Alberto Espina O.
Senador
Como mucho se ha dicho en las últimas semanas, "Aysén no es sólo Aysén". Pero no es, como algunos han señalado con ironía, un ensayo de cómo actuará el Gobierno del Presidente Piñera frente a las demandas sociales, las protestas y la mantención del orden público.
Es la decisión responsable y de fondo del Gobierno sobre la base de dos principios: su voluntad permanente de dialogar y de escuchar las demandas ciudadanas, realizando todos los esfuerzos para resolverlas, pero, simultáneamente, haciendo respetar la ley, el orden público y el derecho de nuestros compatriotas a vivir en paz y no tolerar actos de violencia.
Por eso es correcta la decisión de suspender las conversaciones cuando vuelve la violencia y hay caminos tomados y barricadas.
Ningún Gobierno puede dejarse presionar por acciones de violencia. Debe respaldar las actuaciones de Carabineros dentro de la legalidad y, también, debe aplicar las leyes especiales para sancionar a quienes provocan esos hechos de violencia, como, por lo demás, en más de una oportunidad lo hicieron gobiernos anteriores. Así se respeta la democracia y el Estado de Derecho.
¿Es verdad que el Gobierno no ha tenido voluntad de diálogo? No, no es verdad. Han concurrido a Aysén los ministros de Energía, Rodrigo Álvarez; el de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz; el de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios del Interior, de Transportes, de Pesca y de la Secretaría General de la Presidencia.
A ese diálogo, además, el Gobierno no fue con las manos vacías. Concurrió a dialogar con 70 medidas concretas, que se suman al plan Aysén, que contempla US$ 760 millones para el período 2010-2014 y la asignación de 29.400 millones de pesos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que representa un incremento de más del 36% del presupuesto regional en relación al año 2010 y de más del 54% para el período 2006-2010.
Las medidas del Gobierno, por ejemplo, incluyen un subsidio al transporte del combustible (elemento principal que encarece el costo de la bencina) de un 50% para el transporte naviero —desde Puerto Chacabuco— y de un 70% al transporte terrestre al interior de la región. La entrega de un metro cúbico de leña mensual para el 40% de la población más vulnerable, y otro conjunto de medidas orientadas a mejorar la educación, la salud, la infraestructura, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la clase media y a las familias de menos recursos. Muchas de estas medidas fueron demandas legítimas que por años hicieron los habitantes de la zona y que siempre hubo alguna excusa para postergarlas y no aplicarlas. Este Gobierno las está realizando.
¿Qué ha hecho fracasar el diálogo? El resurgimiento de actos de violencia, caminos tomados, barricadas, etcétera. Entonces no es verdad que sea una supuesta intransigencia del Gobierno. Es, entre otras acciones delictivas, la quema de un bus de Carabineros y de un carro lanzagua, y el causar graves daños a un avión de la Policía que se aprestaba a trasladar funcionarios heridos.
El Gobierno resolvió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Hacerlo es su deber. No es contra las personas que hacen esfuerzos por dialogar, sino contra aquellos que precisamente pretenden impedir que ese diálogo fructifique y que siempre buscarán un pretexto para polarizar posiciones y alterar el orden público, la tranquilidad y la paz social.
¿Cómo se reanudará el diálogo? Con la decisión de los verdaderos líderes regionales de asumir que la violencia no tiene justificación alguna y que las medidas que se adoptarán para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía no pueden ir más allá de lo que el país, responsablemente, es capaz de destinar para ello.
En esto hay otro tema de fondo. Nuestro país es un ejemplo reconocido por todas las naciones de cómo progresar, derrotar la pobreza, crear empleos y avanzar hacia un mayor desarrollo. Esto ha sido fruto del esfuerzo de todos los chilenos y, por cierto, de las autoridades del Gobierno. Pero se ha logrado con responsabilidad y seriedad. Por eso, el deber de los políticos es no caer en la demagogia exigiendo la adopción de medidas que no son posibles de cumplir porque involucran recursos que el país no puede destinar. Las naciones que entraron en ese camino hoy sufren profundas crisis económicas y sociales que afectan a gran parte de su población
Saludos
Rodrigo González Fernández
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