Las multinacionales y los derechos humanos
¿Deben las multinacionales (EMN) preocuparse del respeto a los derechos humanos en los países en los que operan o en los que adquieren materias primas?...
Raúl E. Sáez DF¿Deben las multinacionales (EMN) preocuparse del respeto a los derechos humanos en los países en los que operan o en los que adquieren materias primas? Los 34 miembros OCDE y los ocho no miembros adherentes a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales opinan que sí.
Es por ello que en la Reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial, en mayo, se aprobó una actualización de las directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y una nueva recomendación con sugerencias en torno a las cadenas de suministro de minerales provenientes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo.
Las directrices constituyen un código de conducta o de buenas prácticas tendientes a promover la conducta empresarial responsable. Se trata de recomendaciones de los gobiernos a las EMN, sean éstas privadas, públicas o mixtas. Si bien son no vinculantes para las empresas, los países adherentes se comprometen a fomentar su implementación.
Su cobertura en términos de responsabilidad de las empresas es amplia. Abarca los ámbitos de transparencia y divulgación de información; empleo y relaciones laborales; medio ambiente; combate al cohecho; los intereses de los consumidores; transferencia de ciencia y tecnología; prácticas contrarias a la competencia; cumplimiento con las obligaciones tributarias; y ahora derechos humanos y gestión responsable de las cadenas de suministro.
La revisión amplía las disposiciones ya existentes al establecer que, en todas las materias cubiertas, las empresas deben incorporar a sus sistemas de gestión de riesgo los procesos debidos para prevenir y tomar en cuenta el posible impacto negativo de sus actividades y las de aquellos con quienes tienen una relación de negocios en un sentido amplio. También se refuerzan los mecanismos de reclamos y resolución de controversias relativas a su implementación.
Las directrices revisadas establecen que las EMN deben, en el marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, respetar estos derechos, evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre éstos en el curso de sus actividades, así como prevenir o mitigar los impactos negativos que puedan tener aquellas entidades con las que tienen relaciones de negocios. Además, deben adoptar mecanismos que evalúen impactos efectivos y potenciales de sus actividades sobre los derechos humanos, y cooperar en la reparación en caso de impacto negativo sobre dichos derechos. Si el Estado donde operan no cumple con su legislación nacional o sus obligaciones internacionales en este ámbito, ello no reduce la contribución que se espera de las empresas a dicho respeto.
La nueva recomendación surge de la preocupación que las multinacionales adquieran recursos minerales o comercien minerales originarios de zonas afectadas por conflictos armados, y contribuyan a la intensificación de éstos, incluyendo el terrorismo y la violación de los derechos humanos.
Este instrumento de la OCDE recomienda la adopción de un marco de procedimientos en el ámbito de la gestión de riesgo de la empresa de manera de asegurar una cadena de suministro responsable. Las empresas deben utilizarlo en la elección de proveedores y toma de decisiones de suministro. Dicho marco se compone de elementos tales como tener sólidos sistemas de gestión de la cadena de suministro y de evaluación de los riesgos, implementar respuestas a los riesgos identificados, hacer auditorías independientes en la cadena e informar públicamente de las acciones adoptadas para asegurar que la empresa es diligente. Un anexo de la recomendación define los abusos que deben evitarse a través de una política de cadena de suministro global responsable y las acciones que deben adoptarse en consecuencia.
La versión actualizada de las directrices y la nueva recomendación refuerzan la visión que, independientemente de las acciones de los gobiernos, las empresas no deben contribuir por omisión a la violación de los derechos fundamentales y universalmente reconocidos de las personas. Cabe destacar que varios países donde operan subsidiarias de empresas chilenas, son suscriptores de estas directrices y nueva recomendación de la OCDE.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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