RESPONSABILIDAD SOCIAL
Por qué una Ley de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura, España
Probablemente sorprenda que en el año 2005 ya se tramitara en Extremadura un anteproyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial de la comunidad que, por aquello de los tiempos parlamentarios, no vio finalmente la luz. Tal vez se desconoce que nuestra comunidad ha formado parte, desde su creación, del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial y de la comisión permanente de este consejo, en representación de todas las comunidades autónomas, nada meritorio por otra parte porque fue una cuestión de azar.
Pero no ha sido el azar, sino la decidida y constante voluntad política de la Junta de Extremadura la que trasladó esta iniciativa al seno del diálogo social. Una vez allí, y tras amplios debates y reflexiones, se llegó a un "acuerdo" denominado Pacto Social y Político. Un gran pacto de reformas por Extremadura que pretende transformar las estructuras de nuestra sociedad y para el que se convocó al resto de la sociedad civil. Finalmente, de este pacto se dio traslado a las fuerzas políticas de la Asamblea de Extremadura, dando como fruto la aprobación de diversas leyes, y, en lo que ahora nos interesa, se aprobó, sin sorpresas y por unanimidad, esta Ley extremeña de Responsabilidad Social Empresarial.
Y por qué una Ley de Responsabilidad Social Empresarial. Pues porque la fuerza de los acontecimientos recientes nos enseña que existen distintas y aún mejores maneras empresariales de hacer las cosas, y porque necesitamos apoyar a aquellas empresas que apuestan por esa excelencia laboral, social y medioambiental. Bajo esa triple consideración, esta ley incentiva y apoya a las empresas que destacan, entre otras cualidades, en ética, valores y compromiso, en conocimiento, competencia, crecimiento sostenible, cohesión social, buen gobierno corporativo, en innovación, en igualdad, integración, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, participación e implicación de los trabajadores y sus representantes, potenciación del desarrollo individual y profesional del trabajador, estabilidad y salud laboral, talento innovador, en preservación del medio ambiente, en comunicación e información de estos valores, en diálogo permanente, compromiso con el entorno social, mecenazgo, transparencia informativa y contable con balances económicos, sociales y medioambientales. Todo ello con la impronta de la voluntariedad del proceder empresarial y más allá de las exigencias legales, respondiendo así a la heterodoxia de los postulados de la responsabilidad social empresarial.
En ese contexto, es una ley que parte de la base de que ética y negocio son o deben ser compatibles, que tiene como horizonte aportar su esfuerzo en el cambio del modelo productivo y, en fin, es una ley que trata de las empresas que queremos tener y, a la postre, de alguna manera, de la sociedad que queremos ser. Y para que este paso adelante no sea solo de las empresas, las Administraciones públicas extremeñas, dado que son entidades empleadoras, contratantes, consumidoras e inversoras y prestadoras de servicios, con mayor razón por su carácter público, asumimos compromisos y obligaciones concretas sobre consumo, inversión responsable, como empleador justo e integrador y como contratante que prioriza, a su vez, a estas empresas socialmente responsables. Nosotros también damos un paso adelante porque creemos que no hay mejor manera de persuasión y de convicción que el ejemplo.
Y por qué ahora esta ley pionera en España. Porque, precisamente cuando estamos inmersos en una grave crisis financiera y económica, hemos reflexionado sobre nuestro pasado más reciente y sobre nuestro futuro más a largo plazo, y desde esa reflexión, necesariamente, la salida ha de gravitar sobre otros valores, otros principios y otros métodos. No podemos permanecer impasibles ante la situación actual y las respuestas no pueden dejarse al azar o al mercado, que, a buen seguro, ocupará ese espacio a su manera.
Mientras hemos de dar respuestas inmediatas a problemas urgentes, debemos proveernos de las herramientas que permitan predecir, prevenir y responder ante la sociedad. La transparencia adquiere así una nueva dimensión y la ética, en el frontispicio de la actuación empresarial, se erige en el eje de un comportamiento que necesariamente debe prestar atención a clientes, proveedores, socios o accionistas, trabajadores y a la sociedad en general. Porque, no se olvide, la empresa es un ente social.
Por ello esta ley interactúa en el mercado, cómo no, y da cabida y acogida a las entidades que verifican y certifican esos comportamientos socialmente responsables. Pero para que estas empresas puedan beneficiarse de los incentivos de la comunidad autónoma extremeña, deben ser calificadas como tales por nuestra Administración. No se tilde entonces de intervencionismo, sino de rigor y seriedad.
Hay, se pensará, algo de utopía en todo esto. Seguramente, pero no podemos utilizarla como pretexto para no iniciar una andadura en el seno de lo correcto; de otra forma, las ideas, las buenas ideas, quedarían siempre en el terreno de los sueños. La oportunidad escenificada en forma de gran pacto y con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales nos lo demanda y aun nos la exigen.
Por qué no, entonces, una Ley de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. Ya sabemos que es solo un instrumento, pero es un instrumento cargado de futuro. Tal vez no sea una ley para mañana ni para pasado mañana, sino para el mañana. Y en la esperanza, que puede ser defraudada cuantas veces se quiera, de un mañana mejor y una sociedad más justa y más solidaria nos emplazamos. Por qué no.
*Guillermo Fernández Vara es presidente de la Junta de Extremadura.
Fuente: Elpaís.com
Articulista: *Guillermo Fernández Vara
Publicada: 13 de febrero de 2011.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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