Con el asilo político otorgado a Galvarino Apablaza, Argentina ha transgredido su invariable política de Estado en materia de extradición, ha contravenido el derecho internacional, ha desconocido fallos de la justicia y ha agraviado significativamente sus relaciones con Chile.
La Corte Suprema trasandina había rechazado que se tratara de delitos políticos y reconocido el derecho y la concurrencia de todos los requisitos para juzgar en Chile y extraditar al prófugo Apablaza por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Con la mayor claridad y fundamento, dicha Corte sostuvo que ante delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo como los que se pretende juzgar, la característica de delito político "de ninguna manera se exhibe en la especie", y ni siquiera el propio Apablaza "formuló la más remota alusión a que hubiera obrado bajo la influencia de una motivación política".
Ya se sabía de las presiones políticas internas de sectores afines a la Presidenta Fernández para que se otorgara el asilo y se rechazara la solicitud de extradición activa, acogida y solicitada por la Corte Suprema chilena, tramitada por nuestra Cancillería y requerida por el Gobierno de Chile. El apoyo transversal a este requerimiento, por acuerdo unánime del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile -con excepción de los diputados comunistas-, desmiente su condición de asunto político, refuerza sus repercusiones para los lazos entre ambos países y consigna que esos crímenes se cometieron en democracia. La extradición también había sido respaldada por dirigentes políticos y organizaciones sociales argentinas y latinoamericanas, por su importancia para la justicia, el Estado de Derecho y la democracia.
Subraya la inconsecuencia argentina el que hace sólo poco más de una semana la Presidenta Fernández haya reiterado la reclamación de su gobierno ante la Asamblea General de la ONU por la negativa de Irán a cooperar con la extradición a raíz del abominable atentado terrorista contra la AMIA, en 1994. Antes, su predecesor y cónyuge, el ex Presidente Kirchner, había declarado en ese mismo foro: "Yo pido aquí a la República Islámica del Irán que, en cumplimiento de normas del derecho internacional, acceda a que la justicia argentina pueda juzgar, en juicios públicos, transparentes y con las garantías que da un sistema democrático, a aquellos ciudadanos que han sido acusados". Y agregó: "En cumplimiento del derecho internacional, y esencialmente porque actitudes para poder acceder a la justicia son las que verdaderamente testimonian nuestro respeto por la verdad, por la justicia y por las libertades, es que insto, una vez más, a acatar este pedido de la justicia argentina, que fuera, además, aceptado por Interpol y que sin lugar a dudas contribuirá a dar verdad para todos, no solamente para los argentinos, sino para toda la comunidad internacional".
La circunstancia de que el asilo lo concediera una instancia administrativa no exime de responsabilidad a sus autoridades políticas en el quebrantamiento de decisiones jurisdiccionales ni atenúa su adverso impacto en los lazos bilaterales. Desde luego, los integrantes de esa instancia son dependientes de la autoridad política, y en las relaciones exteriores los estados deben responder por las decisiones de cualquiera de sus órganos.
Nuevamente un gobierno argentino, por razones partidistas, ha desconocido la aplicación del derecho y la justicia, dañando las relaciones con Chile, y con ello los avances logrados en la confianza entre ambos países.
Apropiadamente, el Presidente Piñera ha expresado un sentimiento general, al afirmar que el gobierno argentino ha ocasionado "un retroceso para la causa de la justicia en Chile". En el fondo, ha optado por un interés ideológico interno antes que por el interés permanente de las relaciones con Chile, que no pueden prescindir de la justicia.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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