Álvaro Ortúzar Santa María
Todos queremos entender esta asombrosa situación de las represas en la Patagonia. ¿Cómo se explica la desorientación general que ha provocado la existencia de grupos organizados que exigen no sólo ser oídos, sino que sus demandas sean acogidas y que se cambien las leyes vigentes o las decisiones adoptadas por autoridades? Las opiniones de distinguidas personalidades tienden a resaltar ciertos hechos novedosos, como la súbita reunión de grandes multitudes de diverso origen y pensamiento transversal, o el hecho que los manifestantes -en su mayoría desconocedores del proyecto que combaten- esgriman valores y principios sin fronteras y capturen para sí los "argumentos nobles", en este caso, ser protectores del medio ambiente, que es un deber del Estado. Pero destacar las características del hecho no es suficiente.
Es posible que se diga que hace ya muchos años movimientos sociales parecidos empezaron a provocar profundos efectos en EE.UU. y Europa, como fueron, por ejemplo, la igualdad de derechos entre blancos y negros o el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pero la presión ciudadana, incuestionable en los casos citados, no se limita a estos ejemplos. Se trata de un tema actual en el mundo, que cruza las más diversas esferas de intereses y problemas, desde las consultas ciudadanas en California hasta los derechos de los inmigrantes en Europa o la caída de gobiernos en Asia.
Pero, ¿estamos realmente en Chile ante este tipo de fenómeno, que puede ser llamado la "Justicia desde Abajo"? Esta expresión se acuñó en la época de la abolición del racismo en Estados Unidos y sirve para explicar que hay ocasiones en que las exigencias de un cambio nacen y producen sus frutos desde la base social y no en las instituciones que los países se han dado para gobernar. La fuerza de estos grupos puede alcanzar proporciones fuera de todo control, provocando un desconcierto tal que las instituciones, lejos de funcionar, actúan en forma descontrolada y contradictoria, contribuyendo a la confusión.
Cabe advertir que, en parte, ello se debe a la simpatía y apoyo creciente que un movimiento social puede generar en los ciudadanos. Frente a ello, la autoridad se ve obligada a admitir que el ordenamiento jurídico los ampara, pues se trata de cuerpos intermedios que tienen derechos constitucionales, entre ellos el de petición, asociación, reunión y libertad de expresión.
No obstante, el deber de la autoridad es no sólo prestar atención y entender a los grupos de presión, sino también saber cuándo darle cauce a la demanda social o rechazarla con claridad. Así, por ejemplo, siendo admisible que se cuestione el ejercicio de una determinada actividad económica, no es aceptable, sin embargo, que ella quede desamparada cuando respeta las normas legales que la regulan. Así lo manda la Constitución Política, y entendido de cualquier otro modo es el caos.
Las señales recientes son preocupantes al respecto, primero con Barrancones y ahora con HidroAysén. Da la impresión, en ambos casos, que no obstante tratarse de proyectos con larga tramitación e intervención de diversas instancias previstas en la ley, una vez desencadenado el rechazo de los opositores el país dejó de saber cuáles son las políticas públicas de interés nacional en materia energética que el Estado protegerá. Debe admitirse que un efecto indeseable de lo anterior es que se termine por pensar que la autoridad, ante grupos que se declaran contrarios a una actividad y protectores del medio ambiente, también de interés general, no discierna con prontitud cómo conciliarlos y qué debe defender. Merced a esto es la actual desorientación e incertidumbre.
Esta especie de "justicia desde abajo" que hoy observamos merece urgente atención, pues ha llegado para quedarse. En otros países no sólo las autoridades, sino también las universidades y centros de estudio, dedican mucho tiempo al examen de sus fenómenos sociales, para entenderlos y colaborar en su identificación y solución. Nada hay más peligroso que el debilitamiento del Estado de Derecho, especialmente si ello ocurre porque se confunden las causas que justifican una revisión de las normas legales con aquellos actos que afectan la institucionalidad vigente en su base.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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