha crecido en casi 65%. Y estamos avanzando en el Congreso con proyectos tan importantes como el que institucionaliza un sistema de elecciones primarias, el que establece la elección directa de los consejeros regionales y el que facilita la celebración de plebiscitos comunales.
La otra vía, a la que quiero referirme más extensamente, consiste en incrementar la transparencia y la probidad en el funcionamiento de las instituciones públicas. De esa manera, los ciudadanos podrán saber mejor lo que las autoridades elegidas con sus votos hacen con el dinero de sus impuestos y verificar que éstas persigan efectivamente el interés público, lo que hará que su participación resulte más informada y sea percibida por ellos como más trascendente.
El Gobierno ha desplegado una completa agenda legislativa en la materia. Su componente más relevante es el proyecto de ley sobre probidad en la función pública. El perfecciona la obligación de ciertos funcionarios de declarar cada tanto sus bienes e intereses y, sobre todo, establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el deber de determinadas autoridades de desprenderse de la administración e incluso de la propiedad de parte de su patrimonio, para evitar conflictos de interés.
Gran trascendencia tiene también el proyecto de ley que regula el lobby, cuya tramitación el Gobierno reactivó mediante una indicación sustitutiva. Con ella se ha buscado extender el campo de regulación del proyecto a todas las gestiones efectuadas en representación de intereses particulares ante los organismos públicos, incluyendo las realizadas por asociaciones gremiales, sindicatos, ONGs y fundaciones. Por otra parte, el proyecto pone ahora el foco en las actividades de las autoridades, que deberán estampar en registros públicos las reuniones sostenidas con quienes gestionen intereses particulares. De ese modo, los ciudadanos podrán comprobar que todos los afectados por una decisión de la autoridad cuenten con igual oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista y que aquélla, luego de sopesar todos los intereses en juego, decida de un modo justificado estrictamente en el bien común.
Por otra parte, luego de un trabajo coordinado con el Consejo para la Transparencia, presentamos indicaciones a un proyecto de ley fruto de una moción parlamentaria transversal, que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, para aumentar las obligaciones de transparencia activa del Estado y perfeccionar el procedimiento para tramitar las solicitudes de transparencia pasiva de los ciudadanos.
También hemos presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que fortalece las facultades fiscalizadoras del concejo, dispone la existencia de unidades de control en cada municipalidad y crea un sistema de Alta Dirección Municipal para la selección de 2.000 funcionarios directivos.
La corrupción crece cuando las personas y la sociedad civil son impotentes frente a un Estado que concentra el poder. Afortunadamente, una vez que estas reformas entren en vigor, los ciudadanos contarán con más herramientas que nunca para corroborar que el Estado funcione eficientemente a su servicio y sea un auténtico catalizador de su energía creativa y nunca un lastre que la sofoque.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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