Venezuela: incertidumbre y dudas por control de precios
Con incertidumbre y dudas entre comerciantes y consumidores, Venezuela aplica desde este martes una cuestionada Ley de Costos y Precios Justos que busca hacerle frente a la inflación y es defendida por el gobierno "para la construcción de la economía socialista".
El gobierno de Hugo Chávez congeló hasta el 15 de diciembre los precios de 18 productos en Venezuela.
Como primera medida, el gobierno anunció la congelación de los precios de 18 productos.
Entre ellos se incluyen el agua mineral, jugo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales (ver aparte lista completa).
La normativa busca establecer un sistema que regule los precios de venta al público y establezca los márgenes de ganancia, además de sancionar a los comerciantes que "especulen".
Aquellos que vendan a un precio considerado "elevado" deberán rebajarlo, pero aún no se sabe qué se considera un margen de ganancia "excesivo".
El vicepresidente Elías Jaua aseguró que la medida que afecta a 18 productos se extenderá hasta el 15 de diciembre.
Hasta ese entonces se realizarán auditorías "para ver si los precios se corresponden con la estructura de costos", luego el gobierno informará a las empresas el precio máximo de venta a público que deberán regir a partir del 15 de enero.
"Ojo con la Coca-Cola"
La puesta en marcha de la ley vino acompañada de una cadena de radio y television de la que el presidente Hugo Chávez, quien se recupera de un cáncer, participó a través del teléfono.
Los precios de productos como la Coca-Cola podrían sufrir por el solo hecho de representar los vicios del capitalismo".
El mandatario ha dicho que esta Ley de Costos y Precios Justos constituye un nuevo mecanismo en la "transición al socialismo" que busca acabar con los "vicios del capitalismo".
"Métanle bien el ojo", dijo este martes a los nuevos inspectores de precios y mencionó a multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi-Cola, Nestlé, Jonhson & Johnson, Coca-Cola, Unilever Andina y a la compañía Alimentos Polar, el mayor grupo de alimentación de Venezuela.
El objetivo, aseguran las autoridades, es combatir la especulación y la inflación, que alcanza el 23% y es la más alta de América Latina – y una de las más altas del mundo.
Los empresarios la ven con desconfianza y aseguran que fomentará la escasez de algunos productos.
Incluso algunos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez reconocen que la norma debe ser bien aplicada o podría convertirse en un "boomerang".
Más controles
Desde el 2003 el gobierno aplica un control de precios a productos considerados de primera necesidad, como aceite para cocinar y arroz.
Productos con precios congelados
- Agua mineral
- Jugos de frutas
- Cera para pisos
- Detergentes
- Lavaplatos líquidos, gel o en crema
- Limpiadores y desinfectantes,
- Suavizantes y enguajes para ropa
- Jabón en barra
- Jabón de baño
- Champú
- Enjuagues para el cabello
- Desodorantes en todas sus presentaciones
- Máquinas de afeitar
- Papel higiénico
- Toallas sanitarias
- Crema dental
- Pañales desechables
- Enjuagues bucales
Pero la medida no ha logrado detener la inflación y ha generado que haya desabastecimiento de algunos productos regulados.
Con la nueva normativa, en teoría, se amplía el control a todos los sectores de la economía, con excepción de la banca, algo considerado "inaplicable" por críticos de la ley.
En las primeras etapas, el control de precios comenzará a regir en cinco sectores: alimentos, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, medicinas y servicios de atención médica, materiales de construcción y repuestos de vehículos.
Además, el gobierno tendrá mayores potestades para ejecutarla y sancionar a quienes la violen (ver recuadro).
La ley crea un sistema de administración de precios de venta (Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios) y márgenes de ganancia.
Uno de los objetivos de la normativa es "establecer mecanismos de control previos a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo".
Los empresarios deberán informar, a través de un registro electrónico, la estructura de costos de sus productos y los precios que cubran esos costos.
Estos critican que no se tengan en cuenta los "costos indirectos" de producir un bien.
Entre las "dudas" y los "beneficios"
Sanciones
- Habrá sanciones para quienes aumenten los precios sin previa autorización de la Superintendencia, en los casos que así se requiera.
- Las penas pueden incluir multas, la inhabilitación o el cierre temporal.
- Si un comercio o individuo comete esta infracción en dos oportunidades, quedará inhabilitado por diez años.
El presidente del principal gremio empresarial, Fedecámaras, Jorge Botti, asegura que la ley "va a generar más dudas y más incertidumbre de las que ya teníamos".
Críticos de la normativa sostienen que con este tipo de acciones se infunde temor en inversionistas y se puede ocasionar desabastecimiento de productos, porque consideran que los fabricantes se ven desestimulados a aumentar la producción.
"Esta ley es más de lo mismo. Tenemos una economía con ocho años de controles de precios y lo que hemos visto es desabastecimiento, inflación y una desaceleración del aparato productivo", dice a BBC Mundo el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parrilli.
"Si se congela el precio del producto, obviamente el empresario va a ir a pérdida y el producto va a desaparecer. El perjudicado es el consumidor", agrega.
Consumidores y comerciantes consultados por BBC Mundo destacan algunos elementos positivos de la nueva normativa, aunque también encuentran aspectos nocivos.
"Es algo negativo para el país, todo lo que son controles, lo que son restricciones representan un atraso, porque además es muy difícil mantener un control de precios", opina Marisol Fernández, mientras compra en un supermercado en Los Palos Grandes, una urbanización de Caracas.
Por su parte, Guillermo Alcalá, comerciante de un mercado de la popular zona de Petare, considera que se trata de algo "positivo para las clases bajas, para el pueblo, porque consigue más barato, pero no para las clases ricas porque escasean las cosas".
La responsable de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, Karlin Granadillo, ve con optimismo la aplicación de la ley.
"La estabilidad económica y de precios nos va a beneficiar a todos. Tanto a las personas que reciben los productos y servicios, como para el sector empresarial", aseguró en la prensa local.
Los empresarios, dijo, "cubrirán sus costos y el margen de ganancias (será suficiente) para sostener sus empresas".
Efecto "boomerang"
Sin embargo, el director del Banco Central, Armando León, consideró que la normativa debe ser "evaluada y aplicada muy bien".
De lo contrario, dijo León, "puede convertirse en un boomerang".
El funcionario agregó que "sólo unos sectores muy claves los que van a ser monitoreados de manera permanente".
"Para que tengan una idea hay alrededor de 500 mil productos y el Banco Central monitorea, o recoge mensualmente junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) unos 300 mil costos de la economía. Eso es un trabajo muy arduo", aseguró en declaraciones reseñadas por el diario El Universal.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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