La Fundación Renovables denuncia que, una vez más, el Gobierno español ha incumplido los plazos para la transposición de las directivas europeas a nuestro ordenamiento. En esta ocasión se trata de la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE que tenía como plazo límite el 5 de diciembre para ser transpuesta a las normativas nacionales, una directiva que la Fundación Renovables considera fundamental para mantener el desarrollo de las tecnologías limpias y autóctonas de generación de energía.
Desde la Fundación Renovables se afirma que el reiterado incumplimiento de plazos en la transposición al ordenamiento jurídico nacional de las directivas europeas (ya sucedió así con la anterior directiva de renovables y con la anterior de eficiencia energética de edificios) constituye una absoluta pérdida de oportunidades para la economía española en riqueza, innovación tecnológica, dinamismo empresarial, empleo y competitividad, porque eso es lo que aportan las renovables y la eficiencia energética, aunque hoy no se reconozca así. "Que estemos pagando la pérdida de oportunidades por no cumplir las anteriores directivas debería de ser una alerta para no persistir en el error", ha manifestado Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables.
El 24 de noviembre pasado la Comisión Europea instó a los gobierno de España y de Italia a cumplir la normativa europea de eficiencia energética de edificios. "Es solo una muestra —añade García Breva-, ahora se añade un incumplimiento más. Lo que más sorprende es que no sorprenda a nadie. Más preocupados por el coste de la energía, la política económica y energética se ha olvidado del valor de la energía. Y ese olvido va a suponer un coste mayor para el futuro y las futuras generaciones, cuando la independencia energética nacional, que solo pueden garantizar las renovables, aparezca como una prioridad, cuando hoy ya lo es".
La Fundación Renovables recuerda que la Directiva 2009/28/CE tiene como objetivo, entre otros, eliminar las barreras que hoy impiden el crecimiento de las renovables en Europa, y que son tres:
1) La inestabilidad regulatoria,
2) La complejidad de la tramitación administrativa
3) Las dificultades y falta de transparencia en la conexión a red.
En las tres, la normativa que se ha aprobado en España desde 2006 ha contribuido a incrementar dichas barreras y no a eliminarlas, en contradicción con el articulado de la Directiva.
Objetivos rebajados
La Directiva estable el objetivo obligatorio del 20% de consumo final de renovables en 2020 para España. Mientras el PANER (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables) enviado a Bruselas en julio pasado daba el objetivo del 22,7%, los últimos documentos del Gobierno y las conclusiones de la Subcomisión del Congreso han rebajado ese objetivo al 20,8. Pero esta contradicción no viene sola, si hace dos décadas los ratios energéticos de España en dependencia energética, intensidad energética y emisiones de CO2 no eran buenos, desde entonces la política energética no ha hecho sino empeorarlos y, así, España sigue siendo el país de la UE con más dependencia, intensidad energética y emisiones. Desde 2005 las renovables han sido la tecnología más eficaz para reducir las emisiones de CO2; la reducción de un 45% de las emisiones del sector energético se ha debido a las renovables y debería cundir el ejemplo ante uno de los problemas más graves que va a tener la economía española a partir de 2012: el coste de las emisiones de CO2. Los escasos avances se han producido, precisamente por la mayor generación y consumo de renovables. "Pero esta evidencia parece que no ha convencido a los responsables de redactar en el BOE. Por eso no mejoramos y España pierde rápidamente puestos en el ranking de los países con más atractivo para las inversiones renovables y nuestras magníficas empresas cierran aquí para abrir en el exterior" añade el presidente de la Fundación Renovables.
El valor de la directiva es muy simple: su cumplimiento obliga a hacer en los diez próximos años dos veces todo lo realizado en los últimos treinta años. Y si a eso se añade la oportunidad de la integración de las renovables en la edificación y el transporte con las posibilidades que se incorporan en el texto de la Directiva, nos encontramos ante el más importante yacimiento de empleo, de ahorro y de innovación tecnológica de la economía española. El millón de empleos anunciado por el Presidente del Gobierno en Seúl es posible, pero sólo a condición de que se transponga la antes posible esta Directiva y con los objetivos más ambiciosos que los manifestados por el Ministerio de Industria y de Economía.
Desde la Fundación Renovables queremos insistir en que no hay tiempo para esperar una Ley de Renovables como desarrollo de la Ley de Economía Sostenible (LES), sino que la Ley de Renovables ha de ser la transposición de la Directiva cuanto antes. La táctica de incumplir los plazos y de posponerlos a la LES es una irresponsabilidad y solo sirve para derivar los problemas a una próxima legislatura, o lo que es lo mismo, perder el tiempo.
Las renovables son uno de los instrumentos tecnológicos que mejor pueden contribuir a cambiar el patrón de nuestra economía, por eso desde la Fundación Renovables no podemos entender la política del Gobierno de frenarlas y destruir una industria nacional a la que no se deja mejor alternativa que la deslocalización.
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