En el marco de los reportes y recomendaciones que entrega la Agencia Internacional de Energía, organismo dependiente de la OCDE, en 2009 publicó un informe específico sobre Chile, en el que se evalúa la situación del país, especialmente en lo referido a los desafíos en materia energética, entregando recomendaciones. a más de un año de entonces, es poco lo que el paía ha avanzado.
De acuerdo al organismo, la geografía chilena incluye un gran espectro de fuentes de energía renovables potenciales, que van desde tecnologías ya asentadas, como la energía hidroeléctrica a pequeña o a gran escala, la biomasa, las tecnologías emergentes, tales como la solar , la eólicay la energía del océano y del oleaje.
Sin perjuicio de esta potencialidad, el organismo señala que Chile sigue utilizando un 80% de fuentes fósiles de energía, como el petróleo, gas y carbón, que en un 75% provienen de la importación y no de la producción propia.
También, como característica negativa, la agencia se refiere al alto consumo de madera para la energía residencial (57%), lo que representa graves riesgos para la salud, sumándose a las perspectivas de regulación de la explotación del bosque nativo, lo que impactará fuertemente al sector de venta de leña, eminentemente informal.
Así, la agencia se enfoca en algunos aspectos que deben superarse:
La OCDE, tomando en consideración la crisis de 2007 y 2008, la agencia recomienda que, aún cuando la iniciativa debiera seguir siendo privada, el Estado necesita adoptar un papel más proactivo, en lo relativo al monitoreo del desarrollo energético y evaluaciones sistemáticas de riesgos. La recomendación, en este sentido, se refiere al fortalecimiento del rol del Gobierno en la elaboración de análisis prospectivos de escenarios futuros, de modo de mejorar las estadísticas y los modelos energéticos.
Aquí la agencia recomienda que el Gobierno concluya la modelación de su nueva política de largo plazo lo antes posible. En este sentido, el Ministerio de Energía debería mantener y expandir el foco en las materias que ha venido desarrollando la Comisión Nacional de Energía, en colaboración con otros organismos públicos o privados relevantes.
La política energética de largo plazo debiese considerar, asimismo, objetivos claros, con indicadores que faciliten el monitoreo de la implementación de las políticas y su evaluación posterior, ayudando al diseño y ejecución de la misma y permitiendo una adecuada rendición de cuentas.
Finalmente, el organismo señala que dada la importancia estratégica de los proyectos energéticos actualmente en evaluación en el país, incluyendo grandes centrales a carbón, hidroeléctricas y alternativas nucleares, el Gobierno debiese elevar estos temas a un real debate público, con el fin de buscar los apoyos políticos transversales necesarios para la toma de esas decisiones.
La creación del Ministerio de Energía es apoyada por la agencia como un paso adelante, que debiese fortalecer la efectividad de la autoridad en estas materias y el establecimiento de mecanismos de coordinación adecuados con otros ministerios u organismos públicos.
Asimismo, se recomienda la contratación de personal técnico calificado, para asegurar una operatividad eficaz y eficiente y una toma de decisiones con el grado de independencia necesaria.
Mayor independencia de los operadores del sistema
Los operadores de los sistemas de electricidad, de acuerdo a las recomendaciones de la agencia, deberían convertirse en entidades totalmente independientes, siguiendo el modelo de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. En estos países, los directorios de los operadores del sistema no tienen intereses económicos o vínculos con las empresas del mercado eléctrico que ellos administran. Esto, señala la agencia, aseguraría que las decisiones de los dos grandes operadores en Chile (Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central) fueran imparciales y representativas de los intereses de todos los usuarios, incluyendo a los consumidores.
Además de recomendar que las reglas estén más claras, el organismo sugiere la implementación de incentivos que permitan que las decisiones de inversión a largo plazo sean sustentables con respecto a los costos sociales y ambientales asociados.
Según la agencia, la inversión en nuevas centrales eléctricas de carbón (termoeléctricas) se está expandiendo a un ritmo mucho más rápido que aquellas de fuentes de energía renovables. Sin perjuicio de que las externalidades ambientales se han ido incorporando en la regulación ambiental, la agencia destaca que aún no se hayan fijado estándares absolutos de emisiones para las termoeléctricas.
Más allá del Plan Nacional de Acción sobre Cambio Climático de 2009, la agencia sugiere que el Gobierno debiese considerar la formulación de una estrategia de mitigación de gases invernadero, con indicadores objetivos, ya sea nacionales o locales, que preparen al país para un eventual acuerdo climático internacional post Kyoto. Esto evitaría el riesgo de "quedarse atrapado" en futuras emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Esto también es aplicable a otros sectores, como el transporte.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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