El espinoso desafío de juzgar al rais
Por Joseph Schuman | Agencia Reuters
WASHINGTON.- Mientras los rebeldes afianzan su control del país y buscan al hombre que gobernó Libia durante 42 años, el futuro judicial de Muammar Khadafy es tan confuso como el vacío de poder que dejó su caída.
Los funcionarios de Estados Unidos y otros países creen que Khadafy sigue en Libia y que podría estar escondido en el desierto o en las franjas costeras que todavía se encuentran bajo control de sus fuerzas. Pero sin importar dónde lo encuentren, no son pocas las jurisdicciones que reclaman su comparecencia.
Después del ingreso de las fuerzas insurgentes a la ciudad de Trípoli y el descubrimiento de que Khadafy había huido, varios dirigentes importantes del Consejo Nacional de Transición (CNT), que agrupa a los rebeldes, insistieron en que el próximo gobierno puede y debe juzgarlo por crímenes contra el pueblo libio.
Khadafy y uno de sus hijos, así como el ex jefe de inteligencia, también enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una institución creada hace una década por el Estatuto de Roma, como sucesora de los tribunales de crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia. Y muchos miembros del Congreso norteamericano tienen intenciones de llevar a Khadafy a Estados Unidos para juzgarlo por el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am en 1988, en el que murieron 270 personas, y el asalto a una discoteca en Berlín, en 1986, cuando murieron dos militares norteamericanos.
Ahora, británicos, franceses y alemanes podrían desempolvar las viejas acusaciones contra Libia por terrorismo, mientras que la vecina Chad y otros enemigos del pasado también podrían estar afilando los dientes. No existe una autoridad legal única que maneje lo que sucede con un dictador depuesto con prontuario de represor en su país y de terrorista en el extranjero.
Si Khadafy es capturado con vida, será más bien la política y no el derecho internacional lo que decida dónde enfrentará la justicia, tal como sucedió con el caso que ya está en curso en su contra en La Haya, consecuencia de la política global del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por el momento, esa misma instancia política parece inclinarse por las preferencias judiciales del gobierno de transición libio.
Después de la caída de Trípoli, la semana pasada, funcionarios del gobierno de Obama enfatizaron que deberán ser los propios libios los que decidan el futuro de Khadafy, en tanto y en cuanto la solución se encuadre dentro de "los más altos estándares de justicia internacional".
Pero esta semana, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y otros diplomáticos norteamericanos sugirieron que el futuro de Khadafy es mucho menos importante que el futuro del arsenal químico de Libia, minimizar la posibilidad de un brote de extremismo islámico en el país, o que guiar a la nueva Libia hacia la democracia.
En el informe preparatorio del encuentro de esta semana entre Clinton, y los líderes de Consejo Nacional de Transición, dos altos funcionarios dijeron que "el caso Khadafy" no sería discutido en detalle.
El problema de dejar el enjuiciamiento de Khadafy en manos de los libios es que, en este momento, en Libia no hay sistema judicial. Bajo el gobierno de Khadafy, el sistema de justicia del país era la ley islámica, pero todo aquello que era percibido como una ofensa política o un crimen contra el Estado era juzgado por "cortes revolucionarias" ad hoc y tribunales militares.
Las declaraciones a veces contradictorias sobre Khadafy y otros temas que salen del CNT siembran dudas sobre la capacidad de los rebeldes de gobernar o generar un marco legal de funcionamiento.
"Nadie tiene idea de lo que harán", dijo David Kaye, jefe del Programa de Legislación Internacional en Derechos Humanos de la Universidad de California, Los Angeles, y ex asesor legal de la embajada norteamericana en La Haya, que participó de los juicios contra los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.
Lo que complica aún más un eventual enjuiciamiento en Libia es que varios de los líderes del CNT fueron funcionarios de alto rango del régimen de Khadafy, quienes quizá también tengan sangre en las manos y no quieran que se ventile ese pasado durante un juicio, dijo Kaye.
Es posible que un aspirante a sucederlo en el gobierno de Libia quiera ganarse el favor internacional enviándolo a La Haya, o que si es capturado en otro país, el gobierno del lugar haga lo mismo. De ser enjuiciado en La Haya, Khadafy tendría un marco legal mucho más definido: la CPI podría asignarle un abogado defensor en caso de que no pueda pagarse sus propios abogados y tendría derecho a cuestionar la admisión de cualquier prueba o testimonio.
El mayor desafío, de todos modos, será lograr que Khadafy llegue hasta esa instancia. Si se escapa de Libia, es probable que varios países africanos estén dispuestos a darle refugio. Y, en ese caso, será difícil lograr consenso suficiente para que el Consejo de Seguridad obligue a otro gobierno a entregarlo. Ni Rusia ni China son fanáticas de la CPI, y probablemente vetarían cualquier intento de extraditar a Khadafy por la fuerza.
Traducción de Jaime Arrambide .
Saludos
Rodrigo González Fernández
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