Hernán Larraín F.
Senador Presidente de la Comisi
La desconfianza y cuestionamiento a la clase política es una realidad indesmentible. Abarca no sólo a los políticos, sino que a los partidos y a la propia institucionalidad del país donde por definición trabajan, el Congreso Nacional. Hay razones justificadas para ello, pero también imágenes construidas en la percepción ciudadana por el debate político, las actuaciones personales de sus protagonistas y un desarrollo mediático que no siempre hace justicia a la realidad de nuestro quehacer político.
En el fondo de esta cuestión surge la falta de información debida, completa, oportuna y pertinente del trabajo parlamentario, así como de los intereses en conflicto, la independencia de sus decisiones y de las presiones bajo las cuales actúan. Del mismo modo, la opacidad en la forma como operan los partidos políticos, el desconocimiento respecto de cómo adoptan internamente sus decisiones o de sus fuentes de financiamiento, entre otros elementos, contribuyen con fuerza a generar desconfianzas o sospechas en la ciudadanía.
La transparencia, el acceso a la información, la probidad e integridad política aparecen como los más seguros y necesarios antídotos para lograr reconstruir la imagen del mundo político, ya que si estos conceptos se instalan, habrá nuevas conductas y prácticas adecuadas a la ética política, se alcanzará un mejor conocimiento de su realidad, habrá mayor participación ciudadana que hoy se relega a decisiones cada cuatro años y se generarán mecanismos de prevención de comportamientos irregulares o corruptos.
Esto ya empezó en Chile con la reforma constitucional que instaló la probidad y transparencia en la Carta Política el 2005 y, especialmente, con la ley de transparencia y acceso a la información pública publicada el 2008. Sin embargo, el énfasis que esta normativa tiene se dirige al Ejecutivo más que al Poder Legislativo (y a los otros poderes públicos) en razón de su autonomía. Son éstos los que deben asumir directamente la tarea de hacer realidad dichos principios en la esfera propia de sus actuaciones.
El Congreso ha trabajado al respecto, creando las Comisiones de Ética y Transparencia a cargo de esta labor y desarrollando -desde hace años- prácticas que han permitido transparentar su actividad legislativa. Pero aún falta mucho camino por recorrer. Por otra parte, los partidos políticos no han asumido en forma este desafío, lo que los tiene sin autoridad moral en esta materia, lo que agrava la crisis de representatividad existente.
En este escenario, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, con el apoyo del Gobierno, a través de la Segpres, ha decidido abordar directamente esta situación, organizando un Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso y los Partidos Políticos que tendrá lugar en Santiago, en la sede del Congreso los días 12 y 13 de enero próximos. A este evento han comprometido su participación alrededor de 50 expositores del más alto nivel nacional e internacional, y lo auspician los principales organismos del mundo que tienen competencia en este ámbito, precisamente para tratar estos temas con claridad, sentido práctico y referido a las situaciones que afectan a este sector y los caminos de solución que se han implementado para mejorar.
Queremos un debate amplio y abierto con académicos, ONGs, especialistas e interesados donde nada quede sin discutir y analizar, y que se conozcan las experiencias que existen en otras latitudes para enfrentar y zanjar las dudas, inquietudes y críticas que persisten en la materia. De las conclusiones comprometemos un seguimiento que logre el cambio que se espera de los políticos y que quedará registrado en lo que llamaremos "Declaración de Santiago", porque entendemos que la modernización política la debemos hacer nosotros mismos o no habrá cambios reales, y la ciudadanía tendrá más razones para continuar desconfiando.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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